PLAYA DEL CARMEN, MX.- El ayuntamiento de Solidaridad impuso al hotel Princess Riviera Maya una multa ridícula, pues estableció uno de los montos más bajos posibles.
Las autoridades locales pudieron haber sancionado al hotel, donde murieron 7 personas por la explosión en el Lobby Platino, con más de 90 millones de pesos, sin embargo, “perdonaron” al centro de hospedaje cobrándole únicamente 5 millones 930 mil 018 pesos, es decir 25 veces menos de lo que pudiera haber merecido la empresa española por la devastadora consecuencia de sus irregularidades.
Como fue ampliamente difundido, el 14 de noviembre se produjo una explosión en el hotel Grand Riviera Princess, la cual causó la muerte a 5 extranjeros, y dos empleados mexicanos; así como más de una decena de heridos. Por este caso, se abrieron dos expedientes, uno judicial, que aún no resuelve la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y uno administrativo, del que derivó la multa impuesta por el ayuntamiento.
De acuerdo al resolutivo emitido por el ayuntamiento, con número de oficio DGOAyU/JDG/243/2010, las autoridades municipales pudieron imponer una multa de hasta 10 por ciento el valor catastral del inmueble, esto es una multa por 92 millones de pesos, pero, en lugar de aplicar ésta, sólo le impusieron al hotel el 0.444 por ciento de la multa, es decir, 5.9 millones de pesos.
La multa que aplicó el ayuntamiento al hotel Princess Riviera Maya no fue por la explosión en sí misma, la cual continúa impune y sin resultados por parte de la Procuraduría General de Justicia, sino que se “castigó” al hotel administrativamente, por la instalación de una conexión de gas que no constaba en los planos ingresados originalmente a la Dirección General de Ordenamiento Ambiental y Urbano, y por la emanación de Gas LP que de ésta se produjo el 16 de noviembre, es decir, días después de la tragedia.
Dos días después de la tragedia, se produjo una fuga de gas
De la fuga de gas tuvo conocimiento la Dirección General de Protección Civil, que acudió a verificar el hecho el 16 de noviembre, tras recibir un llamado de emergencia al 066; el Acta Circunstanciada levantada ese día por Protección Civil señala: “siendo las 19:10 se recibe una llamada del 066 indicando que el personal que se encuentra de guardia informo que escucho un silbido en el área del evento y un olor a Gas L.P., por lo que procedió a realizar una rebición (…) en el área del evento encontrándose una emanación de Gas por lo que procedió a la colocación de sellos (SIC)”.
En esa misma Acta Circunstanciada se hace constar, nuevamente, la negligente obstrucción por parte del Hotel, que desde el día de la explosión, intentó impedir la entrada, incluso, de los cuerpos de socorro; así como de la actitud arrogante de sus directivos: “Por otra parte se informa que se le niega la entrada a personal de Protección Civil y Ministerio Público más de 40 minutos, así mismo se pidió la presencia de personal directivo del hotel sin presentarse en toda la diligencia (SIC)”, se señala en el documento oficial.
La multa más baja por una negligencia que se convirtió en tragedia
El ayuntamiento sustentó la sanción impuesta al Hotel Grand Riviera Princess basado en los artículos 219 fracción IX, y 221 del Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente” del municipio de Solidaridad, así como en el 589 del Reglamento de Construcción municipal. Los dos primeros artículos se refieren a la realización de obras o actividades que dañen gravemente el ambiente, o pongan en peligro la integridad física de la población.
Por su parte, el numeral 589 del Reglamento de Construcción especifica la sanción a la que se harán acreedores quienes realicen obras o instalaciones son contar con las licencias correspondiente: “Se sancionará a los propietarios o poseedores responsables, en su caso, con multa equivalente hasta por el diez por ciento del valor del inmueble, de acuerdo al avalúo catastral, en los casos siguientes: … b) Cuando se hubieren realizado obras o instalaciones sin contar con las licencias correspondientes o las mismas no estuvieren regularizadas”.
El valor catastral del Hotel Grand Riviera Princess es de 927 millones 555 mil 555 pesos, de acuerdo al oficio DC/2010/10, entregado, para el caso, por la Dirección de Catastro, por lo que el 10 por ciento de esta cifra equivale a aproximadamente 92 millones de pesos, monto que podría haber sido impuesto al centro de hospedaje español.
El benévolo resolutivo del ayuntamiento fue notificado el 10 de diciembre al representante legal del hotel, Nicolás Noblecillas Vargas. Poco más de un mes después, ya liquidada la multa, se hizo evidente la “cercanía” entre el abogado del Hotel Princess y funcionarios del ayuntamiento, pues, el 21 de enero se hizo pública una reunión entre Noblecillas y el titular de la Dirección Jurídica municipal, Pedro Silveira Mena, quienes fueron captados por los medios de comunicación saliendo del restaurante El Pirata, en Playa del Carmen. (Noticaribe)
