AQUÍ NO HAY COINCIDENCIAS: Cuestionan leyes que criminalizan la protesta social en DF, QR, Puebla y Chiapas

Posted on mayo 20, 2014, 5:04 pm
6 mins

CIUDAD DE MÉXICO.– Organizaciones no gubernamentales manifestaron su preocupación ante la aprobación, con cuatro días de diferencia, de las legislaciones en contra de las protestas sociales por parte de los congresos de Chiapas y Puebla, las cuales se suman a las avaladas en el estado de Quintana Roo y el Distrito Federal, y denunciaron que los procesos legislativos para su aprobación fueron “irregulares y apresurados”, además de que representan una tendencia para un mayor control por parte de las autoridades.

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Ayer, el Congreso de Puebla aprobó la Ley Para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos Policiales, la cual fue enviada por el Gobernador Rafael Moreno Valle, del Partido Acción Nacional (PAN). Esta legislación permite que agentes de la Policía Estatal utilicen armas de fuego en manifestaciones públicas y la reglamenta el uso legítimo y gradual de la fuerza. El viernes pasado la administración de Manuel Velasco Coello, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dio paso al Código que Establece el Uso Legitimo de la Fuerza por las Institutos de Seguridad Pública del Estado de Chiapas.

El pasado 1 de mayo, el gobierno de Quintana Roo, del priista Roberto Borge Angulo, pasó la Ley de Ordenamiento Cívico conocida como la “Ley Antimarchas”.

El 30 de abril, en la capital del país, que gobierna el perredista Miguel Ángel Mancera, se aprobó la Ley de Movilidad del DF en donde se condiciona el que las protestas tengan una “finalidad perfectamente lícita”.

Para la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) este tipo de leyes avalan el uso de la fuerza pública en manifestaciones y criminalizan el derecho a la protesta social.

Por su parte, Artículo 19 denunció que estas legislaciones “son muestra de una tendencia preocupante en dirección a un mayor control por parte de las autoridades y a un menor espacio de ejercicio de libertades fundamentales de todas las personas”.

La Red TDT indicó que el Estado tiene la obligación de proteger, respetar y garantizar el ejercicio de la protesta social “y está obligado a escuchar y buscar vías de solución a las demandas”.

Asimismo denunció la tendencia “que existe tanto a nivel federal como en los estados de aprobar leyes que pretender restringir los derechos a la libertad de expresión, manifestación, reunión y protesta social”.

“Hemos señalado que además de que los contenidos de estas leyes violentan derechos humanos, los procesos legislativos para su aprobación han sido irregulares, apresurados y sin atender a las demandas de la sociedad civil respecto a la necesidad de discutir tales iniciativas de manera pública. Hemos señalado la ambigüedad en el uso de conceptos como paz pública, orden público, uso racional de la fuerza y manifestación violenta, entre otros, pues se prestan a la interpretación discrecional de las autoridades”, sentenció la ONG en un comunicado de prensa.

Por su parte, el organismo internacional Artículo 19 dijo que el Distrito Federal, Quintana Roo y Chiapas son ejemplos de una amenaza sistemática que criminaliza indirectamente a la protesta social, tendencia que continúa, ahora con Puebla.

“La ley recoge algunos estándares internacionales pero deja fuera otros que son indispensables para el ejercicio libre de los derechos mencionados”, dice Artículo.

Señaló que la legislación establece una cláusula abierta para clasificar las armas no letales fuera de la ley, además de que cataloga de manera general las manifestaciones violentas y pacíficas, y establece criterios “ambiguos y discriminatorios” para determinar el tipo de operativo frente a cada manifestación.

Además consideró que la Ley es poco clara o incluso contradictoria en el tema del uso de armas de fuego en contextos de manifestaciones. Indicó que esta nueva ley contiene disposiciones abiertas a un uso “arbitrario, discriminatorio y restrictivo de estos derechos”. Afirmó que estas disposiciones son contrarias a los artículos 1º y 6º Constitucional y al 1º y 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como a la jurisprudencia reiterada de la CoIDH en la materia.

Por estas razones, dijo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) están obligadas a interponer las acciones de inconstitucionalidad correspondientes, como parte del cumplimiento de sus obligaciones de garantía de los derechos humanos.

Finalmente la organización expresó que “estas disposiciones son una amenaza para la libertad de expresión y para las personas que ejercen la protesta social en el Estado de Puebla, pero además, son muestra de una tendencia preocupante en dirección a un mayor control por parte de las autoridades y a un menor espacio de ejercicio de libertades fundamentales de todas las personas”. (Fuente: Sin Embargo)

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