Luego del “carro completo” que obtuvo el PRI en las últimas elecciones locales y con los diez presidentes municipales de extracción tricolor instalados en sus despachos, la selección de sus respectivos equipos de trabajo ha sido la ocasión para que algunos funcionarios con probada cola que le pisen, continúen acrecentándola.
De acuerdo con un recuento de la revista Luces del Siglo, durante estos días en que los alcaldes componen su gabinete, vuelven a sonar nombres que continúan en la esfera de la administración pública. Personajes como Oscar Alfredo Conde Canto o Edwin Argüelles González, sólo por nombrar a dos de estos funcionarios sobre los que pesan acusaciones de irregularidades, delitos electorales, actos violentos e incluso inhabilitaciones, entre otras acciones condenables.
En el municipio de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, se alabó en varios medios la conjunción entre experiencia y juventud. Sin embargo, tanto al equipo que llevó a cabo los trabajos de entrega-recepción, como algunos elementos del equipo de trabajo del alcalde Paul Carrillo, tienen nexos con el último priista Francisco Alor Quezada.
Ese es el caso del actual contralor, Alonso Jesús Alonzo Rodríguez, quien ocupó el mismo cargo en el trienio de Alor Quezada, y estuvo involucrado en el uso irregular de la ayuda humanitaria destinada a los damnificados del huracán “Wilma”, en 2005. Entre sus buenas acciones, Alonzo Rodríguez inhabilitó por un año para ejercer cualquier cargo público a los ex alcaldes de Cancún, Juan Ignacio García Zalvidea y Carlos Canabal Ruiz, ambos con severos señalamientos de corrupción, por no haber entregado “en tiempo y forma” sus declaraciones patrimoniales.El problema fue que actuó por línea directa del entonces gobernador.
También está Andrés Nieto Foullon, director general de Obras Públicas, cargo que también ocupó con Alor Quezada y que, junto con el ex presidente municipal, Alonzo Rodríguez, Juan Ascencio Reynoso y Norma Aguiar, fueron demandados por el delito de peculado. La ahora diputada local priísta, Marybel Villegas, los denunció por presunto desvío de 42 millones de pesos de fondos federales.
Víctor Olvera Cen también colaboró con el ex alcalde tricolor. El ahora secretario particular del presidente Paul Carrillo, fue director de Fiscalización del Ayuntamiento, aunque lo destituyó Alor Quezada en 2007, luego de solapar actos de corrupción cometidos por inspectores de esa dependencia hacia dueños de bares y restaurantes a cambio de permitir irregularidades.
En el municipio de Solidaridad, donde se localiza una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional y económico de Latinoamérica –Playa del Carmen–, el presidente municipal electo, Mauricio Góngora Escalante, también hizo algunos cuestionables nombramientos en su gabinete.
Por ejemplo, el oficial Mayor, Rafael Eugenio Castro Castro, fue secretario general del Ayuntamiento durante el gobierno de Román Quian Alcocer, de 2008 a 2011, y director de Planeación durante la gestión de Filiberto Martínez Méndez, aunque en abril de 2013 se integró como oficial Mayor del interinato de Rafael Kantún Ávila, donde, ante el desastre financiero del municipio, le tocó despedir a más de 400 empleados en tres meses.
El titular de la Dirección de Servicios Públicos, Noel Crespo Vázquez, se desempeñó durante la administración de Quian Alcocer como primer regidor. En abril de 2009, el portal Noticaribe publicó los resultados de una solicitud de transparencia sobre las obligaciones de los regidores, en donde se detalla que Crespo Vázquez , encargado de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, no llevó a cabo acciones relativas; además se señala que utilizó presupuesto para viajar a congresos nacionales totalmente ajenos a sus funciones.
Carlos Toledo Medina es el nuevo director del Instituto del Deporte municipal y hermano de José Luis Toledo Medina, actual diputado local. La familia Toledo Medina se vio envuelta en la polémica cuando la administración local colocó sellos de “decreto de caducidad” a cerca de 40 locales del mercado popular “Diana Laura Riojas” por incumplimiento de concesión, sin tocar uno solo de los ocho que pertenecen a dicho clan, aun cuando tampoco cumplen las condiciones.
Los de mayor escándalo. Pero todo eso no se compara con lo ocurrido en Cozumel. El edil entrante, Fredy Marrufo Martín, uno de los responsables directos del endeudamiento de Quintana Roo –como secretario estatal de Hacienda y presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso– no se quedó atrás con tan cuestionables nombramientos en su equipo de trabajo.
Y es que como secretario general del Ayuntamiento nombró ni más ni menos que a Edwin Argüelles González, quien apenas en agosto pasado fue demandado cuando se desempeñaba como tesorero del municipio por la empresa “Ven por tu crédito”.
