Con motivo de su día, es preciso criticar con severidad que la mujer está desamparada por vacíos legales terribles. Su integridad está en riesgo constante debido a una miopía criminal de legisladores, no de ministerios públicos ni abogados, quienes deben actuar conforme a ley.
El dato es tan claro como perturbador: en 14 estados es legal que el hombre asesine y maltrate por celos a su mujer, según sus códigos penales. Legal, porque la ley actual –con reformas matizadas en el caso de Quintana Roo– lo exime de cárcel si paga multa en caso de argumentar afectación en su honor. No lo exenta de su responsabilidad, que es diferente, pero el proceso puede enfrentarlo en libertad.
Esto no ocurre con las mujeres, quienes son condenadas con más rigor cuando atenta contra la pareja aunque justifique la violencia, en esas mismas entidades. Es aberrante.
De entrada, en Quintana Roo el delito de violencia familiar no es grave. Quien lo cometa, pues, alcanza caución.
Por violencia –y aquí el otro problema– debe entenderse cuando el cónyuge la comete para someterla, es decir, cuando la aplica para imponer su voluntad. No es igual a lesiones, aunque los agentes del Ministerio Público consultados no saben definir con precisión cuándo se comete una u otra. La línea que separa a ambos delitos es tan fina que tienden a confundirlos y, por tanto, cuesta clasificarlos en la averiguación previa.
Otra arista polémica: cuando la mujer presenta denuncia por violencia familiar en cualquiera de sus modalidades (física, sexual, patrimonial, económica y moral), el Ministerio Público está obligado a solicitar al victimario un dictamen especial para comprobar el delito. Para acreditarlo, la sicóloga de la Procuraduría debe aplicarlo aun cuando el generador de violencia no está obligado a presentarse, no hay método jurídico para someterlo, por lo cual el delito queda impune.
Claro, la dificultad para comprobarlo existe en la modalidad sicológica porque en la sexual hay métodos infalibles. La violencia sicológica es la más dañina según los expertos, pero, como se demuestra aquí, la más complicada para demostrarla.
Supongamos que el acusado asiste “obligado” (por una de esas formas poco sutiles de la Judicial), escucha la acusación, se le advierten los riesgos legales y las pruebas son contundentes; si él no consiente el examen sicológico, la averiguación pierde validez y el expediente terminará en el archivo.
Lo anterior solo motiva la violencia contra las mujeres en lugar de protegerlas ya que premia a los violentos.
Los legisladores locales tienen trabajo. Los de ahora nada podrán hacer, están más ocupados en negociar sus aspiraciones para el próximo proceso electoral, no así los que postulan a una curul, a quienes se debe exigir claridad, congruencia y justicia en la materia. Tienen que enmendar leyes y reformular instituciones considerando no solo las necesidades jurídicas, sino las sociales y culturales.
En Quintana Roo son 7 diputadas de 25 legisladores en funciones, o sea, las necesidades propias de ellas están relegadas. Que den el primer paso robusteciendo las medidas de protección contra la maltratada, como la prohibición que el golpeador se acerque al domicilio cuando inicie la averiguación previa. El Ministerio Público posee facultades que no aplica según por falta de recursos y personal. Lo reprochable es que dinero para justicia, a fin de cuentas, siempre falta.
Es necesario construir un Centro de Atención a Víctimas del Delito, sobre todo en la Zona Norte del estado, para albergar a víctimas y orientarlas en cómo seguir una vida normal. Hoy debe dormir con el agresor durante todo el proceso si es que no puede, pues nadie la ampara. Ello explica que el 80 por ciento desista y concilie.
En 2011 hubo 581 averiguaciones precias por violencia familiar; en 2012, bajó a 489, y hasta el 5 de marzo pasado sumaban 93. Si bien no es grave, es un delito denunciado, por lo mismo debe ser atendido con meticulosa seriedad debido a los innumerables daños colaterales.
Por lo pronto, un abogado astuto y una fianza evitan que el homicida pise la cárcel. Así de simple, así de aterrador, así de vergonzoso.
DESORBITADO…
En Campeche el homicida puede presentar como única prueba la “sospecha” de que su pareja iba a tener un acto carnal para justificar el asesinato. Algo similar ocurre con el otro vecino, Yucatán.
Además de los tres estados de la Península, 11 más contemplan el homicidio por razón “de honor” o infidelidad conyugal: Baja California norte y sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
