CHETUMAL, MX.- El Congreso del Estado dio entrada hoy a dos iniciativas que plantean la creación de nuevas leyes tendientes a mejorar sustancialmente las condiciones económicas y emocionales de las mujeres y menores de edad que sufren el abandono de los padres de familia; se trata de la “Ley para Garantizar la Paternidad Responsable” y la “Ley para la Protección y el Desarrollo de las Jefas de Familia”, mediante las cuales se establecería el “Procedimiento sobre Presunción de Paternidad”.
Ambas iniciativas fueron promovidas por el diputado José Alberto Alonso Ovando, integrante del grupo parlamentario del PRI, mediante las cuales propone la creación de figuras jurídicas que permitirían a las madres de familia interponer recursos administrativos y judiciales en contra de los presuntos padres de sus hijos cuando aquellos pretendan evadir el reconocimiento legal ante el Registro Civil.
De acuerdo a la iniciativa para la creación de la “Ley para Garantizar la Paternidad Responsable del Estado de Quintana Roo”, las madres podrán demandar administrativamente ante el Registro Civil, al presunto padre de sus hijos para que sean inscritos con los apellidos de aquél, lo que les permitiría instaurar demanda ante los juzgados familiares para exigir la pensión alimenticia.
“Al momento de efectuar el registro de nacimiento de un menor habido fuera del matrimonio, si comparece solamente la madre y ésta presuma el no reconocimiento del padre, podrá solicitar el inicio del procedimiento sobre presunción de paternidad, firmando la solicitud o estampando su huella dactilar, e indicará el nombre, domicilio o cualquier otro dato adicional de identificación del presunto padre”, explica uno de los articulados de la ley propuesta.
De esa forma, el titular del registro Civil deberá notificar a la autoridad judicial correspondiente para que el presunto padre sea notificado para que manifieste lo que a su derecho convenga; y en caso de que el presunto padre declare no reconocer la paternidad del menor, esa autoridad solicitará a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que se realice un estudio comparativo de marcadores genéticos tanto a la madre, al padre y al menor; debiendo cubrir el pago el presunto padre en caso de resultar positiva la paternidad.
En cuanto a la Ley para la Protección y el Desarrollo de las Jefas de “Familia en el Estado de Quintana Roo”; se plantea la obligatoriedad del Estado para establecer una serie de políticas públicas que permitan a las madres de familia a acceder a una serie de beneficios que redunden en el mejoramiento de su situación económica, de empleo, salud y de educación para sus hijos.
Para que las jefas de familia quintanarroenses puedan salir adelante junto con sus hijas e hijos, es necesario que el Estado les bride apoyos para atender de manera integral sus necesidades de ingreso económico, de empleo, de salud y de educación.
“Sabemos que los recursos con los que dispone el Estado son limitados, por lo que se propone que éste apoyo sea otorgado a las mujeres con mayor nivel de marginación económica, dirigiendo el gasto a las jefas de familia que perciban dos salarios mínimos o menos y la ayuda se distribuiría hasta que sus hijos alcanzaran una mayoría de edad”.
Por otra parte, el Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa de reformas a la Ley de Salud y a la Ley de Protección y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, ambas de la entidad, promovidas en su oportunidad por los diputados Marisol Ávila Lagos y Alaín Ferrat Mancera, integrantes del grupo parlamentario del PVEM, para ajustar ambos ordenamientos a lo propuesto en el Proyecto de Norma Oficial PROY-NOM-015-SSA3-2007; para una atención integral a personas con discapacidad en la entidad.
Las iniciativas fueron enviadas a las comisiones respectivas para su análisis, discusión y posterior dictamen; entre ellas a las de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias; Justicia; y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. (Fuente: Congreso de Quintana Roo)
