“La cárcel es la universidad del crimen” reza la frase que se ha convertido en un dicho popular que a menudo escuchamos y repetimos, pero que para los encargados de nuestra seguridad no significa nada.
La trillada expresión es una gran verdad digna de reflexión y profundo análisis, pues para un delincuente menor o de baja peligrosidad resulta sumamente perjudicial ir a parar a un reclusorio o penal, por más pequeño que éste sea.
“La cárcel es la universidad del crimen” es una gran verdad que nuestros gobiernos municipales, administraciones de cárceles, responsables de la seguridad pública, gobernador del estado y legisladores, principalmente, ya deberían de analizar a conciencia para verdaderamente ponerse a trabajar en reformas, leyes locales y reglamentos internos de penales que permitan que las mujeres y hombres acusados de faltas o delitos menores puedan alcanzar su libertad realizando trabajos y servicios sociales en beneficio de los quintarroenses. Con esto se repararía un daño hecho a la sociedad, evitando que se conviertan –como hasta hoy– en una pesada carga económica y en delincuentes potenciales.
Es bien sabido que nuestras saturadas cárceles, principalmente de los municipios Benito Juárez y Othon P. Blanco, están muy lejos de ser centros de readaptación o reformatorios de delincuentes, por lo que crear leyes estatales y reglamentos municipales para evitar que los peligrosos y no peligrosos se reúnan y convivan no solamente evitaría que simples ladrones “hormiga” o borrachos golpeadores –por decir algo– se conviertan en peligroso maleantes, sino que reduciría significativamente la carga económica de las administraciones públicas, estatal y municipales.
Situación
Hoy día, nuestras prisiones están repletas de personas que no pueden alcanzar su libertad porque no tienen recursos para pagar una multa, por mínima que ésta sea, y también –porque no decirlo– de cientos de vagos y vividores que prefieren estar adentro, porque tienen techo y comida segura sin hacer el menor esfuerzo.
Lejos de hacernos un mal, estas personas deberían de poder alcanzar su libertad haciéndonos un bien común. Podrían hacerlo embelleciendo los abandonados parques y áreas de esparcimiento, remozando deteriorados planteles educativos, limpiando nuestras sucias playas públicas, pintando guarniciones, incluso, educando personas analfabetas. Hay muchos problemas sociales comunes en los 10 municipios de la entidad, que bien podrían ser atendidos de esta manera.
Ejemplo del daño
La cárcel de Cancún supera su capacidad en más del 400%; es decir, sus instalaciones fueron creadas para albergar a 300 internos y actualmente cuenta con cerca de mil 400, de los cuales, el 35% no estaría ahí si el trabajo o servicio social estuviera considerado como medida legal para resarcir daños o delitos menores hechos en contra de los benitojuarenses, además, este 35% nunca hubiera tenido contacto directo con el 30% que es juzgado por delitos federales y de alto impacto.
Costo del daño
Estudios demuestran que un recluso nos cuesta a los quintanarroenses cerca de ¡200 pesos diarios y que uno de cada tres pesos del presupuesto para la seguridad se destina a las cárceles!, cifras que hacen más evidente la magnitud de la problemática, pues Quintana Roo es de las entidades con mayor proporción de población en prisión preventiva junto con Baja California Sur, Tabasco y Jalisco.
El meollo del asunto es que si ya no queremos seguir manteniendo y produciendo delincuentes profesionales –como hasta ahora lo hemos hecho– es momento de ponerse a trabajar con seriedad y decisión, teniendo siempre presente que “la cárcel es la universidad del crimen”.