La empresa, que en su querella también incluyó al entonces edil, Aurelio Joaquín González, señala que ambos funcionarios presuntamente firmaron un convenio con la compañía para que otorguen préstamos a burócratas, los cuales se iban a descontar vía nómina en tiempo y forma, pero el Ayuntamiento no entregó el dinero a la empresa.
Según la entonces regidora Rosa Sainz López, se dieron más de 600 préstamos a trabajadores municipales y el monto de la deuda asciende a 30 millones de pesos, incluyendo los intereses generados por los atrasos.
Además, la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo detectó un presunto perjuicio a las arcas del Ayuntamiento de Cozumel en 2012 por 152 mil dos pesos.
Por si fueran pocos los escándalos del nuevo secretario general, basta recordar que a unas semanas de los comicios estatales, militantes del PRD descubrieron alrededor de 10 mil despensas en un salón de baile de Cozumel, propiedad de su hermano, José Argüelles, quien además es cuñado del gobernador Roberto Borge Angulo.
“Las despensas las encontramos en el centro de espectáculos Moby Dick, que es propiedad de José Luis Argüelles. Su hermanito es cuñado de Beto Borge”, dijo en su oportunidad la candidata a primera regidora de la coalición de facto PAN y PRD al Ayuntamiento de Cozumel, Índira Guadalupe Vivas.
Otro caso es el de Antonio Baduy Moscoso, quien ahora está en la Tesorería municipal, pero fue oficial Mayor en la era del ex mandatario Félix González Canto, quien poco después, y en un turbio proceso, lo ascendió de auditor Suplente a auditor Superior del Estado, en sustitución de Emiliano Novelo. Esto a pesar de que recién el Congreso local aprobara eliminar el requisito que impedía a los aspirantes para el cargo de auditor suplente haber tenido algún vínculo inmediato en el gobierno estatal, ayuntamientos o partidos políticos.
Otro polémico funcionario que brinda sus servicios en la “Isla de las golondrinas” es Sergio Terrazas Montes, encargado de la Dirección General de Seguridad Pública.
Terrazas Montes fue miembro del gabinete de la ex alcaldesa de Tulum, Edith Mendoza Pino, y se rumoraba que instigaba a sus subalternos de la Dirección de Tránsito a extorsionar automovilistas.
Finalmente, fue obligado a renunciar a su cargo porque la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo le emitió una recomendación, luego de una denuncia de abuso de autoridad en un cateo, como parte de un operativo en bares. Pesan también sobre él acusaciones de brutalidad policíaca.
Igual de vergonzoso es el caso de Irving Mezo, quien quedó a cargo de la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cozumel, y que cuando ocupaba la Subdirección de la misma dependencia, Mezo puso en su cuenta de Twitter: “correr gente sin liquidarlos como deporte extremo (sic)”. Sobra decir que le llovieron las críticas en las redes sociales, aunque de poco valieron, ya que seguirá como funcionario.
En Tulum también se rescató a una figura oscura: Oscar Alfredo Conde Canto, primo del ex gobernador Félix González Canto, quien se desempeñó como director de Egresos en el gobierno de Benito Juárez, cuando era presidido por Gregorio Sánchez Martínez, y se “extraviaron” más de 229 millones de pesos. De nuevo regresa al manejo de dinero como tesorero del noveno municipio.
Hay más sobre quienes acompañarán al presidente municipal David Balam Chan por los próximos tres años, como el secretario del Ayuntamiento, Gilberto de los Ángeles Gómez Mora, quien durante las pasadas elecciones fue exhibido en videos publicados en YouTube como “mapache” electoral, al captarlo comprando votos a favor del PRI.
Mientras tanto, en la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos se nombró como responsable a Luis Germán Sánchez Méndez, quien es criticado porque cuando se desempeñaba como jefe de la policía municipal gastó 2 millones de pesos en la creación de un grupo “Swat” que no funcionó, esto durante la administración de Cora Amalia Castilla.
También se le reprocha que en 2010, su hermana, la entonces tesorera del Congreso estatal Lucía Sánchez Méndez, le entregó 440 mil pesos de recursos públicos a una bruja que le ofreció hacer una limpia al dinero para que “se duplicara”, pero sólo desaparecieron los billetes, porque ya no volvió a ver a la hechicera.
En Isla Mujeres, el edil Agapito Magaña le otorgó la secretaría general a César Eduardo Poot Pérez, quien durante su encargo como dirigente municipal del PRI, fue acusado por el entonces gobierno panista de querer adjudicarse una entrega de mochilas que hizo el DIF Municipal. Previamente, como delegado del Infovir en la ínsula, fue multado por 442 mil 605 pesos y se le impuso devolver sueldos no devengados por 221 mil 302 pesos; además, la contraloría municipal lo inhabilitó por diez años y giró solicitud al Tribunal Superior de Justicia estatal para hacerlo oficial, pero dicha notificación fue omisa.
