“¿Qué es más levantado para el espíritu: sufrir los golpes y dardos de la insultante Fortuna, o tomar las armas contra un piélago de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con ellas?”. Hamlet, de Shakespeare.
Considero que este es un momento coyuntural para discutir públicamente qué pasará con la estrategia para combatir al crimen organizado, y eso es justamente lo que hace Juan Carlos Montero#, un profesor de la cátedra de “Inteligencia Estratégica” del Instituto Tecnológico de Monterrey, quien revisa con objetividad lo que pasó en los últimos seis años. Afirma que ante la amenaza a la viabilidad del Estado por el crimen organizado hay que “procurar la seguridad nacional mediante una estrategia integral”, con lo que precisa que antes que un problema de seguridad pública, estamos frente a un problema de seguridad nacional: esa es una definición fundamental. En su conclusión establece que no es necesaria una nueva estrategia sino más bien “implantar los mecanismos que faciliten la cooperación en torno a los objetivos gubernamentales”. Ubica ciertamente el problema y las fallas de la “guerra” desatada por la presente administración federal contra el crimen organizado, en las fases de implantación o implementación, de ausencia de coordinación entre los agentes responsables, y no tanto en sus políticas u objetivos.
Ahora bien, el asunto está en que el país se encuentra en un inminente cambio gubernamental que supone la llegada de un nuevo grupo político al poder, y por ende pronto veremos un nuevo Plan Nacional de Desarrollo con definiciones de políticas públicas que aún no sabemos qué tanto se alejarán de las que están concluyendo con la administración del Presidente Felipe Calderón. Me parece que en este momento debemos prestar mucha atención a los procesos de cambio de políticas públicas relativas al combate a las drogas. Por un lado, el Presidente electo ha señalado que habrá “cambio de estrategia”: ¿en qué consistirá? Aun no se define, pero justamente habrá que prever algunas hipótesis sobre cuál será el camino que la próxima administración federal asuma en relación al tema. ¿Se mantendrá la estrategia para reducir la oferta? ¿Se insistirá en una policía única? ¿Se buscará una concertación internacional que permita la reducción de la demanda y el control en el tráfico de armas? Hay quien sostiene que la nueva estrategia debe asumir con prioridad la reducción de la demanda, pues hemos visto que la reducción de la oferta no se ha logrado por el incremento de aquella: es un asunto de mercado.
Hay elementos del artículo de Montero que resultan sumamente importantes para comprender todas las aristas del problema. Las organizaciones criminales persiguen un negocio, buscan una rentabilidad, y en ese sentido se “benefician de la estabilidad” y el crecimiento económicos, por tanto, no buscan necesariamente la violencia (¿) o la desestabilización como pudiera ser el objetivo de las guerrillas o grupos terroristas. Montero señala que el crimen organizado puede entenderse “como una asociación de tipo empresarial con ocupaciones delictivas que no se reducen al tema del narcotráfico”, y que tiene implicaciones internacionales, nacionales y locales, lo que obliga a establecer acuerdos entre países y entre niveles de gobierno para su combate.
Creo que debió reconocerse la globalidad del problema y al igual que se generaron “reformas estructurales” para resolver los problemas de la deuda externa y los déficit fiscales con un consenso regional, en este caso el “Consenso de Washington”, debió haberse buscado una estrategia global para atender el problema de las drogas, pues no se redujo la demanda y menos se establecieron controles para el tráfico de armas del norte hacia el sur. Las bandas criminales lograron hacerse, en primer lugar, de recursos humanos altamente capacitados en el manejo de moderno armamento (por la deserción del ejército y por los beneficios económicos que ofrecen), así como de armas que les permiten enfrentar al Estado y su capacidad de fuego.
No se logró el establecimiento previo de una estrategia de inteligencia, un diagnóstico de la capacidad y lealtad existente en los cuerpos de seguridad (el llamado ahora “control de confianza”) para lograr su limpieza de infiltrados, y no se construyó oportunamente el consenso con autoridades locales para alcanzar el mando policial único que organizara las acciones de las dependencias involucradas (tema que se atoró en el Congreso). Por otra parte, tampoco se afinaron los controles del dinero proveniente del comercio ilegal. Montero señala atinadamente que en el Programa Sectorial de Seguridad Nacional (PSN) se establecen responsabilidades para varias dependencias, pero no se asignan responsabilidades claras a la Secretaría de Hacienda para el combate al lavado de dinero.
El análisis de Montero me parece fundamental cuando afirma que la estrategia actual de combate al crimen organizado se ha limitado “a fortificar las capacidades policiales que responderán a las acciones cometidas por las organizaciones criminales, con el fin de que el Estado mexicano esté mejor preparado para reaccionar y no para prevenir o reducir las acciones criminales”. No se están atendiendo las causas, que requieren una atención diferente al uso de la fuerza policial.
En mi percepción personal, siempre he considerado que la prevención y la educación que ello supone, es fundamental para la atención de problemas sociales contemporáneos; en la población en general, pero particularmente entre los jóvenes, hay una baja percepción de riesgo en el consumo de drogas, tanto las legales como el alcohol y el tabaco, y las ilegales como la mariguana, cocaína, crack y otras, además de una extrema facilidad para obtenerlas. Aquí hay una política pública que de implementarse adecuadamente puede incidir en las causas, en la reducción de la demanda, y no sola y exclusivamente en el fortalecimiento de la fuerza y la capacidad de fuego que, hemos visto, no ha resuelto el problema.
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