CANCUN, MX.- La tarde del miércoles 29, Marco Antonio Muñiz Sánchez se disponía, en pleno centro de la ciudad, a tomar un camión que lo llevara a su domicilio en un fraccionamiento de departamentos localizado en la Supermanzana 50, en la avenida Kinic.
Regresaba de su jornada laboral, como marinero de un yate privado, cuando observó que tres policías, del grupo Escuadrón Motorizado de Acción Policial (EMAP), interceptaron a un sujeto que portaba una “cangurera”.
“Se bajaron de las motos, lo rodearon y lo empezaron a interrogar y le revisaron su cangurera. Le preguntaba que dónde tenía la droga”, relató Muñiz Sánchez a Apro.
Uno de los uniformados empezó a golpear al detenido, y cada vez con mayor violencia.
Muñiz Sánchez sacó su teléfono celular y empezó a grabar la golpiza que los policías propinaban al detenido, en plena vía pública.
“Le pegaban de cachetadas. Uno solo de los policías”, precisó.
Los agentes se percataron de que estaban siendo grabados y se le acercaron a Muñiz Sánchez y lo arrestaron, para enseguida quitarle el teléfono celular.
“Me quitaron el celular y me esposaron. Me acusaron de ‘halconeo’ y, junto con el sujeto que habían detenido, nos llevaron a las instalaciones de la policía”, abundó.
Los servidores públicos lo acusaron de ser cómplice del detenido, a quien fincaron cargos por narcomenudeo.
Sin embargo, el patrón de Marco Antonio acudió a la cárcel para auxiliarlo y confirmó que sí trabaja para él, como marinero en un yate.
Con este testimonio ya no fue consignado por “halconeo”, pero de todas formas fue arrestado y remitido al Centro de Retención Municipal y Sanciones Administrativas -al que también se conoce como “El Torito”– acusado de “obstrucción de la justicia”.
“En el Torito nunca hablé con el juez y se me negó mi derecho a fianza. Querían que pasara encerrado 36 horas”, denunció.
Sin embargo, logró ponerse en contacto con su hermana, que es abogada, y ella acudió a auxiliarlo.
Finalmente, tras cinco horas de permanecer en la cárcel, salió libre mediante el pago de una multa de dos mil pesos.
“Sí me devolvieron el teléfono, pero el video lo borraron”, acusó.
El marinero recurrió a la representación local de Amnistía Internacional, que lo apoyará en la elaboración y presentación de un amparo, a fin de le devuelvan el monto de la multa.
Además, el caso será expuesto como un ataque a la libertad de expresión. (Fuente: Proceso)