CHETUMAL, MX.- En Quintana Roo, la extorsión se ha convertido en delito que se persigue de oficio, por lo que ya no es necesaria la denuncia penal del agraviado para que la Procuraduría General de Justicia del Estado abra expedientes por cada caso y realice averiguaciones para dar con los perpetradores, conforme a una reforma al Código Penal del Estado que fue aprobada este jueves por la XIV Legislatura del Congreso del Estado.
Además, se reformó el Código de Procedimientos Penales, para incluir como delito grave el robo de vehículos automotores, a fin de que los delincuentes no tengan derecho a fianza; y se modificó la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado, a fin de dar el tratamiento adecuado a los adolescentes que hayan cometido algún robo agravado.
La primera reforma fue promovida por el gobernador del Estado, Roberto Borge Angulo, mediante iniciativa que presentó el pasado 20 de marzo, y pretende hacer más eficaz la persecución del delito de extorsión en la entidad, haciendo innecesario que los afectados presenten querella para que la autoridad investigue, pues ahora será su obligación de ley hacerlo al enterarse de cada caso.
En el dictamen, aprobado en la segunda sesión realizada este jueves en el Congreso local, los legisladores consideraron necesario impulsar acciones legislativas para combatir y erradicar estas conductas delictivas, y para generar confianza en la sociedad que, al enfrentarse a una extorsión, lo que menos quiere es denunciar o dar parte a las autoridades, por temor, pues está comprobado que en la mayoría de los casos, debido a las amenazas que reciben, las víctimas no denuncian.
Mencionan que ello es necesario porque en el primer bimestre del 2014, Quintana Roo registró 48 denuncias por extorsión, mientras que en el 2013 se presentaron 204 denuncias por este delito, lo que hace necesario dar más herramientas a las autoridades para perseguir a los delincuentes y castigarlos.
Por medio de la reforma, se modificó el artículo 163 del Código Penal del Estado, a fin de que dentro de los delitos contra el patrimonio que se persiguen por querella, se exceptúe el delito de extorsión, para efecto de poder perseguirse de oficio tal conducta ilícita, y que la carga recaiga inmediatamente en el Estado.
En el caso del robo de vehículo, que fue incluido en el catálogo del artículo 100 del Código de Procedimientos Penales, que contiene los delitos graves, advierten los diputados que en su mayoría sirve para financiar otros delitos o para llevar a cabo otras actividades delictivas, lo cual aumenta su peligro.
Asimismo, se ajustaron los parámetros para poder castigar con internamiento definitivo a los adolescentes que incurran en casos de robo agravado y robo de vehículos, con modificación a la Ley de Justicia para Adolescentes.
Estas reformas también fueron promovidas por el gobernador del Estado, Roberto Borge Angulo, y entrarán en vigor de manera inmediata a su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Penar uso de placas sobrepuestas
En la sesión, la diputada Susana Hurtado Vallejo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal de Quintana Roo para sancionar a quien altere o elabore placas, engomados, tarjetas de circulación sin autorización de la autoridad correspondiente; así como a quien sobreponga placas o documentos oficiales en vehículos, sin permiso de la autoridad; y también contempla sancionar la usurpación de las funciones del servicio público de los que falsifican insignias oficiales y las usa para delinquir.
La iniciativa destaca la importancia de establecer penas específicas para estos casos, a raíz de que cada vez es más frecuente que la delincuencia organizada incurra en estas prácticas para cometer ilícitos.
Se propone castigar con de hasta cuatro años de prisión y hasta mil 500 días de multa al que “altere o elabore una o más placas, engomados, tarjetas de circulación o demás documentos oficiales que se expiden para identificar vehículos de automotor terrestre o remolques, sin el permiso de la autoridad competente”.
Las mismas penas se impondrán a quien instale en un vehículo o remolque, placas, engomados o demás documentos oficiales que se expiden para identificar vehículos de automotor terrestre o remolques, que pertenezca a otro, sin el permiso de la autoridad competente.
