Apunta a Latifa Muza la desaparición de la mayor parte del dinero del desfalco a Cancún, pero aún prevalece desinformación: Comité

Posted on enero 09, 2013, 11:56 pm
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0901max_vegaCANCÚN, MX.- De los 229 millones de pesos del empréstito de 2010 fueron desviados 163 millones de pesos durante la administración de Latifa Muza Simón, por lo que se cometió el delito de peculado, afirmaron los integrantes del Comité de Transparencia, Maximiliano Vega Tato, José Luis García Zalvidea y Raúl Arjona Burgos.

Latifa Muza Simón, ex encagada de despacho del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Latifa Muza Simón, ex encagada de despacho del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Señalaron que de plano Muza Simón se negó a recibirlos, y pese a la disposición inicial ya no fluyó la información oficial prometida por Julián Ricalde, y para colmo el día que el ex tesorero, Carlos Trigos, les entregaría toda la información fue detenido.

Asimismo, informaron que no tienen completa toda la documentación relacionada con facturas o cheques sobre el destino que tuvieron esos millonarios recursos, pero advirtieron de la posibilidad de complicidades y cuestionaron el porqué la administración de Ricalde Magaña se llevó dos años para presentar la denuncia.

Anunciaron que solicitarán la información a través del Instituto de Transparencia y aclararon que no presentarán ninguna denuncia penal sino simplemente buscan aclarar qué pasó con el empréstito de los 229 millones de pesos del Decreto 166 que fue autorizado para la realización de 18 obras públicas que no se hicieron o se dejaron a medias.

En el comunicado al que Max Vega dio lectura se indica que no han podido precisar sin margen de duda alguna el destino del resto de los 229.6 millones de pesos que quedó después de pagar Comisión de Apertura a Banorte por 6 millones de pesos y anticipos a constructoras de obra pública por aproximadamente 60 millones de pesos, por lo que el restante, o sea, 163 millones están por esclarecerse.

Precisaron que el 18 de septiembre de 2009 el Decreto 166 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado y ahí quedó establecido que el empréstito en cuestión sería pagadero a 10 años teniendo como garantía los ingresos municipales por participaciones federales; el 28 de diciembre de 2009 el municipio de Benito Juárez celebró un contrato de apertura de crédito con Banorte por la cantidad autorizada en el Decreto 166.

El 14 de abril de 2010 (Gregorio Sánchez ya no estaba al frente de la alcaldía) el Ayuntamiento recibió a través de la cuenta Banorte 0638275250 aperturada para ingresar el empréstito, la cantidad de 229 millones 656 mil 192.28 pesos de acuerdo con los registros contables encontrados.

Y el 30 de abril de ese mismo año el dinero fue traspasado de Banorte a la cuenta HSBC 4041784919 por la cantidad de 223 millones 283 mil 192.28 pesos, 6 millones restantes fueron retirados por Banorte por gastos de apertura de crédito.

“La cuenta HSBC 40417984919 por 223 millones 283 mil 192.28 pesos está registrada a nombre del municipio de Benito Juárez y es utilizada para operar principalmente gasto corriente, lo que constituye una aparente irregularidad debido a que para fines de transparencia y control, los recursos para inversión deben manejarse en cuentas ex profeso y no mezclarse recursos de otro origen”.

Arjona Burgos exhibió un desplegado publicado por el Ayuntamiento y firmado por Ricalde Magaña hace dos años en donde se detalla el nombre de las empresas y los montos pagados a cada una de ellas.

En el documento se indica que la Comuna recibió 229 millones 656 mil 192.28 pesos, 6 millones fueron pagados por apertura, al 9 de abril de 2011 habían sido pagados 60 millones 722 mil 863 pesos y había faltante de 162 millones 560.328 .66 pesos.

En el punto 10 de esa publicación se indica que el monto pagado hasta el 9 de abril de ese año se corroboró que 23 millones 529 mil 776.63 pesos correspondían a saldos pendientes por amortizar, o sea, que “se trata de obras pagadas pero no ejecutadas”. (Fuente: diario Quequi)

DESTACAN OMISIÓN DE EX DIPUTADA LAURA FERNÁNDEZ PIÑA EN DESFALCO

CANCÚN, MX.- La Auditoría Superior del Estado y la ex presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuenta Pública, Laura Fernández Piña, también tienen responsabilidad en la desaparición del crédito por 229.6 millones de pesos porque debieron vigilar puntualmente la aplicación de los recursos cada mes, dijeron ayer los miembros del Comité de Esclarecimiento de los Financiamientos al Ayuntamiento Benito Juárez.
Los miembros de dicho comité, Max Vega Tato y Raúl Arjona Burgos, destacaron que la detención del ex tesorero Carlos Trigos Perdomo y la negativa de la ex alcaldesa Latifa Muza Simón y la ausencia de continuidad con el actual presidente municipal Julián Ricalde Magaña “nos han impedido avanzar en la investigación”.
Mencionaron que todo indica que se trata de un desvío de recursos del crédito, a otro destino aún indeterminado, y que quienes tienen la información, las autoridades municipales, saben perfectamente bien a dónde fue a parar ese dinero que, si sólo se desvió a gasto corriente legal, estaría mal y seguirá siendo un delito hasta hoy impune, pero si fueron a otro destino se podrían tipificar delitos más graves.
Y ante tal situación dijeron que estudian la posibilidad de solicitar estados de cuenta bancarios y financieros del municipio Benito Juárez al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (Itaipqroo).
Pero lo que es un hecho real, indicaron, es que el decreto 166 de la XII Legislatura del Congreso del Estado autorizó al ayuntamiento de Benito Juárez contratar un crédito por 229.6 millones de pesos.
Y también destacaron que en el artículo Segundo Transitorio establece que el Organo Superior de Fiscalización y la ex diputada presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuenta Pública, Laura Fernández Piña, debieron “verificar que las operaciones de crédito se realicen conforme a las disposiciones aplicables”.
Además recordaron que debieron formular las observaciones que deriven y “realizar las visitas o auditorías mensuales para verificar el estado real del empréstito que se contrae a través del presente decreto”.
Reiteraron que en su momento tuvieron la responsabilidad de “revisar y verificar los procesos de adjudicación, administración y ejecución de las obras que con los mismos se financien”. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)

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