CHETUMAL, MX.- A pesar de las acusaciones de que incrementar la infraestructura burocrática sólo tiene como fin hacerle un favor al gobernador electo Roberto Borge para cumplir con el pago de favores políticos, el Congreso del Estado modificó la estructura de la Administración Pública del Estado para dividir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en dos secretarías especializadas, y para crear la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, en lo que fue el primer día del quinto período extraordinario de sesiones.
Además, con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública se especifican las funciones que tendrá la Secretaría de Desarrollo Regional.
A principios de marzo, el diputado panista William Souza Calderón. acusó que la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado impulsaba esta iniciativa como un mecanismo para que el gobernador electo Roberto Borge Angulo cumpla sus compromisos de campaña con sus incondicionales.
Buscan crear las nueva Secretarías con el argumento de optimizar el servicio público, pero en lo personal lo veo como un pago de favores para que el gobernador electo Roberto Borge acomode a sus incondicionales y cumpla sus compromisos”, dijo.
El legislador panista consideró que la idea de crear nuevas secretarías es una contradicción en el gobierno de Félix González Canto, que se ha declarado en crisis y está endeudado con más de 8 mil millones de pesos.
La iniciativa propuesta por el diputado Luis González Flores, líder del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, plantea la necesidad de crear secretarías con objetivos y específicos y definidos en las materias de desarrollo social, urbano y ambiental, “a fin de garantizar el establecimiento efectivo de políticas públicas que aseguren el desarrollo social sin que se vulnere el sistema ecológico de la entidad”.
De esa forma nace la Secretaría de Desarrollo Social que será la encargada de conducir la política estatal de desarrollo social y las acciones correspondientes para el combate efectivo a la pobreza, procurando el desarrollo integral de la población y la concertación con otras dependencias estatales para establecer programas especiales dirigidos a sectores sociales más vulnerables.
Se plantea que la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional rediseñe sus atribuciones centrándolas en la conducción de las políticas de planeación del desarrollo del gasto y optimizar los efectos de las acciones del sector público.
Se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano, como una dependencia encargada del seguimiento de políticas y programas en materia de ordenamiento territorial al tiempo que impulsará disposiciones en materia de propiedad raíz y el establecimiento de programas relacionados con las reservas territoriales en el Estado.
Con las reformas se crea la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente la cual se hará cargo de formular y ejecutar acciones de protección y conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de los recursos genéticos de la flora y fauna silvestre que se encuentren en las zonas en las cuales el Estado ejerce su jurisdicción.
Se hará cargo también de la conservación de la diversidad biológica y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a fin de hacer compatible la generación de beneficios económicos con la conservación de los ecosistemas, así como la preservación y control de la contaminación ambiental del aire, agua y suelo de la entidad.
En otro orden de ideas, los legisladores aprobaron reformas al artículo 95 de la Constitución Política del Estado, al 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y al 13 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, para exceptuar a la Secretaría de Seguridad Pública del requisito establecido en ley de “ser ciudadano quintanarroense y nativo de la entidad o con residencia no menor de cinco años” para quienes ocupen un cargo de Secretario de Despacho en la Administración Pública del Estado.
Se trata de una medida necesaria para hacer frente al crimen y a la delincuencia organizada, pues de esa forma se podrá ampliar la posibilidad de incluir en esa dependencia a personas que reúnan la suficiente experiencia en la materia aun y cuando no tengan el requisito de ser nativos de la entidad o con los cinco años de residencia mínima que la ley señala.
“Es indudable observar que nuestro país enfrenta a retos que se van complicando día a día, como lo son combatir el crimen organizado y estar en constante lucha en contra de los delincuentes, en este tenor, nuestro Estado no se sustrae a dicha realidad; quienes delinquen no se limitan a un determinado territorio, pues éstos tienen el nocivo deseo de extenderse por toda la república, mermando la paz y tranquilidad de los habitantes de los Estados que la conformamos”, señala la iniciativa aprobada en forma unánime por los legisladores.
En otro orden de ideas, los legisladores designaron al Contador Público Antonio Bernardo Baduy Moscoso, de entre una terna propuesta por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; como Auditor Superior Suplente del órgano de Fiscalización Superior del Estado. (Con información del Congreso de Quintana Roo)
