CHETUMAL, MX.- Una “mochada” de quinientos pesos es lo que pide personal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) a beneficiarios del Programa Vivienda Rural que maneja la delegación de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Quintana Roo.
De no entregarse este dinero, al campesino se le negará el apoyo y se buscará a otro en la lista de espera que sí esté dispuesto a aportar el dinero que exigen estas personas identificadas plenamente con José Alfredo Ramos Tescum, secretario general de la organización.
Los apoyos de este programa estuvieron “congelados” por la veda electoral, pero ahora que ésta concluyó, están a punto de entregarse por parte de la dependencia federal. De ahí parte el acoso a los beneficiados para que paguen, so pena de no recibir el apoyo que es a fondo perdido, es decir, sin regresar un solo peso a la federación.
Al menos en el municipio de Bacalar son 35 campesinos de seis comunidades los que recibirán el dinero si entregan los quinientos pesos al personal de José Alfredo Ramos Tescum. Sacando cuentas, serán 13 mil 500 pesos libres de polvo y paja los que recibirá el líder de la CNC por hacer la gestión, cuando el trámite es gratuito en la SEDATU.
Esta es la primera vez que se denuncia a esta organización agraria por esta práctica de pedir dinero a cambio de la entrega de un apoyo gubernamental. El único antecedente que se tenía en Quintana Roo era con la organización del regidor capitalino, Federico Hernández Amador, la Unión Campesina Democrática., quien pedía dos mil pesos para hacer el trámite.
Según explicación del personal del departamento jurídico de la SEDATU, sólo a través de una denuncia de las personas que entregan el dinero, se puede proceder jurídicamente en contra de estos abusadores, recurso legal que tendrán que interponer ante la delegación de la Procuraduría General de la República, pues la instancia federal no tiene el carácter jurídico para demandar al no ser la afectada.
El programa Vivienda Rural otorga subsidios de hasta 20 mil pesos para que los hogares mexicanos rurales en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda, adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus viviendas. (Especial)
