Sin cumplir los dos meses en el cargo, el 24 de noviembre de 2009 subió a la tribuna del Congreso y presentó una propuesta para que las obras portuarias quedaran exentas de la prohibición de dañar el flujo hidrológico en las zonas de manglar.
Sin embargo, la iniciativa no prosperó.
Ahora, el mandatario estatal ha colocado a dos incondicionales al frente de dependencias federales clave en materia de protección al ambiente, lo que ha despertado cierta inquietud entre los grupos ambientalistas.
Uno de ellos es Raúl Omar González Castilla, quien hace unos asumió como delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y antes despachaba como titular de la Secretaría Estatal del Medio Ambiente (SEMA).
La exsenadora del PVEM, Ludivina Menchaca Castellanos, quien la víspera fue designada, a su vez, delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“Todo ello es grave. Estamos de luto”, dice Guadalupe Álvarez Chulim, presidenta de la agrupación Cielo, Tierra y Mar (Citymar) de Cozumel.
La ambientalista lamenta la designación de González Castilla, primo del exgobernador Félix González Canto y del alcalde de Cozumel, Aurelio Lito Joaquín González.
Álvarez Chulim advierte que con estos movimientos Borge Ángulo busca tener funcionarios a modo para sacar adelante proyectos que afectan al medio ambiente, como el Parque Eólico de Cozumel, el Dragon Mart de Cancún y el delfinario de Puerto Morelos.
“Pone a Raúl Omar porque al gobernador le interesa tener un pelele en la Semarnat”, cuestiona.
Hasta ahora, los grupos ambientalistas han logrado frenar proyectos como un complejo hotelero en Xcacel-Xcacelito, hoy municipio de Tulum.
Además, detuvieron la deforestación de una reserva de amortiguamiento ambiental en Cancún, donde se buscaba edificar la nueva sede del palacio municipal, así como una estación de transferencia de combustibles en Puerto Morelos.
Antes de fungir como titular de la SEMA, González Castilla fue director de Licencias y Patentes en la Secretaría de Hacienda estatal, también dentro de la administración de Borge.
“Están poniendo a alguien que no sabe nada del medio ambiente”, alerta Álvarez Chulim.
En días pasados, González Castilla, aún como titular de la SEMA, señaló que los estados del sur-sureste del país alistan un proyecto para reformar el artículo 60 ter de la Ley de General de Vida Silvestre (LGVS).
“Es una preocupación no sólo de Quintana Roo, sino de todos los estados del sur-sureste. Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Tabasco, inclusive el mismo Oaxaca de poder meternos a trabajar en una propuesta e irnos a la Cámara de Diputados”, dice la ambientalista en entrevista en el parque de Las Casitas, en Chetumal.
Guadalupe Álvarez, también defensora del medio ambiente, refiere que el parque eólico de Cozumel fue rechazado en la administración anterior, aunque aclara que sus promotores hicieron modificaciones al proyecto y presentaron de nuevo la solicitud ante la Semarnat para obtener la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Por ello, no duda en que González Castilla firmará cualquier proyecto que recomiende el gobernador.
La activista recordó que recientemente González Castilla acudió a Cozumel a una reunión del Comité del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), pero se reiteró súbitamente, cuando la representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Alejandra Serrano, cuestionó los cambios que promueve el alcalde Joaquín González.
“Se fue y nunca más le vimos la cara. Nos vio como tontos. Pensaba que, como los regidores, íbamos a aprobar todo lo que les ponen”, dice.
Por otro lado, cuenta que el desempeño de Menchaca Castellanos como senadora fue “entre azul y buenas noches”.
Aniceto Caamal, de la agrupación Moce Yax Cuxtal, de Playa del Carmen, lamenta que se privilegie la política sobre el medio ambiente en las delegaciones de la Semarnat.
“Se necesita pensar en personas que tenga visión en la protección del medio ambiente; si no se le presta atención al cuidado de los recursos naturales, Quintana Roo muy pronto estará en riesgo”.
Y advierte la necesidad de que la Semarnat y la Profepa dejen de ser usadas como “trampolín político”. (Fuente: Proceso)