De un agujero negro, por definición, no escapa ni la luz. Esta singularidad se repite, con algunos matices, en el caso de las desapariciones forzadas en México. Un enorme pozo sin fondo cuya verdadera magnitud, como se está demostrando en las sesiones celebradas en el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, ninguna autoridad mexicana es capaz aún de aclarar.
La comisión, reunida en Ginebra y compuesta por 10 expertos, ha citado a una amplia representación de la sociedad civil y del Estado mexicano para revisar esta terrible práctica y elaborar un informe final con recomendaciones. Para ello, los especialistas de la ONU han inquirido una y otra vez sobre la cifra y la nacionalidad de las víctimas. Pese a la insistencia, no ha surgido una respuesta clara. La Subprocuraduría de Derechos Humanos señaló en la sesión del lunes que ahora mismo se está buscando a 11.309 personas; y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, en su informe, elevó el número de desaparecidos a 23.000.
A la sala donde se celebraron las sesiones acudió también una representación de la historia trágica de México, encarnada en Hilda Legideño y Bernabé Abraján, padres de dos de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos por policías municipales en Iguala y supuestamente asesinados por sicarios. Durante algunas comparecencias, movían ostensiblemente su cabeza en señal de negación. Al acabar, en los pasillos, exigieron justicia: “Queremos que se acabe este tormento”, dijo Bernabé. Las sesiones, por indicación del propio jefe de la delegación mexicana, el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez-Robledo, habían arrancado precisamente con un minuto de silencio por la tragedia de Iguala.
La intervención más esperada fue la del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con atribuciones similares a las de un defensor del pueblo. Elegido hace pocos meses tras la caída de su antecesor por su incapacidad para enfrentarse a casos como Tlatlaya (la muerte de al menos 15 civiles a manos del Ejército), González recordó que la práctica de la desaparición forzada hunde sus raíces en la guerra sucia de las décadas de los setenta y ochenta, pero que lejos de haberse reducido se ha agudizado en los últimos años, como demuestra la tragedia de Iguala (Guerrero). “Los derechos humanos se enfrentan actualmente en México a una de sus etapas más críticas y desafiantes. La impunidad que la sociedad advierte, así como los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven, ocasionan que estos derechos sean vistos más como un mero discurso o teoría que como una realidad, cuestionando la validez de las instituciones, así como los innegables avances en esta materia de las últimas décadas”, advirtió González.
Entre los obstáculos que impiden arrojar luz sobre las desapariciones, el defensor del pueblo subrayó la inexistencia de una legislación especial, así como la falta de un “registro nacional eficaz, exhaustivo y transparente” que permita conocer el número real de desaparecidos y distinguir si los casos se deben a la acción de agentes del Estado, la delincuencia organizada o simplemente a fugas. Esta oscuridad se ahonda con el hallazgo de un “importante número de fosas clandestinas”, cuyos cadáveres siguen sin identificarse y que muchas veces carecen de registro oficial.
“Hay retraso en la solución de un problema tan grave; falta un eje articulador, como una ley general. Pero hay que recordar que la desaparición no es una práctica sistemática generalizada en México. Y en muchos casos, no interviene el Estado, solo las organizaciones criminales”, indicó el profesor investigador de la Universidad Nacional de México (UNAM), Javier Oliva, especialista en seguridad pública y uno de los intervinientes.
La delegación gubernamental mexicana, en su turno, dio un repaso a las medidas adoptadas y enfatizó que, por orden del presidente Enrique Peña Nieto, se ha puesto en marcha una iniciativa para que el Congreso mexicano expida una ley general y tipifique la desaparición forzada. También destacaron la creación de una unidad especializada en la búsqueda de desaparecidos, de protocolos homogéneos y de un sistema nacional de atención a víctimas. “Es tarea del Defensor del Pueblo señalar carencias, y la del Estado resolverlas. Se trata de un tema muy complejo y venimos con ánimo de apertura, transparencia y compromiso, apoyamos completamente la labor de este comité”, explicó a EL PAÍS el representante permanente de México ante Naciones Unidas en Ginebra, el embajador Jorge Lomónaco.
La reunión entre la comisión y la delegación mexicana termina este martes. Las audiencias, repartidas en tres sesiones, forman parte de las obligaciones contraídas al firmar en 2007 la Convención contra la Desaparición Forzada, que entró en vigor en 2010. La comisión emitirá sus recomendaciones en unos 10 días. (Fuente: El País)