En el caso de la usurpación de las funciones del servicio público, se propone castigar con hasta cinco años de prisión y hasta cien días de multa al que:
I. Sin ser servidor público se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal;
II. Usare uniforme, insignia, distintivo o condecoración a que no tenga derecho, con el propósito de obtener un beneficio indebido;
III. Use, fabrique, reproduzca, falsifique, almacene o distribuya uniformes, credenciales de identificación, escudos, documentos, distintivos o piezas que contengan imágenes, siglas u otros símbolos utilizados por las instituciones de seguridad pública del Estado, sin el permiso de la autoridad competente;
IV. Utilicen vehículos o equipamiento original, falsificado o con apariencia tal que se asemeje a los vehículos utilizados por las instituciones de seguridad pública del Estado; o
V. Instale en las calles, avenidas, caminos, calzadas plazas, paseos, pasajes, carreteras, puentes, pasos a desnivel, derechos de vía y en general todo terreno del dominio público y de uso común que se encuentre o ubique dentro de los límites del Estado de Quintana Roo, objetos de cualquier tipo para simular la existencia de un puesto de supervisión o vigilancia oficial.
Justifica la propuesta mencionando que la delincuencia, incluida la organizada, se ha dedicado a alterar, elaborar o intercambiar tarjetas de circulación, engomados y demás documentación para amparar la legal circulación o posesión de un vehículo o remolque, e inclusive alterar, elaborar o intercambiar placas de circulación, sin la autorización de la autoridad competente; lo cual genera el crecimiento de la delincuencia que transita libremente portando placas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentación alterada, falsa o que no corresponden al vehículo o al remolque, generando la comisión de otros delitos en total impunidad.
Asimismo, menciona que el uso de uniformes, insignias, distintivos o condecoración o credenciales falsas, haciéndose pasar por autoridades, con el propósito de obtener un beneficio indebido, así como también utilizar vehículos de instituciones de seguridad pública o peor aún, instalar en la vía pública retenes o puestos de supervisión para sacar provecho de ello, es otro delito que atenta contra la seguridad de los ciudadanos actualmente.
“Como se mencionó, una de las principales formas en que actúan los miembros de la delincuencia es engañando a la gente que transita de manera común por toda la entidad, y que basta con que estas personas se identifiquen como servidores públicos o autoridades de seguridad pública, para poder realizar su conducta delictuosa. Como parte de las estrategias que utilizan estas personas se encuentra la simulación de puestos de vigilancia, los cuales los establecen en lugares estratégicos como son carreteras, brechas, puentes o cualquier tipo de camino, asimismo son instalados durante el tiempo exacto para que no puedan ser vistos ni detectados por los diversos agentes que pertenecen realmente a las corporaciones policiacas o de seguridad pública”, refiera la iniciativa.
“Durante la instalación de dichos puestos de vigilancia se hacen pasar por autoridades que se encargan de supervisar tanto el contenido de sus vehículos, como de sus pertenencias personales, con el pretexto de garantizar vías de tránsito seguras el cual una vez que los detienen comienzan con sugerentes comentarios de extorsión, pues buscan disfrazar la situación para no enterar a las demás personas que pudieran estar en el falso retén al mismo tiempo.
“Asimismo, durante la supuesta revisión de los vehículos que son retenidos por estos puestos de vigilancia ficticios, se tiene el antecedente de que son asaltados o en casos extremos en los cuales las víctimas han resultado heridas de gravedad o perdido la vida, todo ello a causa de estas personas que se hacen pasar por autoridades o servidores públicos, y que instalan falsos puestos de supervisión que tienen por objetivo único consumar un delito”, agrega.
Advierte que la instalación de retenes o puestos de vigilancia falsos, así como todos aquellos elementos que pudieran caracterizar a un servidor públicos como uniformes, insignias, condecoraciones, credenciales, vehículos, etc., que muchas de las veces son robados u obtenidos de manera ilegal, hace parecer que dichos puestos de vigilancia falsos simulen su autenticidad.
La iniciativa fue admitida por el pleno y turnada las comisiones respectivas para su análisis y posterior dictamen.
Quieren prohibir circos con animales
Mientras tanto, el diputado del PVEM Remberto Estrada Barba una iniciativa de reforma a la Ley de Bienestar Animal del Estado, para prohibir en Quintana Roo los circos con animales.
Según el diputado verde, los circos son espectáculos crueles y denigrantes para los animales y la sociedad clama mayoritariamente por la erradicación de los circos con animales.
También propuso prohibir la exhibición de animales en vitrinas o escaparates, como sucede en muchas tiendas de mascotas. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
