CHETUMAL, MX.- Los representantes de los tres poderes de Quintana Roo, es decir, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, alistaron durante el fin de semana la nueva controversia constitucional contra Campeche, para que sea presentada este domingo en la noche o en el transcurso del lunes en la Ciudad de México, ante la Oficialía de Partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en busca de obtener una resolución definitiva al conflicto de límites territoriales entre ambas entidades federativas.
Se trata de la reactivación ante la SCJN del litigio que se inició hace 17 años por la creación del municipio de Calakmul, Campeche, el cual afectó una franja territorial de 10 mil 200 kilómetros cuadrados de Quintana Roo.
Ante los diversos obstáculos que ha tenido esta lucha por salvaguardar el territorio quintanarroenses, este 2014 será marcado por la reactivación formal de la controversia limítrofe, pues los tres poderes de la Entidad han sumado voluntades para presentar la defensa del territorio que constitucionalmente le pertenece a Quintana Roo.
Por ello, primero, a inicios de la semana el titular del Ejecutivo, Roberto Borge Angulo, instruyó a que se iniciara de nuevo la controversia constitucional limítrofe contra Campeche, en análisis conjunto con el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, José Luis Toledo Medina.
Posteriormente, en sesión plenaria el Congreso del Estado autorizó al titular del Poder Ejecutivo, Roberto Borge Angulo, para ser representante común del Estado de Quintana Roo en esta nueva demanda y para promover todo tipo de actos y diligencias que deriven de la interpretación de la controversia constitucional de referencia, y de todos aquellos medios constitucionales y legales que sean necesarios para la defensa de los intereses legítimos del Estado de Quintana Roo.
Aunque en esa anuencia se indicó que el plazo para presentar la controversia constitucional fenece el domingo 23 de febrero, fuentes extraoficiales de confiabilidad informaron que el plazo legal se vence el lunes 24 de febrero a la medianoche.
Sin embargo, los expertos jurídicos de los tres poderes del Estado que trabajaron en la elaboración de la nueva controversia constitucional finalizaron la integración del expediente este domingo alrededor del mediodía, por lo que estaban listos para presentar la demanda de controversia a la Oficialía de Partes del Máximo Tribunal del país en la noche de este mismo día, pero con la oportunidad también de poder hacerlo durante el transcurso del lunes.
Como se recordará, en sesión plenaria, el Congreso del Estado autorizó a la presidenta de su Mesa Directiva, Berenice Polanco Córdova, y al titular del Poder Ejecutivo, Roberto Borge Angulo, a que, en conjunto con las autoridades de los poderes Legislativo y Judicial, presenten controversia constitucional en contra del Estado de Campeche y otras autoridades, por motivo del conflicto de límites que existe entre ambas entidades federativas de la Península de Yucatán.
Mediante el acuerdo, la XIV Legislatura, conforme al artículo 51 de la Constitución Política del Estado, consiente que la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, conjuntamente con los dos titulares de los poderes del Estado, incluyendo por ende al presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Fidel Villanueva Rivero, promueva controversia constitucional en contra del Estado de Campeche y otras autoridades.
En este sentido es necesario mencionar que, Consejero Jurídico del Gobernador, Raúl Labastida Mendoza, ha señalado que las controversia esta fundamentada en la violación del Pacto Federal en que incurren Campeche y Yucatán al no respetar los límites de Quintana Roo, y tendrá como principal punto de agravio la creación del municipio campechano de Calakmul en 1997.
Por ello, a pesar que en 2013 la SCJN declaró sobreseídos los juicios de controversias constitucionales iniciados por Quintana Roo en 1997, en la última resolución la Corte en noviembre del año pasado, dejó expedito que está a salvo el derecho del Estado de promover el medio de control constitucional que corresponda para lograr obtener una declaración judicial sobre la franja territorial que disputa con los Estados vecinos, debido a que no hay sentencia definitiva que otorgue la razón a ninguno de las tres entidades de la Península de Yucatán. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
