CHETUMAL, MX.- A partir del año 2007, el Estado de Quintana Roo se ha convertido de manera cada vez más marcada y preocupante en una Entidad dependiente de la deuda pública, pues a partir de ese año, de manera sostenida y creciente el Gobierno local ha tenido que solicitar empréstitos de largo y corto plazo para completar los recursos que necesita para financiar su gasto.
Los informes sobre deuda pública contenidos en las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado, disponibles en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda, indican que es a partir del 2007, cuando todavía no pasaba la mitad del gobierno de Félix González Canto, cuando la deuda pública comenzó a tener una marcada tendencia a la alza, que no se ha detenido a la fecha, acompañada también por la anual contratación de créditos de corto plazo para completar los ingresos propios y de recursos federales del gobierno.
Si bien los gobiernos de Mario Villanueva Madrid y Joaquín Hendricks Díaz hicieron uso de los créditos bancarios para financiar también parte del gasto público del Gobierno del Estado, la cantidad de empréstitos que se ha contratado a partir del 2007 supera en mucho los créditos contratados por ambos gobernantes, pero además, reflejan ya no el uso de un recurso adicional como estrategia de desarrollo, sino una dependencia respecto al endeudamiento para tapar agujeros deficitarios anuales en el presupuesto estatal.
En otras palabras, como ya lo han señalado las calificadoras financieras que evalúan la calidad crediticia de Quintana Roo, el Gobierno de Quintana Roo ha venido operando con crecientes déficits presupuestales, es decir, con un gasto que crece a un ritmo más rápido que el de sus ingresos, y para cumplir los compromisos que va dejando pendientes cada año ha tenido que recurrir a más préstamos.
Las calificadoras advertían que a partir del próximo año la situación financiera del Estado podría volverse insostenible, porque en 2014 se comenzarán a realizar pagos mensuales de la deuda a largo plazo, que está en período de gracia desde el 2012, por lo que recomendaron el recorte del gasto operativo, razón por la cual el Gobierno del Estado encabezado por Roberto Borge Angulo ha anunciado medidas para profundizar su política de austeridad, desapareciendo secretarías y organismos descentralizados, cuyas funciones serán fusionadas a otras dependencias, y reduciendo los sueldos de los altos funcionarios estatales y municipales, así como estableciendo una homologación de niveles salariales para evitar la fijación arbitraria de percepciones onerosas.
Para eso, también se realizará el refinanciamiento de la deuda a corto plazo actual del Estado, de 4 mil 984 millones de pesos, a fin de que no se tenga que pagar en un plazo de seis meses, sino hasta en 15 ó 25 años, lo cual quitará presión a las finanzas del Estado, pues será menos el dinero que cada mes estará comprometido al pago de deudas.
Como se ha informado, con esta operación de refinanciamiento la deuda directa a largo plazo del Gobierno del Estado llegará a la cifra de 15 mil 954 millones de pesos, después de haber estado en 10 mil 970 millones durante dos años.
Sin embargo, los dos últimos incrementos de la deuda directa a largo plazo se han debido a refinanciamientos de créditos a corto plazo que el Gobierno del Estado ha tenido que contratar para solventar su déficit presupuestal, y de los que en 2011 se refinanciaron más de 5 mil millones de pesos y ahora se refinanciarán 4 mil 984 millones de pesos de créditos a corto plazo.
Saldos de la deuda pública
Conforme a los datos de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado, el gobierno de Mario Villanueva Madrid dejó una deuda pública de largo plazo de 330 millones 752 mil pesos; el gobierno de Joaquín Hendricks Díaz la elevó a mil 651 millones 102 mil pesos; y la administración de Félix González Canto dejó un saldo a largo plazo de 6 mil 562 millones 617 mil pesos.
Sin embargo, a diferencia de sus antecesores, el gobierno de Félix González Canto dejó, además, deuda a corto plazo por más de 4 mil millones de pesos a su sucesor, Roberto Borge Angulo, que como consecuencia tuvo que refinanciar la deuda pública en el primer año de su gobierno, en septiembre de 2011, para aplazar los pagos de la deuda a largo plazo que se tenía entonces, que era de 5 mil 434 millones 458 mil 407 pesos, pero además cambiar a largo plazo un saldo de 5 mil 293 millones 532 mil 736 pesos de créditos a corto plazo que apretaban sus finanzas mensuales.
Así, la deuda pública a largo plazo del Gobierno del Estado se ubicó en los 10 mil 970 millones de pesos, saldo que se tenía hasta diciembre del 2012, pero como el déficit financiero de la administración estatal no ha cedido y tampoco pudo conseguir los 2 mil 500 millones de pesos en préstamos de la Bolsa de Valores que le autorizaron contratar, la administración de Roberto Borge Angulo no ha pudo librarse en el primer semestre del año de la dependencia respecto a los créditos a corto plazo.
Por eso, los créditos a corto plazo han alcanzado los 4 mil 984 millones de pesos y el Gobierno del Estado los refinanciará a largo plazo para no tener que quedarse más corto de dinero en los siguientes meses por la presión de los vencimientos.
Sin embargo, con esta operación de refinanciamiento, la deuda pública a largo plazo del Estado se elevará a la cifra de 15 mil 954 millones de pesos, lo cual también hace necesaria la realización de las medidas de reducción del gasto operativo del Gobierno del Estado, porque si bien en el corto plazo no se tendrá que realizar pagos a la banca, a partir del 2014 se termina el periodo de gracia en el que está el saldo de 10 mil 970 millones de pesos refinanciado en 2011, y se tendrá que iniciar con las amortizaciones mensuales.
