MÉXICO.- La Comisión Federal de Competencia (CFC) ratificó su negativa para que participe el grupo conformado por Aeropuerto de Cancún y Servicios Aeroportuarios del Sureste (Asur) en la licitación para la construcción del aeropuerto de la Riviera Maya con la finalidad de evitar una concentración excesiva en el mercado de servicios aeroportuarios de la región.
En un comunicado, la dependencia explicó que la decisión fue tomada por la corta distancia que existirá (poco más de 130 kilómetros) entre las instalaciones de Cancún (operado por Asur) y el que se planea construir.
“El aeropuerto de la Riviera Maya es una oportunidad histórica de tener competencia entre dos aeropuertos cercanos.
Permitir la entrada de Asur a la licitación habría puesto en riesgo esta oportunidad y habría dañado a los consumidores y al turismo en la zona turística más importante del país”, indicó en su momento el presidente de la Comisión, Eduardo Pérez Motta.
El nuevo aeropuerto (que estará ubicado en el municipio de Tulum, con una inversión estimada de 255 millones de dólares y una capacidad para recibir 700,000 pasajeros en su primer año de operaciones), estará a 60 minutos de Playa del Carmen y a 50 de Cancún; por ello, se consideró que los paseantes y las líneas aéreas podrán elegir el que más les convenga.
La CFC destacó en su informe que si se considera que Playa del Carmen aporta casi 30% de la oferta total de habitaciones en el corredor Cancún-Riviera Maya y que es el destino con más crecimiento en esta región, es claro que las nuevas instalaciones “crearán una muy importante oportunidad para generar competencia al aeropuerto de Cancún”.
YA VA RETRASADO
Con varios meses de retraso y contemplado en el Plan Nacional de Infraestructura el 11 de mayo del 2010, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó la licitación del nuevo aeropuerto, que será el primero en el que habrá en su totalidad inversión privada.
“Las anteriores concesiones estaban formadas por instalaciones en operación”, informó la dependencia.
Ese mismo día, Asur informó a sus inversionistas que tenían intención de revisar el documento para determinar si participaban o no. Semanas después, quedó de manifiesto lo anterior y decidieron iniciar el proceso.
En las consideraciones generales de la licitación quedó claro que los interesados debían solicitar a la CFC su opinión al respecto y que ésta habría de expedir respectiva constancia de autorización. (Fuente: El Economista)
