CHETUMAL, MX.- Con un cinismo que convierte en letra muerta la ley de transparencia y acceso a la información pública de Quintana Roo, la Secretaría de Seguridad Pública interpretó a su conveniencia los candados de la ley en la materia para ocultar información de interés público, relacionada en concreto con el gasto mensual que realiza el gobierno del estado en la alimentación de mil 300 reos del Cereso en la capital del estado.
La excusa infantil: su difusión pondría en riesgo la seguridad del Estado, ocasionando en particular inestabilidad en el CERESO de esta ciudad. De paso, mantuvo también bajo reserva el nombre del empresario favorecido por la nebulosa concesión que involucra un negocio de muchos millones de pesos.
En la petición se pidió en concreto a la Secretaría de Seguridad Pública que informe sobre el gasto mensual que realiza en alimentos para los reos del CERESO de Chetumal, cuál es el gasto mensual promedio, qué empresas o personas físicas proveen el servicio de alimentos y bajo qué esquema o régimen está contratada, anexando copias de las facturas.
Ante ello, la Secretaría respondió que “la información solicitada se reserva bajo los términos del artículo 22 fracción I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, toda vez que el proporcionar dicha información podría ocasionar algún tipo de inestabilidad dentro del Centro Penitenciario”.
Las fracciones de tal artículo en las que se ampara Seguridad Pública precisan que la clasificación de reserva procede:
“Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado o de los municipios o de la Seguridad Pública”, y cuando su divulgación pueda causar perjuicio a las actividades de impartición de justicia o a la recaudación de las contribuciones”.
A mediados de enero pasado, los reclusos se inconformaron porque sus raciones estaban en estado de descomposición y despedían fétidos olores, por lo que se negaron a recibir los alimentos. Incluso, la comida ha sido en ocasiones insuficiente para la población carcelaria, por lo que tuvo que intervenir la Contraloría de Gobierno ante la fuerza de los reclamos que estuvieron a un paso del amotinamiento.
El General Bibiano Villa ingresó en esa ocasión al reclusorio e inspeccionó los recipientes con la comida rechazada, confirmando que estaba en malas condiciones, por lo que ordenó que la comida fuera desechada y reemplazada.
Sin ser desmentida la información, la prensa local ha difundido que la concesión está en manos de la periodista Isabel Arvide Limón, cercana al titular de Seguridad Pública, General Carlos Bibiano Villa Castillo, quien tomó las riendas de la dependencia al iniciar esta administración.
De acuerdo con la Ley de Transparencia, las dependencias están obligadas a proporcionar toda información que sea de interés público, incluidos los contratos y las licitaciones a proveedores puesto que se pagan con dinero de la ciudadanía, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado y su titular, sospechosamente se pasaron por el arco del triunfo los postulados de la Ley y se negaron a otorgar esta información.
“…la información solicitada se reserva bajo los términos del Artículo 22 fracción I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, toda vez que al proporcionar dicha información podría causar algún tipo de inestabilidad dentro del Centro Penitenciario”, respondieron en el oficio UTAIPPE/DG/CAS/0135/II/2012.
Y es que la ambigüedad de la Ley que se supone garantiza a los ciudadanos el acceso a la información pública es un laberinto, pues en la misma respuesta citan el Artículo 8 de dicha Ley, que dice: “Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de la transparencia de la información conforme a lo establecido en la presente Ley”.
Después citan el artículo 11 para justificar su negativa, el cual reza: “Para efectos de lo dispuesto por el Artículo 8 de la Ley, ninguna Dependencia o Entidad está obligada a proporcionar información que no sea de su competencia; cuando se encuentre impedida para proporcionarla de conformidad con la Ley de la materia; cuando la información no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud; o cuando esta resulte inexistente”.
Con este artículo, a la Secretaría de Seguridad Pública le bastó con mencionar un par de fracciones del restrictivo artículo 22, para sin ninguna explicación negar la información solicitada.
De acuerdo a la fracción I y III del artículo 22 la información puede ser negada “cuando se trate de información, cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado o de los Municipios o la seguridad pública” y “cuando su divulgación pueda causar perjuicio a las actividades de la impartición de justicia”.
Y es que no se puede entender como informar acerca del gasto que se realiza en la alimentación de los reos, así como quién es el o la responsable de dichos alimentos, pudieran generar “inestabilidad” en el penal, o sean un problema de seguridad pública, o causen un perjuicio a la impartición de justicia.
Mientras la Secretaría que dirige todavía Carlos Bibiano Villa Castillo utiliza estos artículos como absurdo pretexto para seguir ocultando los nebulosos manejos al interior del penal, los internos y sus familiares siguen quejándose de la mala calidad de la comida que reciben, lo cual transgrede sus derechos humanos, y los ciudadanos ni siquiera podemos enterarnos de cuanto gasta el gobierno en la manutención de los convictos.
El oficio de respuesta es avalado por la coordinadora de atención a solicitudes de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, Guadalupe Zapata Ayuso, la cual estampó su firma afirmando que la solicitud se “da por atendida”, sin responder absolutamente nada. (Fuente: Periodistas Quintana Roo)
