Por 41 mdp, el presunto desvío de recursos de Edith Mendoza en Tulum: Auditor Superior

CHETUMAL, MX.- El Auditor Superior del Estado, Emiliano Novelo Rivero, informó que la denuncia penal presentada en contra de Edith Mendoza Pino derivó de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tulum ejercicio fiscal 2011, en la que se detectaron irregularidades por casi 78 millones de pesos, de los cuales 41 millones de pesos tienen relación con hechos probablemente constitutivos de delito, por lo que sólo por esta segunda cantidad se procedió a solicitar la acción de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Asimismo, explicó que este procedimiento penal es independiente del juicio político que tiene en trámite el Congreso del Estado, y que inició por una denuncia de irregularidades por sólo 8 millones de pesos, y también es adicional a los procedimientos resarcitorios y administrativos que todavía deberán realizarse para recuperar otros 36 millones de pesos faltantes detectados en la revisión de la cuenta pública.
Acompañado por el Director Jurídico de la Auditoría Superior del Estado, Adolfo del Rosal Ricalde, y el Auditor Especial Financiero, Manuel Palacios Herrera, Emiliano Novelo indicó que la Auditoria Superior del Estado presentó la denuncia penal ante la PGJE el 17 de octubre pasado, en Cancún, después de descubrir que en el uso irregular de 41 millones de pesos del presupuesto 2011 de Tulum se incurrieron también en hechos probablemente constitutivos de delito.
La cantidad precisa por la que se presentó la denuncia penal, y que causó hoy que la PGJE detuviera a la expresidenta municipal Edith Mendoza Pino, es de 41 millones 356 mil 802 pesos, que no sólo representan daños al patrimonio del municipio, sino que en la investigación se encontraron indicios de que dichos faltantes se derivan de presuntos actos delictivos cometidos por los entonces funcionarios municipales, explicó el auditor superior.
De ese faltante, 20 millones 297 mil 705 pesos corresponden a irregularidades en el ejercicio del gasto para obras públicas, y 21 millones 59 mil 97 pesos tienen relación a la recaudación de ingresos, porque se tratan de exenciones de Impuesto Predial concedidas de manera ilegal, expusieron.
El Auditor Superior del Estado explicó que las acciones emprendidas derivan de la revisión de la Cuenta Pública que de manera ordinaria le corresponde realizar al organismo, por lo que es independiente del juicio político que está en trámite contra Edith Mendoza Pino en el Congreso del Estado y que inició por una denuncia en la que fue acusada del mal manejo de 8 millones de pesos de recursos públicos.
Manifestó que, por su parte, el órgano superior de fiscalización realizó la revisión ordinaria de la Cuenta Pública del Municipio de Tulum correspondiente al 2011, y el pasado 5 de septiembre entregó al Congreso del Estado el informe final de resultados de esa auditoría, en el que se reportó la detección del ejercicio irregular de recursos públicos por 77 millones 836 mil 559 pesos.
Expuso que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado ya revisó ese informe de cuenta pública y el pasado 15 de noviembre emitió un dictamen en sentido negativo, debido a las irregularidades que la Auditoría Superior del Estado detectó; pero dicho dictamen todavía no ha pasado al pleno de la XIII Legislatura, que es la que debe ordenar el inicio del procedimiento resarcitorio de los recursos faltantes.
Explicó que no todas las irregularidades que se detectan en la Cuenta Pública derivan en procedimientos penales, por lo que sólo se presentó la denuncia por los 41 millones 356 mil 802 pesos en los que se encontraron hechos probablemente constitutivos de delitos; mientras que para la recuperación de los otros 36 millones 479 mil 757 pesos, por el momento sólo se ameritan procedimientos resarcitorios de daños y procedimientos de sanción administrativa.
En este sentido, Adolfo del Rosal Ricalde, director Jurídico, describió que el proceso administrativo es aquel que deriva de faltas que no necesariamente implican un daño patrimonial, y le corresponde aplicarlo a la Contraloría Municipal; mientras que el proceso resarcitorio es el que si implica daño patrimonial, por lo que se realiza para obligar a los funcionarios responsables a devolver el dinero faltante, y ese procedimiento lo aplica directamente la Auditoría Superior del Estado.
En el caso de las faltas que también implican probables delitos, la Auditoría Superior del Estado tiene la obligación legal de denunciarlos a la PGJE, aunque no se haya concluido en el Congreso del Estado la calificación del informe de la cuenta pública que le presentó, y fue por eso que presentaron la denuncia correspondiente el pasado 15 de octubre, en Cancún, explicaron.
En este sentido, dijo que la Auditoría Superior del Estado se encuentra a la espera de que el pleno del Congreso del Estado someta a votación el dictamen del informe de la Cuenta Pública 2011 de Tulum, a fin de que se le ordene el inicio de los procedimientos resarcitorios, que son los que se efectúan para obligar a devolver el dinero a los funcionarios responsables de los faltantes.
En este caso, dijo que por 36 millones de pesos sólo se detectaron faltas que derivan en procesos resarcitorios y administrativos, a diferencia del caso de los poco más de 41 millones en los que si detectaron presuntos actos delictivos y que fueron la causa de la denuncia penal por la que fue detenida la exalcaldesa Edith Mendoza Pino.
Asimismo, Emiliano Novelo Rivero agregó que el Ministerio Público será el encargado de investigar y decidir sobre quienes son los responsables, en caso de existir más de uno, sobre este enorme desfalco económico.
Adicionalmente, dijo que el Congreso del Estado también puede ordenar que se amplíe la auditoría realizada para detectar si no existieron otros malos manejos de recursos, además de ordenar el inicio del procedimiento resarcitorio. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)