CANCÚN, MX.- Que una llamada de la Embajada de Italia, no sea el pretexto para que el ayuntamiento de Benito Juárez, viole el Programa de Programa de Ordenamiento Ecológico Local (Poel) y el Programa Director de Desarrollo Urbano de Cancún (PDDU), exigió la organización civil “Ciudadanet”, que indicó que es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el que debe, en todo caso, devolver el dinero a la empresa Bi & Di, para subsanar el fraude que cometió al venderle terrenos en la zona hotelera, con un uso de suelo falso.
CANCÚN, MX.- Ningún proyecto para construir cuartos en la zona hotelera de Cancún puede seguirse aprobando sin antes modificar los umbrales establecidos por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (Poel) y el Programa Director de Desarrollo Urbano (PDDU) de Benito Juárez, debido a que los topes que marcan el límite de habitaciones edificables, fueron rebasados, pero son vigentes desde 2005.
Esto implicaría que ninguno de los cambios de uso del suelo solicitados para el desarrollo de ocho proyectos en la Zona Hotelera de Cancún, su ciudad y Puerto Morelos, puede ser aprobado, en tanto no se actualicen ambos instrumentos.
La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Gina Patricia Ortiz Blanco, indicó que se requiere actualizar ambos instrumentos de política ambiental y planeación urbana, lo cual no constituye un trabajo sencillo, ni rápido y llevará -al menos- un año.
“Un Programa de Desarrollo Urbano y Un Ordenamiento Ecológico, generalmente te lleva un año, su elaboración, porque obviamente se tiene que convocar al comité en pleno, con varios sectores, háblese la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), la Seduma, la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), todos.
“Se hace un concurso para la licitación del consultor, que es quien lleva el liderazgo del análisis; todo este proceso de elaboración tarda de uno a dos años, según como trabaje el comité”, indicó.
Ortiz Blanco, actual directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE), participó del proceso para actualizar el PDDU y elaborar el primer Ordenamiento Ecológico de tipo local del estado, que fue el de Benito Juárez.
Ambos instrumentos se aprobaron en sesión de Cabildo en febrero del 2005 y fueron publicados en el Periódico Oficial del estado, durante el verano de ese mismo año, fecha en la que cobraron vigencia.
“Para actualizar un PDDU se hace todo un estudio en donde entran varios sectores a un análisis muy preciso de la zona en particular que se estudia; se da un consenso y análisis para cinco años; en esos cinco años se supone que está vigente el PDDU y por lo mismo no es necesaria una actualización; el crecimiento no es tan acelerado.
“Entonces es un rango que tiene la Secretaría, que cada cinco años ya es necesario actualizar un PDDU, un Poel; si te fijas cada programa se actualiza entre tres y cinco años”, dijo.
En ese entendido, aclaró que fue una determinación del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda -en el caso del Programa de Desarrollo Urbano- y del Comité Técnico del Ordenamiento Ecológico, que no se tocase la zona hotelera, para respetar y mantener los topes fijados desde 1993-1994. (Fuente: El Periódico)
“Que Fonatur devuelva el dinero a la empresa, por haberle vendido algo ‘chueco’. ¿Por qué los benitojuarenses tenemos que perder patrimonio del municipio, para corregir un error cometido por el gobierno federal, a través del Fonatur?
“Que una llamada telefónica no sirva para dar marcha atrás con el respeto a las leyes e instrumentos normativos que nos rigen”, indicó Marximiliano Vega Tato, presidente de “Ciudadanet”.
El representante de este grupo civil, respondió así a la noticia de que la embajada de Italia en México, se comunicó con el director del Instituto Municipal del Planeación (Implan), Carlos Díaz Carvajal, para ejercer presión sobre el cambio de uso del suelo solicitado por la empresa Bi & Di, para desarrollar el proyecto del mismo nombre, conocido en el pasado como “La Herradura”, frente a Playa Delfines.
A finales del 2005 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), vendió cinco lotes a la empresa con el uso del suelo TH-12, cuando en realidad poseían y mantienen, usos del suelo con las claves S-1 y C-4, lo que les impide construir el proyecto de torres condominales de 20 pisos, para el cual realizaron la compra, pues el límite de altura es de cuatro pisos y cero densidad.
Ante el impedimento y el engaño, la compañía demandó por una cantidad millonaria al Fonatur. Para subsanar aquello, el Fondo ha hecho gestiones ante el ayuntamiento para obtener la modificación del uso del suelo.
La propia empresa ha hecho lo propio, solicitándolo a la comuna y recurriendo a su gobierno para intervenir. El tema ha llegado hasta la presidencia de la República, al haber sido una institución federal, la que incurrió en el engaño.
Vega Tato indicó que si el fraude al grupo Bi & DI fue cometido por el Fonatur, éste es el que debe resolverlo, no a costa del patrimonio de Cancún, sino devolviendo el dinero por el pago de los lotes que vendió a la compañía con un uso del suelo falso.
Subrayó que es el propio Fonatur y, la Secretaría de la Función Pública (SFP), la que debe llamar a rendir cuentas y responder por ese fraude, al entonces director general del Fondo, John Mc Carthy Sandall, responsable de la compra-venta.
“Que responda John Mc Carthy. Que lo llamen a rendir cuentas; que se le boletine y lo manden a traer para que explique por qué vendió con usos de suelo falsos”, expresó Vega Tato.
El entrevistado también puso en duda el nivel de las presiones y consideró que en realidad, bajo ese argumento, se busca justificar la posible violación de la ley, al aprobar ese y otros cambios de uso del suelo.
Dijo que con los reajustes hechos a los ocho proyectos que buscan cambiar sus usos del suelo, incluido el Bi & Di, se debe comenzar de cero, puesto que la modificación de los proyectos mismos, suponen una alteración de los estudios de impacto urbano originales.
Esto implica -explicó- que tendrán que hacerse nuevos estudios de impacto urbano, sobre los proyectos modificados y volver a convocar a una consulta pública en los términos que establece la Ley de Asentamientos Humanos.
“Tienen que reponer el expediente entero y volver a realizar una nueva consulta, porque se trata de proyectos modificados que requieren de estudios de impacto urbano, correspondientes a su nueva estructura. No se trata de un capricho ciudadano, sino de que así lo establece la ley”, señaló. (Fuente: El Periódico)