En la Oficialía Mayor, y a pesar de la acusación de un presunto desfalco de al menos 3 millones de pesos a través de 15 empresas fantasma durante la gestión de Manuela Godoy González, el alcalde volvió a confiar en Melchor Briceño León.
El actual director de Desarrollo Económico, Antonio Salas Torres, cuenta también con antecedentes penosos. Durante su gestión como encargado del ISSSTE en la ínsula, fue acusado de incumplir el pago de los viáticos a más de 50 derechohabientes que tenían que viajar a Cancún para recibir atención médica, aunque se sabía que el director había cobrado un cheque para este propósito.
En Othón P. Blanco, municipio que alberga la capital del estado, Chetumal, parece que la fórmula del presidente municipal Eduardo Espinosa Abuxapqui es repetir a los malos por conocer.
El tesorero municipal, César Euan; el director de la Policía Municipal, Gumersindo Jiménez; la directora de Ingresos, Elvia Lucía Aguillón; el director de Servicios Públicos, Rodrigo Camín Cardín; el responsable de Reglamento, Fiscalización y Vía Pública, Jorge Rodríguez y el director de Desarrollo Social, José Caamal, son ejemplos de esta actitud.
Destaca el caso de Julia Mariluz Martínez, directora de Egresos, quien fue recaudadora de rentas del municipio durante la gestión de Carlos Mario Villanueva Tenorio y se le achaca la desaparición de 106 mil pesos y faltantes de dinero de hasta 400 mil pesos.
De Jorge Aguilar Cheluja, titular de la Secretaría General del Ayuntamiento y quien sustituyó en el Congreso estatal a Espinosa Abuxapqui tras su salida, cabe mencionar que destituyó al contralor interno del Tribunal Electoral de Quinta Roo, José Antonio Barón Aguilar, luego de que este pidiera cuentas claras (Luces del Siglo 509).
En la zona maya. Esta región de Quintana Roo no es la excepción a este asunto. En el municipio de Lázaro Cárdenas, como premio a la actitud porril demostrada durante las protestas de desestabilización del gobierno de la ex alcaldesa Trinidad García Argüelles, y que alcanzó su pináculo más alto en un zafarrancho en el que se liberó de prisión a un taxista que fue detenido por delitos electorales, Juan José Calixto Góngora, quien fungía como dirigente del PVEM en Kantunilkin, obtuvo la Dirección de Ecología y Medio Ambiente.
En José María Morelos, Alejandro Flota Becerra, quien se desempeña como secretario general del Ayuntamiento, se ha caracterizado por su espíritu bélico, como cuando se enfrentó con Marcelo Tapia Zapata, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, cuando Flota Becerra era líder del Frente Juvenil Revolucionario local, incluso desconoció el liderazgo de Tapia Zapata. Otro “asunto” fue un audio en YouTube en donde arremete contra Juan Parra López, entonces candidato y ahora edil de José María Morelos.
El caso del encargado del despacho de Seguridad Pública de ese Ayuntamiento es similar. Santiago Brito Chan se peleó con el ex tesorero, Samuel Sánchez Yah, quien acusó al primero de abuso policíaco. Sin embargo, Brito Chan reviró, acusando a Sánchez Yah de haber defraudado a los trabajadores al no depositar los descuentos hechos a las financieras como Fonacot, Fomepade y Digishop por créditos y préstamos hechos en su momento.
Al recién nombrado director de la Casa de Cultura de ese municipio, Diego Coral Coral, se le recuerda por haber sido destituido como director del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal por el alcalde Otto Ventura Osorio en 2009, por el desperdicio de miles de litros de leche del programa desayunos escolares, debido al mal manejo de este producto.
En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, el actual director de Servicios Públicos municipales, Carlos May Bacab, protagonizó un escándalo cuando dirigía la Unión de Volqueteros de la sección “Caja verde”, pues no quería dejar el puesto, por lo que la nueva líder, Gloribel Fernández Pacheco, acompañada de un notario y de un cerrajero, logró abrir la oficina que se negaba a dejar May Bacab.
En el décimo municipio, Bacalar, el secretario general del Ayuntamiento, Normando Medina Castro, quiso hacerse pasar por mecenas del deporte cuando estuvo al frente del Consejo para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, hasta presumía de las fotos. Sin embargo, se descubrió que insertó su imagen en una fotografía para aparentar su presencia en un evento deportivo. (Fuente: Luces del Siglo)