CANCÚN, MX.- En la Secretaría de Seguridad Pública todo es una simulación. Desde la llegada de Aíza Kaluf como titular de la dependencia, se ha hecho creer al gobierno municipal que los procesos de control y confianza, que obligatoriamente se tienen que llevar a cabo tras las reformas y disposiciones establecidas por la federación, han sido realizados e incluso aplicados al interior de la corporación.
CANCÚN, MX.- Luego de los lamentables hechos registrados el fin de semana, donde policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez fueron detenidos por allanamiento de morada, robo y violación de una menor, la responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género, Celina Izquierdo Sánchez, aseguró que esta situación deja muy mal a la corporación policiaca, y en entredicho los instrumentos de control de confianza, que se les aplica.
Mientras que las víctimas comienzan a vivir un viacrucis, debido a que la justicia en el estado y en el país, no es algo de lo que los habitantes estén orgullosos, además de que es necesario que la autoridad se comprometa a brindar seguridad a las víctimas y que no los van a presionar ni acosar para que retiren las denuncias.
Debido a que es importante evitar que sean acosados por otros elementos o familiares de los victimarios, ya que no debe de quedar impune estos delitos, pues se tiene conocimiento de que los cuerpos policiacos se protegen entre sí y hay otros casos que no llegan a denunciarse.
Cabe recordar que el fin de semana, seis policías de Seguridad Pública, fueron detenidos por sus compañeros, cuando atendieron un llamado en la Región 76, en una vivienda donde se encontraban unos jovencitos, en donde violaron a una de las menores.
Al respecto, Izquierdo Sánchez, afirmó que habría que revisar si los elementos involucrados en esos hechos lamentables pasaron las pruebas de control y confianza, o no.
Dijo que si lograron pasar las pruebas, entonces son totalmente cuestionables y que no han logrado identificar a los malos elementos de la corporación, y también deja en entredicho la actuación de la autoridad, por lo que es importante que puntualicen en que se basan para contratar a los policías y que tipo de capacitación les ofrecen.
“La verdad me parece que deja muy mal a toda la policía municipal, porque si estos casos se dan lo que significa es que la autoridad no tiene control sobre su propio personal, la verdad creo que genera un impacto muy fuerte sobre la población que de por sí tiene una gran desconfianza de los cuerpos policiacos en general, los estatales, municipales y federales, hechos como éste refrenda que la desconfianza tiene razón de ser”, aseguró.
Indicó que los elementos señalados por abuso sexual en contra de una menor de edad, intentaron coludirse, si bien las autoridades han dicho que están actuando, dijo que parte de ese trabajo implica directamente la prevención y evitar que esta situación se repita, por lo que considera que es necesario evaluar cómo se encuentra la corporación y qué tipo de personas la integran.
Subrayó que esta situación donde menores de edad fueron víctimas de quienes se supone deberían de garantizar la seguridad de la población y que ese tipo de casos no existan, requiere que el presidente municipal Julián Ricalde Magaña, demuestre el tipo de personal con el que cuenta y qué instrumentos utilizan para la contratación de los elementos, la capacitación que les ofrecen y cuál es el estado al interior de la corporación, con tal de acreditar que en verdad fue un caso aislado, lo cual no queda claro.
Reiteró que los hechos registrados el fin de semana representan un gran golpe para la comunidad y seguridad de las personas, ya que la entidad requiere de elementos profesionales y honestos, y no de integrantes de corporaciones policiacas que cometen violencia institucional. (Fuente: El Periódico)
Sin embargo, nada de lo anterior es cierto, ya que más del 50 por ciento de la planta laboral de la policía no ha sido sometida a estos controles, los cuales tienen su base en los exámenes de confianza y psicométricos.
De acuerdo con fuentes oficiales de la dirección de la Secretaría de Seguridad Pública, el mejor ejemplo de lo anterior son los seis elementos que acaban de ser puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por los delitos de violación y abuso de autoridad.
Estos elementos nunca presentaron evaluaciones, principalmente la denominada MMPI-2, la cual es un examen que mide hasta en 10 rangos la personalidad del policía y sus capacidades de reacción ante cualquier tipo de situación.
Así, la mayoría del personal de la Secretaría de Seguridad Pública no está ni siquiera capacitado para atender problemas entre jóvenes, manejo, uso y portación de armas, al igual que reacción en caso de siniestro masivo.
Estas son algunas pruebas que se utilizan como capacitación en México en la policía municipal, estatal y federal, lo cual a la fecha no se ha llevado a cabo en el municipio Benito Juárez en Cancún.
