CANCÚN, MX.- La Procuraduría General de la República (PGR), a nivel central, abrió una averiguación previa en contra de Juan Carlos López Rodríguez y la empresa denominada “Real State Dragon Mart Cancún S.A. de C.V.”
Lo anterior se debe a que Juan Carlos López Rodríguez es el representante legal de la empresa Real State, que promovía el Dragon Mart en los terrenos del Tucán entre Cancún y Puerto Morelos.
La investigación se abrió por falsificación de documentos y probable comisión de delitos en materia ambiental, y las indagatorias personales se dieron tras los cateos de las instalaciones del predio hace diez días, por parte del personal de la Procuraduría General de la República.
La acción forma parte de las diligencias del Ministerio Público Federal que integra la investigación iniciada tras la denuncia interpuesta ante la probable comisión de delitos en materia ambiental.
Para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los responsables del proyecto comercial ubicado en el predio ‘El Tucán’, en el municipio de Benito Juárez, infringieron la normatividad administrativa ambiental vigente.
Además de que incurrieron en la posible comisión de delitos previstos en el Título 25 del Código Penal Federal, relacionados con daños al ambiente y la gestión ambiental.
El cateo al proyecto, clausurado en enero pasado por la Profepa, fue encabezado por un agente del Ministerio Público federal, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), al cumplimentar una orden girada por el Juzgado 5 Penal Federal.
La diligencia, en la que participaron servidores públicos de ambas dependencias federales, tuvo como objetivo recabar mayores datos que ayuden a emitir el dictamen pericial correspondiente y determinen el daño e impacto ocasionados al ambiente, en virtud de los trabajos hechos por la empresa responsable.
En las acciones ministeriales realizadas en el predio intervinieron peritos en fotografía, criminalística, ingeniería y arquitectura, habilitados en materia forestal e impacto ambiental de la PGR.
También estuvieron presentes peritos de la Profepa para recabar indicios que permitan precisar la superficie afectada por la tala o desmonte, los ecosistemas que sufrieron desequilibrio y los impactos ambientales ocasionados por el referido proyecto comercial. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
