CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque los gobiernos estatales garantizaron sus ingresos federales por concepto petrolero para que no reciban menos de lo que ahora tienen, al mismo tiempo fueron obligados por ley a canalizar parte de ese dinero a contener la inminente crisis por sus sistemas de pensiones y que, según estimaciones de especialistas, rebasa los 1.5 billones de pesos, tan sólo en burocracia y magisterio.
Los cambios hechos ayer por la Cámara de Diputados a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ordenan que “una vez que las reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas alcancen su límite máximo, los recursos que le destine el Fondo Mexicano del Petróleo, así como los ingresos excedentes que tengan como destino dicha base, serán destinados al pago de sistemas de pensiones de las entidades federativas”.
La reforma avalada poco antes de las 04:00 horas de ayer sábado y que fue enviada al Senado, eliminó la disposición todavía vigente que ordena a los estados del país canalizar 75% de estos ingresos a programas y proyectos de inversión y sólo 25% al Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, pero ahora la reforma sólo dispone que el dinero tiene que ir al fondo de pensiones estatales.
Desde 2010, diversas calificadoras internacionales y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han alertado sobre el alto riesgo que representa el creciente déficit en el sistema de pensiones de los estados, que hacia ese año ya sumaba 1.3 billones de pesos únicamente en algunos sectores de la burocracia y el magisterio.
Juan Manuel Portal, titular de la ASF, advirtió hace unos meses que uno de los mayores riesgos para la sustentabilidad de las finanzas estatales son las pensiones.
Excedentes petroleros, a pensiones de estados
Aunque los gobiernos estatales garantizaron sus ingresos federales por concepto petrolero para que no reciban menos de lo que ahora tienen, al mismo tiempo fueron obligados por ley a canalizar parte de ese dinero a contener la inminente crisis por sus sistemas de pensiones y que, de acuerdo con estimaciones de especialistas, rebasa los 1.5 billones de pesos, tan sólo en burocracia y magisterio.
Los cambios hechos la madrugada de ayer por la Cámara de Diputados a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ordenan que “una vez que las reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas alcancen su límite máximo, los recursos que le destine el Fondo Mexicano del Petróleo, así como los ingresos excedentes que tengan como destino dicho fondo, serán destinados al fondeo de sistemas de pensiones de las entidades federativas”.
La reforma, avalada poco antes de las 04:00 horas, eliminó la disposición todavía vigente que ordena a los estados del país canalizar 75% de estos ingresos a programas y proyectos de inversión y sólo 25% al Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, pero ahora la reforma sólo dispone que el dinero tiene que ir al fondo de pensiones estatales.
Hasta este año, cuando se registra ese excedente, los estados deben canalizar 25% a los programas y proyectos de inversión en infraestructura que establezca el Presupuesto de Egresos y dar preferencia al gasto que atienda las prioridades de las entidades federativas.
Otro 25% debe ir a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas; estos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente, dice la ley actual.
Además, en la ley vigente, dice que otro 25% debe ir a programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos y sólo 25% al Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones.
A partir de 2015, con los cambios hacendarios de la Reforma Energética, desaparecen los tres primeros rubros de 25% y se ordena que la totalidad de los excedentes vayan a pensiones.
Desde 2010, diversas calificadoras internacionales y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han alertado sobre el alto riesgo que representa el creciente déficit en el sistema de pensiones de los estados, que hacia ese año ya sumaba 1.3 billones de pesos, únicamente en algunos sectores de la burocracia y el magisterio.
Juan Manuel Portal, titular de la ASF, advirtió hace unos meses que “uno de los mayores riesgos para la sustentabilidad de las finanzas estatales son los fondos de las pensiones y jubilaciones”.
La misma ASF reveló que el monto de las obligaciones laborales en los 28 regímenes de pensiones de las universidades públicas estatales es de 575 mil 212 millones 700 mil pesos, lo que representa 9.1% del total de los pasivos laborales y advirtió que 43% de estas universidades tiene tal insuficiencia financiera que puede entrar en una severa crisis en un par de años.
El mes pasado, Excélsior informó que “la viabilidad financiera para un grupo de estados es un reto mayor, debido al pago de pensiones. De acuerdo con un análisis de Moody’s, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz corren riesgo a corto plazo, porque tienen que destinar recursos extra de su presupuesto para pagarlas.
“Estas siete entidades tienen más presión, ya que deben hacer desembolsos adicionales (…) porque no existen suficientes activos que permitan ir fondeando las pensiones”, explicó Roxana Muñoz, analista de la agencia calificadora Moody’s para estados y municipios.
Uno de los objetivos de la Reforma Energética es garantizar a México los recursos económicos que le permitan hacer frente a los retos de educación, desarrollo económico y atender rezagos; por eso, la Constitución y las leyes secundarias aprobadas esta semana por la Cámara de Diputados ordenan que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo debe canalizar sus excedentes a fondos de becas y jubilaciones.
La madrugada de ayer los cambios a una de esas leyes, la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mantiene la disposición de 25% de los excedentes en la distribución de los ingresos federales al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Además, eleva de 40% a 65% el monto de ese excedente que deberá colocarse en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
Dispone que ingresos excedentes se destinarán a estos dos fondos “hasta alcanzar una reserva adecuada para afrontar, respectivamente, una caída de la Recaudación Federal Participable o de los ingresos del gobierno federal”.
Añade que el Fondo Mexicano del Petróleo transferirá al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas un monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.0064 y aclara que una vez que se haya cumplido ese límite, si existen excedentes deben transferirse a fondear los sistemas de pensiones y jubilaciones.
Cambios sustanciales
Diputados enviaron al Senado las modificaciones para el uso de los excedentes petroleros.
La reforma eliminó la disposición que ordena a los estados del país canalizar 75% de estos ingresos a programas y proyectos de inversión y sólo 25% al Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, pero ahora la reforma sólo dispone que el dinero tiene que ir al fondo de pensiones estatales.
Ley vigente
Los estados deben canalizar 25% del excedente petrolero a los programas y proyectos de inversión en infraestructura que establezca el Presupuesto de Egresos y dar preferencia al gasto que atienda las prioridades de las entidades federativas.
Otro 25% debe ir a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.
Otro 25% debe ir a programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos.
El otro 25% debe ir al Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones.
No sesionan por respeto a reglamento
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Emilio Gamboa, aclaró que las comisiones unidas encargadas de dictaminar las minutas de las leyes energéticas con contenido fiscal y presupuestario no sesionaron ayer para no violentar el reglamento.
Las comisiones unidas de Energía, Hacienda y Crédito Público, y Estudios Legislativos Primera habían sido convocadas para sesionar y dictaminar las minutas de ingresos y egresos en el tema energético, que les remitió la Cámara de Diputados.
El líder de los senadores priistas explicó que por una cuestión procedimental se decidió posponer los trabajos, a fin de analizar las minutas que remitió la Cámara de Diputados.
Comentó que senadores acordaron respetar estrictamente el Reglamento del órgano legislativo.
Ello, explicó, porque la minuta de ingresos llegó a las 22:00 horas del viernes y la de Egresos a las 4:00 de ayer, por lo que había que esperar 24 horas para no violentar el reglamento.
Aclaró que no cambia nada sesionar el lunes con las tres comisiones, para trabajar de 9:00 a 15:00 o 16:00 horas y empezar la sesión de Pleno a partir de las 17:00 horas.
Gamboa dijo que “queremos llevar minuciosamente y de manera transparente todo el proceso de la Reforma Energética, como lo hemos venido haciendo a través de estos últimos tres meses en el Senado de la República”. (Fuente: Excélsior – Notimex)
