La democracia y la vida republicana están en peligro de extinción en Quintana Roo, en este sexenio estatal.
Primero, acabaron con la división de poderes, luego con la autonomía y los contrapesos partidistas y ahora con la legalidad.
Chueco o derecho, en el anterior ayuntamiento se definió bajo un reglamento, las condicionantes bajo las cuales las empresas concesionarias de transporte urbano puedan acceder al aumento de tarifas.
Y una de estas condicionantes definidas con claridad, era una indiscutible: el índice inflacionario.
Pero, de un plumazo, el cabildo borró del reglamento de trasporte urbano, esta condicionante.
Ahora, los aumentos de transporte urbano quedaran a criterio, sin ningún fundamento legal de la Comisión de Trasporte, es decir, bajo acuerdos baja la mesa y para coyunturales electorales.
Temas como democracia, división de poderes, municipio libre y legalidad son ficción en Quintana Roo.
