Peor, no le pudo salir a Roberto Borge, la imposición y concesión de la verificación vehicular.
No sólo porque, al menos, en las redes sociales, le fue como en feria, si no que la “operación política” fue más que desaseada.
Pero sobre todo, se confirmó que se trata de un negocio.
Los argumentos, cayeron burdamente, como fue el alegato, de que la medida partía de un acuerdo al que se había sumado Quintana Roo en la COP 16 para reducir el CO2.
Sin embargo, en el decreto se establece que pagaran más, los carros nuevos, que son lo que menos contaminan; y pagaran menos, los carros viejitos, que son los más CO2 emiten.
Quedó muy claro, que este asunto de la verificación poco tiene que ver el medio ambiente.