MÉXICO.- Los normalistas desaparecidos en Iguala y las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya enmarcaron el mensaje del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
A unas horas de que el presidente Enrique Peña Nieto llamara a “no quedarnos atrapados” por la pena y el dolor que causa la tragedia de Ayotzinapa, y de que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, insistiera en que los normalistas fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero, el ombudsman nacional aseguró que “las autoridades no podrán dar por concluido este expediente hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos”.
Al señalar que lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre en Iguala es un caso grave “por su propia naturaleza”, y que, “hasta que no se acredite lo contrario, estamos en presencia de desapariciones forzadas, entre otras violaciones a derechos humanos”, González Pérez puntualizó que es también un caso emblemático “de lo que está mal en nuestra sociedad, sobre todo en la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y omisiones”.
A más de 70 días de asumir el cargo, ante el presidente de la mesa directiva de la Permanente, el diputado perredista Silvano Auroles Conejo, el titular de la CNDH denunció “este entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción”.
González Pérez se refirió también a las movilizaciones que el caso ha desatado, mismas que recordó han sido acompañadas por la CNDH.
“Las manifestaciones de apoyo y solidaridad –dijo– son una expresión del hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos del poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente”.
No obstante, alertó en que si bien el derecho a la protesta social y la libertad de expresión son legítimos, “estos derechos y libertades no son absolutos, sus límites son la afectación a los terceros o la alteración del orden público, y en ese sentido nos hemos pronunciado por que las manifestaciones se mantengan dentro de los límites de la legalidad”.
González Pérez aceptó que el caso de Iguala también impactó en la CNDH, al desatarse con él “la crisis de credibilidad y confianza” en las instituciones, por lo que se comprometió a retomar la “esencia” fundacional del organismo, surgido “en una situación donde se multiplicaban las violaciones a derechos humanos sin que nadie atendiera a las víctimas y con instituciones de impartición de justicia que no actuaban de manera eficaz y oportuna”.
El ombudsman aprovechó el momento para cuestionar a su antecesor, Raúl Plascencia Villanueva, al considerar que la masacre de Tlatlaya, en el que 22 personas murieron a manos del Ejército Mexicano, “necesariamente debió ser considerado como un caso grave desde su origen”, de ahí que prometió restablecer criterios para la clasificación de violaciones a derechos humanos “con parámetros sustentados en prácticas internacionales a favor de la protección a las víctimas”.
Luego recalcó que en 2014, en la gestión de su antecesor, la CNDH sólo presentó una recomendación por violaciones graves, dirigida al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por hechos ocurridos el 9 de julio del año pasado en el municipio de Ocoyucan.
Entre los compromisos que González Pérez formuló ante los legisladores federales destaca el de dar seguimiento puntual a las recomendaciones, sobre todo en lo que corresponde a los procedimientos administrativos y penales derivados de las mismas.
Ello toda vez que durante el año anterior, de las 148 denuncias administrativas por presuntas irregularidades imputadas a servidores públicos federales y locales, 124 seguían en trámite, en tanto que de las 82 denuncias penales presentadas por el organismo, ninguna había sido consignada.
Peor aún, “de los registros generados desde 2010 se habrían presentado en los últimos cuatro años 435 denuncias, de las cuales se habrían llegado a consignación en sólo 43 casos”.
El ombudsman informó que, de acuerdo con los registros del último año, se recibieron 8 mil 455 expedientes de queja, siendo las autoridades señaladas con mayor frecuencia como responsables el IMSS, con mil 542 casos; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, mil 177; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 642; Policía Federal, 580; el ISSSTE, con 538.
También destacan la SEP, con 530; PGR, 487; Instituto Nacional de Migración, 450; Secretaría de Marina, 374, y el Infonavit, con 324 denuncias. (Fuente: Proceso)
