No hay duda que el hilo se rompe por lo más delgado.
No serán el procurador Gaspar Armando García Torres, ni el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, quienes paguen la manera en la que se ha torcido la ley para usarla como instrumento de venganza política del Gobernador Roberto Borge contra los dirigentes del Consejo de Colonias Populares (Cocopo), Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña.
La Procuraduría y el Poder Judicial se prestaron a inventar pruebas y testimonios para, de la nada, inculpar de sabotaje a los activistas Esquivel y Cab y Brito Piña, que encabezaron protestas en Felipe Carrillo Puerto por el aumento de las tarifas de CAPA.
Los agraviados presentaron un amparo, que les fue concedido por el Juez Sexto de Distrito, Reynaldo Piñón, quien determinó que no había pruebas suficientes para inculparlos de sabotaje y que era necesario reunir elementos contundentes para ratificar el auto de formal prisión, o bien dejarlos libres.
Y como todo fue sacado de la manga no hubo manera de encontrar pruebas contundentes contra Esquivel y Cab, pero fue ratificado el auto de formal prisión, lo cual implicó graves irregularidades en agravio de las garantías de Esquivel y Cab y Brito Piña.
Sin embargo, no serán ni Gaspar Armando, ni Gabriel Fidel, los que paguen, sino que ahora el Juez Penal de Felipe Carrillo Puerto, Javier Ruiz Ortega, enfrentará un proceso en el Poder Judicial Federal, por incumplir la sentencia de amparo.
Si bien le va, sería sólo destituido como juez.
Aunque quizá pronto le veamos de notario “por su sacrifico” y los “servicios prestados”.