CHETUMAL, MX.- Luego de una semana de revisión a cargo de la Consultoría Jurídica del Gobierno de Quintana Roo, la polémica Ley de Ordenamiento Social que plantea restringir las manifestaciones en el estado fue regresada al Congreso local, donde el líder de los diputados, José Luis “Chanito” Toledo Medina, reconoció que se están planteando sólo dos modificaciones, pero rechazó la posibilidad de abrir una consulta pública para que los ciudadanos opinen.
En entrevista, el legislador dijo que, tras lo que llamó una revisión “muy profesional”, se llegó al consenso de que la también llamada “Ley Borge” o ‘Ley Antimarchas’ “no contraviene la Constitución”, aunque aceptó que se puede perfeccionar.
Aseguró que la Ley, aprobada con 16 votos de los diputados del PRI y del PVEM, “no es una ley restrictiva o prohibitiva”, y rechazó el término de ‘Ley Antimarchas’ porque, según él, es una ley que no prohibe sino que regula las marchas, y que “salvaguarda” a los manifestantes y los derechos legítimos de manifestarse, pero con “orden”.
El diputado dijo que los temas que se estarían revisando sería el de la obligación de solicitar permiso con 48 horas de anticipación para realizar cualquier manifestación, y explicó que se había solicitado este plazo sólo como un “aviso” para que los ayuntamientos puedan “salvaguardar la vida de los que van a manifestarse a distintos lugares”.
El otro tema que sería revisado y eventualmente modificado sería el de la restricción expresa a manifestarse en espacios públicos, aunque no dio más detalles.
Como se recordará, la iniciativa presentada por el diputado Juan Carrillo Soberanis, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, de entrada, faculta a la autoridad para intervenir si en una protesta:
“Se altera el funcionamiento de las instituciones que prestan algún servicio, la paz, la tranquilidad, de la o las comunidades, o se impide el normal desarrollo de las actividades de los demás habitantes o sus derechos humanos, o profieren injurias, o sea hace uso de violencia o de amenazas para intimidar u obligar a que alguna autoridad resuelva en el sentido que se deseen los manifestantes”.
Pero también de manera tajante, prohíbe llevar a cabo bloqueos y advierte que éstos serán disueltos.
“Se realizarán las acciones necesarias para retirar el bloqueo de manera inmediata”, advierte.
Y además prohíbe marchas en “vías primarias”. Además, regula las marchas en las vías públicas.
“Cuando las manifestaciones tengan lugar en vías públicas, el paso de los participantes no deberá de obstruir más de la mitad de los carriles y, cuando la vía pública lo permita, los manifestantes deberán usar los carriles laterales”.
Y agrega:
“En el caso de las manifestaciones que invadan áreas prohibidas, la autoridad apercibirá a los manifestantes a dejar de realizar esta conducta y, en caso de negativa, la autoridad, tomará las medidas conducentes para reencauzar a los manifestantes a las zonas permitidas”.
De igual forma, restringe los espacios para la realización las marchas, incluidos los turísticos.
“En el caso de manifestaciones, marchas o plantones, los participantes deberán abstenerse de realizarlas en espacios públicos con valor histórico, cultural, turístico, arquitectónico o de importancia para el desarrollo del estado, o sus accesos, con la finalidad de salvaguardar las actividades económicas, la generación de empleos y la estabilidad política, económica y social de Quintana Roo.
De igual manera, obliga a los participantes en manifestaciones, marchas y plantones a responder directamente cuando “causen daños a los bienes o derechos de terceros”, independientemente de la “responsabilidad administrativa, civil y penal que resultara”.
También obliga a los organizadores de marchas a dar aviso por escrito con 48 horas de anticipación la Secretaría de Gobierno del estado y a las secretarías de los ayuntamientos.
QUE LEY TIENE EL RESPALDO DE LA SOCIEDAD, ASEGURA CHANITO
Sin embargo, José Luis “Chanito’ Toledo Medina insistió en que la Ley de Ordenamiento Social “tiene una sensibilidad social muy importante” y “tiene el respaldo de la sociedad”.
A pesar de la polémica por la aprobación ‘fast track’ de la ‘Ley Borge’ en apenas cinco horas (tiempo en el que pasó de ser aprobada en Comisiones a la aprobación por mayoría en el pleno del Congreso, sin consulta pública de por medio), Toledo Medina consideró que los tiempos para sacar adelante este ordenamiento fueron los correctos.
Pero a pesar de las críticas recibidas, se defendió y dijo que no habrá consulta pública porque “los diputados representamos a la sociedad” y “la consulta es voz de quienes quieren politizar este asunto”.
Refirió que en los próximos días, el Congreso buscará enriquecer y perfeccionar la Ley de Ordenamiento y dijo que no hay plazo para volver a someterla a votación del pleno. (Noticaribe)