Adicionalmente, el uso de créditos a corto plazo ha sido creciente en estos últimos seis años, pues desde 2007 la Cuenta Pública del Gobierno del Estado refleja saldos anuales de estos empréstitos: en 2007 fueron de 580 millones de pesos; en 2008 llegaron a 650 millones de pesos; en 2009 subieron a mil 430 millones; en 2010 fueron de 2 mil 600 millones de pesos; y en 2011 alcanzaron los 5 mil 293 millones de pesos.
Al final, estos créditos a corto plazo se han sumado para convertirse en deuda a largo plazo, y ahora lo harán también al refinanciarse los 4 mil 984 millones de pesos de la última autorización dada por el Congreso del Estado el pasado 16 de julio.
Momentos clave del crecimiento de la deuda
Los créditos a largo plazo del Gobierno del Estado comenzaron a tener un crecimiento constante a partir del gobierno de Joaquín Hendricks Díaz, pues si bien Mario Villanueva Madrid hizo uso de algunos créditos, no fue de manera tan sostenida como a partir del 2001.
El 30 de enero de 2001, mediante el decreto 72 de la IX Legislatura, se autorizó a Joaquín Hendricks Díaz la adquisición de 900 millones de pesos en créditos para obras públicas, entre las que se encuentran la modernización de la carretera Cafetal – Majahual, la carretera Playa del Carmen – Nuevo Valladolid, la modernización de la avenida Álvaro Obregón de Chetumal, y la introducción de agua potable a la colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen, como sus obras principales.
El 17 de noviembre de 2003, mediante el decreto 79 de la X Legislatura, se aprueba el refinanciamiento de mil 480 millones de pesos, en bonos bursátiles.
E
n ese momento, se supo que el gobernador Joaquín Hendricks había contratado otros 400 millones de pesos en créditos a largo plazo usando el decreto 98 de la VII Legislatura, dado a Mario Villanueva Madrid en marzo de 1995 para contratar 840 millones de pesos, del cual sólo se había usado una parte.
El 26 de octubre de 2004, con el decreto 129 de la X Legislatura, se autorizaron empréstitos por mil 613 millones 610 mil 539 pesos, para refinanciar mil 263 millones 610 mil 539 pesos en deuda ya existente, mientras que 350 millones eran nueva deuda.
En el saldo refinanciado se incluían 200 millones de pesos de créditos a corto plazo. Además, se cambió toda la deuda a pesos, porque antes estaba en UDI’s y por tanto, aunque se abonara, su saldo no bajaba.
En esa ocasión también se abrogó el decreto 79 del 2003, porque no se pudieron emitir bonos bursátiles para refinanciamiento autorizado entonces.
El 9 de noviembre de 2006, mediante el decreto 109 de la XI Legislatura, se autorizó al gobernador Félix González Canto el refinanciamiento de mil 257 millones de pesos del saldo de la deuda pública a largo plazo, a través del recién creado Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado (INDEFIN).
Entonces, se informó que al 30 de septiembre de 2006 la deuda a largo plazo era de 757 millones de pesos con Banorte y 500 millones con Scotiabank, más 20 millones de costo de operación del refinanciamiento.
El 25 de noviembre de 2008, con el decreto 66 de la XII Legislatura, se autorizó la contratación de créditos por hasta mil 900 millones de pesos a 20 años, etiquetados a una relación de obras; se preveía asignar 270 millones de pesos a un fondo de contingencias y tener dinero para completar aportaciones al FONDEN para que aterrizaran recursos para reconstrucción de desastres causados por huracanes.
De ese techo financiero, 700 millones se contrataron con Banobras en diciembre del 2008 y los restantes mil 200 millones, durante el 2009.
El 10 de diciembre de 2009, con el decreto 196 de la XII Legislatura, se autorizó el refinanciamiento de 2 mil 661 millones de pesos, de los créditos derivados de los decretos 129 del año 2004 y del decreto 66 del año 2008, para reestructurarlos a 20 años.
El 19 de octubre de 2010, con el decreto 308 de la XII Legislatura, se contrataron empréstitos por 2 mil 700 millones de pesos a 20 años, planteados como estrategia de financiamiento por el gobierno de Félix González Canto en previsión de una disminución de recursos federales en 2011 a causa del presupuesto federal deficitario presentado por Felipe Calderón Hinojosa, así como por los efectos de crisis financiera y de la crisis sanitaria de la influenza en la recaudación propia.
El 22 de septiembre de 2011, el decreto 16 de la XIII Legislatura autorizó al gobierno de Roberto Borge Angulo el refinanciamiento de la deuda a largo plazo, que a la fecha tenía saldo de 5 mil 434 millones 458 mil 407 pesos, derivado de los decretos 196 y 308, a un plazo de 25 años.
Además, con el decreto 17 de la misma fecha, se autorizó refinanciar a largo plazo los créditos a corto plazo que a esa fecha tenían saldo de 5 mil 293 millones 532 mil 736 pesos.
Al mismo tiempo, con el decreto 18, se dio autorización al titular del Ejecutivo para colocar bonos de deuda por 2 mil 500 millones de pesos, los cuales no se han podido colocar en la Bolsa de Valores a la fecha.
Finalmente, el 16 de julio de 2013, la XIII Legislatura autorizó el refinanciamiento de 4 mil 984 millones de pesos de créditos a corto plazo, que se sumarán a la deuda a largo plazo. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
