CANCÚN, MX.- El presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, aseguró que no habrá “cabildazo” en el tema del desarrollo turístico Bi&Di, mejor conocido como La Herradura, y en el que el Fonatur comprometió usos de suelo no autorizados por los instrumentos de desarrollo y planeación.
CANCÚN, MX.- La directora del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Adriana Pérez Quesnel, aseguró que la empresa Bi&Di adquirió cinco lotes en la zona turística de Cancún, con pleno conocimiento de que debían tramitar una serie de permisos para desarrollar su proyecto condominal, con edificios de 20 pisos en una zona en la que los usos de suelo vigentes marcan cero densidad en algunos casos- y alturas que no rebasan los cuatro niveles.
Bajo ese argumento, rechazó que el Fonatur hubiera incurrido en un fraude en perjuicio de la empresa italiana, ya que según su versión, desde la convocatoria de venta de los predios se establecía que los usos de suelo vigentes en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Benito Juárez (Poel) y el Programa de Desarrollo Urbano, podían ser modificados.
“El uso de suelo con el que se les vendió estaba sujeto a algunas autorizaciones (…) por ejemplo del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia).
“La compraventa y las escrituras te dicen los tipos de uso de suelo y ahí está todo establecido”, afirmó. Se le preguntó por qué entonces desde la convocatoria figuran los predios con usos de fuego falsos. “No, en la convocatoria aparece que es un C-4 viable a TH12″, insistió.
Entrevistada sobre el tema, omitió también, fijar su postura en torno a la posible devolución del dinero que los empresarios pagaron para adquirir dichos lotes.
“Primero tenemos que hacer todo el trámite y dependiendo de eso ya veremos las siguientes acciones. Nosotros como Fonatur tenemos que ver el resultado del juicio y actuaremos como siempre hemos hecho, apegados a Derecho.
“Siempre hemos cumplido con nuestros compromisos, seguimos la normatividad a cabalidad y en el momento que haya que acatar lo que haya que acatar, pues lo haremos”, respondió, al preguntarle en tres ocasiones, si contemplan la devolución de los 300 millones de pesos pagados por la empresa.
Sobre el desarrollo del caso, Pérez Quesnel, quien ofreció ayer una ponencia sobre el papel de Fonatur, en el marco de los 25 años de la Asociación Mexicana de Empresarios Turísticos (Amdetur), dijo que se encuentran apoyando al grupo italiano para tramitar los permisos correspondientes.
“Ahorita estamos viendo con el municipio todos los hechos técnicos del terreno, de las factibilidades que se requiere tener para obtener el uso de suelo; en eso estamos trabajando”, expresó.
En los hechos, existen variantes que contradicen las declaraciones de la funcionaria federal.
La licitación pública internacional para vender el quinteto de lotes, fue lanzada por el Fonatur el 18 de octubre del 2005.
La convocatoria se cerró el 14 de noviembre de ese mismo año y se adjudicó la venta a Inversiones Punta del Morro, que de acuerdo con la instrucción del propio Fondo, constituyó la sociedad BI and DI Real Estate de México SA de CV, para que pudiesen transferirse las propiedades de acuerdo con las leyes mexicanas, que prohíben la venta de terrenos de playa a extranjeros.
“Eso es legalmente viable. Los extranjeros lo que hacen es crear un fideicomiso y eso está permitido por la ley y con eso garantizamos los derechos del inversionista, de Fonatur y de México”, manifestó.
Los predios fueron ofertados por el Fonatur de la siguiente manera, de acuerdo con la convocatoria de venta:
Dos lotes hoteleros, el 56-H y 56-A3, con superficie conjunta de 32 mil 853 metros cuadrados, y usos del suelo TH-12, densidades diversas y máximo 20 pisos, parámetros no vigentes ni en el PDU, ni en el Poel.
Dos lotes para club de playa, ubicados en Playa Delfines -el 56-L y 56 K- con 13 mil 039 metros cuadrados, usos del suelo S.1.1, densidad cero y un nivel de altura.
Y sólo un lote comercial, el 56-A4, con tres mil 581 metros cuadrados, uso de suelo C-4, cero densidad y tres niveles.
Los lotes 56-H y 56-A3, ofrecidos con uso de suelo TH-12, no lo tenían. El Fonatur gestionó su modificación con las autoridades municipales, tres días antes de cerrar la licitación y adjudicarla a Bi & Di, como se desprende en documentos oficiales.
Tampoco lo obtuvieron. La Dirección de Desarrollo Urbano, entonces a cargo de Heyden Cebada, emitió un documento oficial en donde informó al Fondo que era “factible” modificar los usos de suelo, más no que éstos se habían cambiado ya.
Amparados en ese papel el Fonatur dijo a los inversionistas que tenían los usos de suelo modificados y en 2006 se escrituraron ante notario público, pese a que realmente no había tal modificación.
Al darse cuenta del engaño y de que el ayuntamiento, presidido por los alcaldes, Francisco Alor y Gregorio Sánchez, no validaban esos cambios de uso de suelo, la empresa decidió demandar por fraude al Fonatur.
“Eso está en el área de los jueces y se llevará el tiempo en que ellos resuelvan, eso no está dentro del ámbito de Fonatur, sino de los jueces. (Fuente: El Periódico)
Sin embargo, Ricalde Magaña no quiso aventurar un pronóstico, antes de esperar a “la razón técnica a la que aducen tener derecho (los empresarios italianos)”. Detalló que el asunto continúa en análisis, aunque reconoció que no se ha avanzado.
“La verdad no hemos avanzado -saben que yo no miento-; y no hemos avanzado por una razón: es un tema que tienen que incentivar ellos, en el que llegan a mí por una intervención del Gobierno del Estado (…) y nosotros estamos en toda la disposición de que se atienda en lo técnico, pero tiene que ser una cuestión que se motive por parte de ellos. Nosotros no estamos en la lógica de un cabildazo”, comentó Ricalde.
Agregó que el ayuntamiento estará obligado, judicialmente, a entregar el cambio de uso de suelo, si los empresarios italianos, “demuestren fehacientemente, de acuerdo a todo el procedimiento, que están en lo correcto”.
Como se recordará, los inversionistas han acudido incluso a la Presidencia de la República y a instancias diplomáticas para obtener el uso de suelo TH12, prometido por el Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur) cuando les vendió los terrenos aledaños a Playa Delfines, en la administración de John Mc Carthy.
Ricalde Magaña aseguró que el ayuntamiento no negociará económicamente el cambio de uso de suelo, lo cual ya le fue informado a los desarrolladores del proyecto: “lo que se les ha dicho es que, a diferencia de algún otro comentario que se haya podido hacer, este ayuntamiento no está negociando económicamente absolutamente ningún tema y menos ése, es decir, no es un tema de dinero”.
El Edil aceptó que el propio Gobierno del Estado le solicitó que se atendiera el tema, “pero no puedo dar pronósticos de resultados”, agregó.
De lo que Julián Ricalde tampoco “se atrevería a dar ningún pronóstico” es sobre si en la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local y el Programa de Desarrollo Urbano, se atenderá el diagnóstico de la Profepa en el sentido de que Cancún ya rebasó, en más de seis mil, el número de cuartos que su infraestructura puede soportar. (Noticaribe)
