CANCÚN, MX.- Ante el escándalo que una vez más lo vincula con el crimen organizado, específicamente con el lavado de dinero, tras la “misteriosa” compra de un lujoso rancho en Argentina y que es un caso donde las autoridades de finanzas del gobierno de México ya estarían también investigando, el exalcalde de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez, no solamente busca ampararse él en lo particular o cualquier miembro de su familia, sino también intenta “proteger” sus propiedades como es el caso de Ashanty Inmobiliaria S. A. de C. V., a cuyo nombre existe el trámite de un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
De acuerdo a la lista de estrados publicada este lunes 26 de mayo, se explica que la parte legal de Ashanty Inmobiliaria, menciona como actos reclamados, la posible inmovilización de cuentas bancarias y se pudo analizar que este trámite de amparo no es reciente, pues tiene por lo menos 20 operaciones donde en la gran mayoría se han diferido las audiencias.
El Juzgado Quinto de Distrito asignó el número de expediente 54/2014 y se tiene como quejosa a Ashanty Inmobiliaria S. A. de C. V., en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En el acuerdo, se indica que: se agregan informe justificado y constancias y se pone a la vista de las partes… de conformidad con el artículo 9, párrafo primero de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a los designados en el documento de cuenta mesa… se tiene al director general adjunto de atención de requerimientos especiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dando cumplimiento parcial con lo solicitado en auto de 14 de abril, toda vez que no se remitieron las constancias relativas a la cuenta requeridas… en consecuencia, se requiere de nueva cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo el apercibimiento efectuado el 14 de abril del año en curso, remita a este órgano jurisdiccional el expediente relativo a la orden de bloqueo de la citada cuenta”.
Ante todo esto, hoy más que nunca y en medio de un notable escándalo como es el caso que se desató en Argentina investigada por la compra de un campo en la provincia de Entre Ríos que se efectivizó mediante la donación de 2 millones de dólares por parte de Gregorio Sánchez Martínez a uno de sus hijos, la solicitud de amparos para intentar no sólo protegerse él en lo particular o cualquier miembro de su familia y donde también incluyen sus propiedades que tiene en México, sobre todo porque las autoridades financieras ya fueron notificadas por sus homólogos de Argentina, toman mucha importancia.
Como ya se ha informado, fue la AFIP quien detectó que la operatoria hecha por Gregorio Sánchez Martínez no fue bancarizada, y aludía a que el empresario mexicano tendría “causas penales en su país (México) por lavado de dinero y tráfico de personas”.
El dicho rancho tiene 930 hectáreas y cuenta con una lujosa vivienda a la que sólo se accede por el río o con vehículos 4×4 especialmente adaptados.
En sus primeras acciones, la AFIP suspendió preventivamente el CUIT del vendedor y del empresario mexicano, remitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) el Reporte de Operación Sospechosa y notificó de la maniobra al Servicio de Administración Tributaria de México.
También, AFIP informó a ATER (Administradora Tributaria de Entre Ríos) a los efectos de coordinar acciones conjuntas por la operatoria de explotación del campo.
La finca comprada por Sánchez Martínez, presuntamente al margen del registro a que obliga la ley del país, y pagada en efectivo, ya fue cateada y asegurada por agentes de la AFIP, –equivalente al Sistema de Administración Tributaria (SAT) en México–, apoyados por la Gendarmería Nacional en cumplimiento del laudo de la jueza federal Verónica Skanata.
Un informe de las autoridades fiscales argentinas establece que la presentación fue ordenada el lunes de la semana pasada y en ella, la policía lo buscó en el domicilio señalado ante la autoridad migratoria, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, pero este fue encontrado vacío; en Migración no se reportó registro de la salida de Greg del país sudamericano.
Se explica que la investigación sobre el político mexicano se inició en febrero pasado, luego de reportes sobre Greg y sus antecedentes en México, así como indagaciones de Interpol por vínculos con grupos del crimen organizado, lavado de dinero y evasión fiscal. Sánchez también hizo operaciones presuntamente irregulares en Paraguay.
Cabe destacar que en Cancún, en una de sus últimas declaraciones patrimoniales, Sánchez Martínez señaló su participación mayoritaria en tres desarrolladoras, entre ellas la empresa “Ashanty Inmobiliaria S. A. de C. V.” de la cual es dueño del 99 por ciento de las acciones cuyo valor es de 157 millones 750 mil pesos. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
