CIUDAD DE MÉXICO.- “La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos representa un severo retroceso en materia de política ambiental, porque invade competencias de otras dependencias federales y genera conflicto de interés con los temas que pretende abordar” afirmó la diputada federal por Quintana Roo, Graciela Saldaña Fraire al iniciar el debate del tema Política ambiental, dentro de las reservas al cuarto dictamen de las leyes secundarias en materia energética, La Agencia, sólo creará más burocracia y va a romper el diseño institucional sobre el cual se ha construido la legislación en torno al medio ambiente.
Dicho órgano que proponen crear, invade competencias de otras instituciones y generará contradicciones entre las propias instituciones públicas, tanto en materia de seguridad industrial, como en las atribuciones de dependencias tal es el caso de la Secretaría del Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Ecología o la Comisión Nacional del Agua.
También se le otorgan atribuciones de carácter local y municipal vinculadas con el uso del suelo, y los ordenamientos de carácter territorial y ecológico.
La legisladora federal, indicó que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial carece de una coordinación mínima con el marco jurídico vigente en materia de cambio climático, promoción y desarrollo de los bioenergéticos y vida silvestre; el cuidado ecológico no es su principal objetivo.
Saldaña Fraire destacó que es necesario que la Secretaría de Salud emita recomendaciones en las políticas de seguridad industrial, ya que habrá miles de empleados trabajando en las diferentes empresas, así como eliminar la facultad de la Agencia de autorizar permisos en materia de impacto y riesgo ambiental y cambios de uso de suelo. La Agencia, dijo, no debe otorgar permisos de cambios de uso de suelo en manglares, selvas, esteros o humedales.
“El dictamen no permite establecer criterios de regulación a las empresas que afecten el medio ambiente porque se está dotando un organismo que lo que cumple es cubrir pagos políticos a cúpulas del sector en telecomunicaciones y energéticos. A través de las leyes energéticas se entregan los recursos de la nación a las empresas extranjeras, y con ello se restarán los recursos que el Estado debe destinar al campo, educación y salud”, concluyó la secretaria de Comisión de Medio Ambiente.
RECUADRO
Al crear la Agencia, representa una sobre regulación y duplicidad de funciones, considerando que existen facultades similares o idénticas en otros órganos como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Dirección de General de Riesgo e Impacto Ambiental (DGIRA), la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas de la Semarnat, la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
La ANSIPA concentra las atribuciones de gestión-autorización e inspección, que actualmente desempeñan Semarnat y Profepa. En particular, el órgano que se ocupa de la inspección y vigilancia debe ser autónomo
La Ley no contempla los actos y lineamientos que debe expedir la Agencia para atender los principios generales de protección al medio ambiente, así como la normatividad ambiental vigente y los tratados internacionales de los que México sea parte.
No cuenta con mecanismos efectivos y claros de información, participación y seguimiento en materia ambiental para la expedición de permisos, autorización y licencias en materia de proyectos de hidrocarburos.
La Agencia no cuenta con un mecanismo eficiente para rendición de cuentas y transparencia, así como procedimientos claros de consulta.
La Agencia carece de facultades para actuar de manera eficaz y eficiente para prevenir los riesgos de sufrir accidentes ambientales, como derrames petroleros, por medio de la determinación de medidas técnicas y otros instrumentos similares. Su eje rector debe ser la prevención de accidentes y minimización de riesgos.
la PROFEPA no cuenta con recursos suficientes para su operación, la creación de esta nueva Agencia, implica recursos y aumenta el gasto púbico en materia ambiental