CIUDAD DE MÉXICO.– La administración del Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo es identificada por organizaciones y activistas como una de las más “represoras” de la libertad de expresión. Las difamaciones en contra de periodistas, legislaciones como la Ley antimarchas y la de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, son algunos ejemplos del régimen opresor de la crítica que ha mantenido en la entidad en los poco más de cuatro años que lleva en el poder.
Uno de los señalamientos más fuertes fue la detención del periodista maya Pedro Canché Herrera, quien fue liberado el pasado 29 de mayo tras ser acusado, sin algún sustento, de sabotaje.
Información difundida en medios locales señala que la campaña mediática de desprestigio que se emprendió contra Canché, en marzo pasado, pasó previamente por la supervisión del vocero del gobierno de Quintana Roo, Rangel Rosado Ruiz, antes de “masificarse” a través de los diarios y las revistas locales.
De acuerdo con mensajes enviados y reenviados desde el correo [email protected], el mismo Gobernador estuvo previamente enterado de las calumnias que se publicarían los días y las semanas siguientes contra Canché Herrera.
Luego de la liberación de Canché y ante las irregularidades en su detención, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó el pasado 6 de mayo a Roberto Borge reparar el daño a la víctima; la implementación de cursos sobre la relevancia de la libertad de expresión en esa entidad federativa y colaborar con la dependencia en la presentación y seguimiento de las denuncias que formule ante los órganos correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados y de quien resulte responsable.
Sin embargo, el Gobierno de Quintana Roo se negó y como respuesta a dicha recomendación envió oficios a la CNDH mediante los cuales manifestó su “no aceptación al documento recomendatorio”.
La no aceptación de recomendaciones demuestra que no existe en el Gobierno de Quintana Roo un verdadero compromiso por cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, aseguró la organización Artículo 19.
LAS AGRESIONES A LA PRENSA EN TIERRA DE BORGE
Quintana Roo es la segunda entidad con mayor número de agresiones a la prensa debajo del Distrito Federal, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y por arriba de Veracruz, el estado que concentra más asesinatos de periodistas, de acuerdo con el más reciente informe de la organización.
También señala que el año pasado se registraron 42 casos de violencia contra la prensa en la entidad, de las cuales, 15 por ciento fueron cometidas por servidores públicos.
Las acusaciones contra Borge Angulo en materia de libertad de expresión no paran. El pasado 3 de agosto, el Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, impulsada por el Gobernador priista Roberto Borge, que contiene disposiciones restrictivas para el ejercicio periodístico. De acuerdo con la organización Artículo 19, constituye “un acto de simulación” de un gobierno que continúa agrediendo a periodistas críticos e independientes.
En el artículo 3, fracción XII de la nueva Ley de Quintana Roo, al definir el término “periodista”, se incorporan criterios restrictivos que no van de acuerdo con la concepción de este oficio como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, señalando que debe ser una actividad de carácter “permanente con remuneración”.
La legislación deja a Canché o a Espinosa Becerril fuera de la protección: simplemente no califican como periodistas porque no están (estaban, en el caso del fotógrafo) en una nómina. Rubén era freelance y Canché no está en ningún medio reconocido por el Gobierno de Borge Angulo.
En otro intento por silenciar las voces de protesta social, en mayo del año pasado el Congreso estatal aprobó la Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo, llamada popularmente “Ley Antimarchas”.
Quintana Roo se convirtió así en el primer estado de la República Mexicana que oficialmente concretó una ley en contra de las protestas sociales en espacios públicos, donde los participantes en marchas y mítines tendrán que pedir permiso a las autoridades para ejercer un derecho que está consagrado en los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución Mexicana.
También faculta a las autoridades para que, por cualquier tipo de queja o protesta, puedan disolver las concentraciones.
Todas las acusaciones que ha recibido Roberto Borge por parte de organizaciones, activistas y periodistas parecen no inmutar en lo más mínimo al Gobernador, al contrario, como respuesta premia con cargos públicos a los agresores de éstos. Por ejemplo, el pasado 30 de julio nombró a Jaime Ongay Ortiz, uno de los involucrados en la detención arbitraria de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, el 16 de diciembre de 2005, como Jefe de la Policía en el municipio de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún.
Pero no sólo la prensa crítica ha sido perseguida por el gobierno de Borge, también los políticos como la Diputada perredista Graciela Saldaña Fraire quien el pasado 8 de julio señaló directamente al Gobernador de preparar una serie de recursos jurídicos en su contra, con acusaciones infundadas, como una especie de “castigo” por su postura crítica ante los excesos y mal gobierno del mandatario. (Fuente: Sin Embargo)
