CANCÚN, MX.- El Alcalde de Cancún, Julián Ricalde, acusó que una deuda de la administración de Mario Villanueva Madrid que se le cobra al municipio es ilegal, dio a conocer este día el diario Reforma.
CANCÚN, MX.- Ante la posibilidad de que el ayuntamiento de Benito Juárez, deje de prestar los servicios públicos y programas a la comunidad, durante cuatro meses, por un embargo de la Secretaría de Hacienda Federal en las participaciones hacia el municipio, el ámbito empresarial, pide a la dependencia federal, evaluar los criterios de la sanción y no ser tan exigentes, pues estarían afectando la imagen y operación del principal destino turístico de México.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC) Francisco Córdova Lira, expresó que este nuevo caso, es una clara muestra de los malos gobiernos que se han dado durante los últimos cinco años en la administración municipal, donde la falta de transparencia, la opacidad, la ineptitud y la corrupción, hoy dan a conocer una nueva deuda, que afecta directamente a la ciudadanía.
“Yo creo que al presidente municipal Julián Ricalde, es a quien le está tocando pagar los platos rotos que dejaron las últimas administraciones y los ciudadanos son los que serán afectados, pues no es posible, que se queden sin los programas ni servicios públicos elementales”, afirmó.
Agregó que este nuevo adeudo, no es una sorpresa, pues por la falta de transparencia, se sabe las faltas que han tenido los anteriores gobernantes del municipio turístico más importante del país.
“Lo que se tiene que hacer, es exigir a las autoridades, que rindan cuentas claras, para evitar estos casos tan desafortunados”, enfatizó.
Respecto al mismo tema, Antonio Cervera León, presidente de la Asociación de Propietarios e Inversionistas de Quintana Roo, calificó como una desgracia, que surjan este tipo de noticias, donde nuevos gobernantes, tengan que pagar las malas acciones de los anteriores.
“Las autoridades tienen que hacer, que paguen los platos rotos, quienes los rompieron, pero por desgracia nunca pasa nada”,
Indicó que finalmente, los afectados son los ciudadanos, cuando ellos pagan sus impuestos, pero finalmente tienen que pagar la deuda de sus gobernantes.
Por otra parte, dijo que la Secretaría de Hacienda, también no debe ser tan inflexible con dicha deuda, y debe utilizar criterios más blandos para cobrarla.
“Pues si embargan las participaciones que tiene el ayuntamiento para sus programas y operación de servicios, los únicos afectados son los habitantes, y no la persona que ocasionó dicho adeudo”.
Sin duda, agregó, es un tema muy delicado, pues no se puede dejar sin servicios a la ciudadanía, la cual ya está siendo afectada por los errores de sus gobernantes.
Como antecedente, dicho adeudo por 8.5 millones de pesos, data de la época del entonces alcalde de Cancún, Mario Villanueva Madrid, contraída en 1990 con el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), la cual creció hasta llegar actualmente a 120 millones, que se deben pagar en cuatro meses. (Fuente: El Periódico)
“Está deuda es ilegal pues ni siquiera está inscrita como deuda pública, para que pueda ser embargada”, comentó.
Por tanto, aseguró que la prestación de servicios públicos en Cancún, incluida la zona hotelera, están en riesgo luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) embargó participaciones federales al Ayuntamiento de Benito Juárez.
“Están poniendo en riesgo la viabilidad de los servicios públicos de la ciudad, incluida, por supuesto la zona hotelera”, dijo.
Señalo que en días pasados fue informado por el Secretario de Hacienda estatal, Mauricio Góngora, que la Secretaría de Hacienda (SHCP) le notificó el inicio del embargo de las participaciones federales por una deuda por 128 millones de pesos con el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
“De entrada ya nos quitaron los primeros 30 millones de pesos”, mencionó.
El funcionario señaló que la SHCP determinó afectar alrededor de 30 millones cada mes, hasta cubrir los 128 millones de pesos.
“No podemos prescindir de este recurso”, advirtió.
Mencionó que además, el contrato de este crédito establece que la garantía de pago son las participaciones al Gobierno del Estado y no al Ayuntamiento.
Ricalde refirió que este reclamo forma parte de una deuda contratada en 1990, por entonces Alcalde Mario Villanueva, que además fue incluida en reestructuraciones de la deuda municipal que se hicieron posteriormente.
La última reestructuración de los pasivos municipales fue en 2010 y asciende a unos mil 400 millones de pesos, dijo el Edil.
Además, agregó que el actual ayuntamiento no ha recurrido a créditos.
“Está deuda es ilegal pues ni siquiera está inscrita como deuda pública, para que pueda ser embargada”, comentó. (Fuente: Sergio Caballero/Agencia Reforma)
