Altavoz | La ley ‘gatopardista’ de Borge: más que protección a periodistas, es pura simulación

La libertad de expresión es la materia prima del periodismo.

En Quintana Roo es muy difícil hacer periodismo, pues al Gobernador Roberto Borge no le gusta la libertad de expresión y menos, cuando esta libertad de expresión implica críticas a su desempeño.

Y en medio de una ofensiva permanente contra la libertad de expresión, el Gobernador Roberto Borge insiste en crear la llamada ‘Ley de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo’.

Curioso, pues el primer ofensor de los derechos de periodistas y de los derechos humanos en Quintana Roo es el Gobierno del estado.

La escasa libertad de expresión que hay en el estado se debe a que periodistas gozan de medidas de protección del Gobierno federal u organismos internacionales o han logrado, con integridad, valores e ingenio, sobrevivir a las embestidas perpetradas desde el Gobierno estatal

La ‘Ley de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo’ se trata de una iniciativa que nació muerta y el Gobierno pretende resucitar con una sobredosis de doble moral y simulación.

Y lo peor es que no hay coincidencias entre los principales actores que están en pos de esta ley.

En primer lugar, el Gobierno quiere hacer un ‘copy page’ de leyes de otros estados, en donde los periodistas y los propios gobiernos enfrentan al crimen organizado. Pero en Quintana Roo, más que a los narcos, los periodistas padecen al Gobierno.

En tanto, los periodistas quieren una ley que les dé protección, sí, pero protección social. La mayoría de las empresas periodísticas no dan aguinaldo, IMSS ni Infonavit a sus trabajadores, incluido el sistema de noticieros ‘Enfoque’ del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

Más que protección del narco, los periodistas de Quintana Roo aspiran a las prestaciones laborales de cualquier trabajador.

Pero no sólo no hay protección, sino que además el Gobierno es cómplice de actuar contra los periodistas. Reporteros con años en las empresas son corridos con la mano en la cintura y las juntas de conciliación y arbitraje (es decir el gobierno) fallan en favor de los patrones, pues están al servicio del gobierno.

Por otra parte, a la mayoría de las empresas periodistas poco les importa la libertad de expresión. Salvo honrosas excepciones, los propietarios medios del estado son políticos, ex políticos y empresarios de nebulosos negocios.

Y curiosamente, la gran mayoría de estos medios, sobreviven gracias a jugosos convenios publicitarios que les dan el Gobierno del estado y ayuntamientos.

Extraña paradoja: estas empresas del gobierno evaden pagar prestaciones a sus trabajadores.

Y como el que paga manda, muchas de estas empresas ‘periodísticas’ están dedicadas a defender a ultranza al gobierno y a atacar a los enemigos del Gobierno.

Finalmente está el caso de los líderes de las organizaciones de periodistas que tratan de sacarle raja a la urgencia de legitimización en materia de libertades del actual gobierno que está por concluir.

Por si fuera poco, días después de anunciar el relanzamiento de su ley de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, el Gobernador activó sus medios, su ejército de ‘trolles’ y ‘bots’, contra disidentes y medios independientes.

El Gobierno tiene a la mayoría de los diputados y, por temor o conveniencia, también la mayoría de los medios y los periodistas. No hay obstáculo para que Roberto Borge no tenga su ley que ‘proteja’ a los periodistas.

Sin embargo, habría que empezar por el principio. Que el gobierno de Borge empiece por respetar la libre expresión.

Ya después, podrá venir lo que sea, hasta una ley.