El problema mayúsculo de todo esto, es que existen recursos etiquetados a través del Subsidio para la Seguridad Municipal, Subsemun, que en teoría han sido aplicados para la capacitación y evaluación constante de la dependencia policiaca en el principal destino turístico del país.
Los recursos son designados desde el gobierno federal para que se tenga una mayor capacidad en el sistema de prevención al delito, dentro de las policías municipales, primer filtro para combatir la delincuencia.
Empero, en el caso de Cancún no se ha llevado a cabo de esa manera. De hecho, la actual administración del Ayuntamiento Benito Juárez, recibió la Secretaría de Seguridad Pública con un desvío de 40 millones de pesos de recursos del Subsemun que nunca fueron justificados por el anterior trienio que concluyó bajo el yugo del ex alcalde suplente, Jaime Hernández Zaragoza.
Por si esto fuera poco, dentro de la dirección encabezada por el secretario Aíza Kaluf, se habla de que también ha existido un desvío de recursos importantes de este programa, el cual debía ser utilizado para mejorar, capacitar y reordenar la corporación policiaca.
De acuerdo a fuentes oficiales de la dependencia policial, Kaluf tiene en Jenny González Pérez, a quien le coordina los movimientos de recursos del Subsemun para beneficio propio.
Incluso, existe el dato de que el titular de la policía municipal en Cancún “justificó” el manejo de esos recursos federales, con la creación de los grupos GOE y GEAVI, los cuales son requisitos indispensables para poder acceder a los fondos y una vez obtenidos los recursos, se utilizan para otras cuestiones dichos grupos algunas veces jamás llegan a concretarse y mucho menos a cumplir con su cometido a “favor de la ciudadanía”.
El argumento manejado es que mediante los grupos policiacos, se justifica el dinero, sin embargo, los grupos no tienen ninguna cuestión especial, sólo elementos que en teoría deberían estar más preparados. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
CANCÚN, MX.- Ante la rejilla de prácticas del Juzgado Primero de lo Penal, los seis policías municipales que fueron consignados por la violación de una menor de 15 años, se reservaron su derecho a declarar y solicitaron ampliación del término constitucional; por lo que será hasta el próximo lunes cuando se determine su situación jurídica.
Sin embargo, en el caso de los policías Daniel Almeida Jiménez y Gabriela Reyes Elston que sólo fueron consignados por encubrimiento y abuso de autoridad, solicitaron que el juez les fijara una caución y saldrán en libertad al pagarla.
Después de las 15:00 horas de este miércoles, los policías municipales Liderman Chan Domínguez, Heberto de los Santos Córdova, Dimas Castillo Villalobos, Macario Hernández Elston, Daniel Almeida Jiménez y Gabriela Reyes Elston; fueron sacados del área de “Albatros” donde se encuentran, para rendir su declaración preparatoria.
Los seis fueron llevados a la rejilla de prácticas del Juzgado Primero de lo Penal, en donde les fueron leídas sus declaraciones ministeriales.
Los primeros en hacerlo, fueron Liderman Chan Domínguez y Heberto de los Santos Córdova, quienes confesaron ante el ministerio público haber sido ellos los que violaron a la menor de 15 años de edad.
Posteriormente, los otros cuatro escucharon también sus declaraciones ministeriales y al final, se les dio el uso de la palabra para rendir su declaración preparatoria, pero se reservaron su derecho a hacerlo.
Asistidos por un defensor de oficio, los policías municipales solicitaron la ampliación del término de 72 horas, por lo que será hasta el próximo lunes 18 de junio a las 2:35 horas cuando venza el tiempo para que el en mención determine su situación jurídica.
En el caso de los policías Daniel Almeida Jiménez y Gabriela Reyes Elston, el juez fijó una fianza de 22 mil pesos pues sólo fueron consignados por los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento; delitos que no son considerados como graves, por lo que saldrían en libertad al pagar la caución.
Mientras tanto, los otros cuatro policías permanecerán en el área conocida como “Albatros”, a donde son llevados todos los reos de nuevo ingreso.
Para las autoridades carcelarias existe la preocupación en torno a los seis policías, pues una vez que se determine su situación jurídica deben ser enviados con el resto de los internos.
Sin embargo, por su situación de exfuncionarios públicos y sobre todo por ser policías, corren el riesgo de ser atacados por la población carcelaria.
Y es que como integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), participaron en varias detenciones de miembros de la delincuencia organizada que hoy están tras las rejas. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
