CANCÚN, MX.- La contralora municipal, Reyna Arceo Rosado, dijo que medio centenar de funcionarios están obligados a renunciar, a partir del 30 de septiembre próximo, y no están en condición de pedir ningún tipo de indemnización, a diferencia del personal de confianza y el sindicalizado.
Explicó que además hay otros 100 trabajadores que están en condiciones “similares”, que se trata de personal que labora en varias dependencias municipales, como abogados, contadores públicos y otros, que fueron contratados por un período de tiempo, que llegará a su fin al término de esta administración municipal.
En el caso de los directores, éstos saben de antemano que tienen que presentar su renuncia, y sólo les corresponde obtener el finiquito de ley, y no pretender una indemnización, debido a que cuando fueron contratados sabían que al arribo de otro ayuntamiento, el nuevo presidente municipal trae su propio equipo de trabajo.
Como empleados de confianza, (los directores) desde que entramos también lo hacemos con nuestra renuncia, y al momento de salir sólo se nos paga un finiquito, pero ninguna otra prestación, y menos indemnización, señaló Arceo Rosado.
Entrevistada al término de una reunión con el resto del gabinete municipal, dijo que en la administración municipal hay otro tipo de personal de confianza, que lleva más de 10 años, y a la que en caso de despido, si tendrían que liquidar, pero no es el caso de los funcionarios de primer nivel, que están obligados a renunciar.
“En esta administración son 42 directores “que tenemos la obligación de presentar la renuncia”.
Dijo que ya corresponde a los nuevos directores pedir la renuncia al personal que sea de confianza y no tenga un cargo de dirección.
Dijo que ya corresponde a los nuevos directores pedir la renuncia al personal que sea de confianza y no tenga un cargo de dirección.
Por último, ofreció que antes que termine este gobierno, rendirá un informe de las denuncias interpuestas contra exfuncionarios de la pasada administración, por diversas irregularidades en el ejercicio público, y que ya es cuestión de la Procuraduría de Justicia del Estado proceder en consecuencia. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
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