El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, presentó su renuncia al cargo.
La razón: el escándalo por corrupción que desde hace meses sacude a Guatemala.
La decisión fue hecha pública este jueves en horas de la madrugada por el portavoz del mandatario, Jorge Ortega, a través de un comunicado.
Aunque, según Ortega, Pérez Molina envió su carta de renuncia al Congreso de la República antes de la medianoche del miércoles.
“En la situación actual y teniendo en cuenta por sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y por lo tanto presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal”, explicó Pérez Molina en la misiva, fechada 2 de septiembre.
“Con la convicción de hacer lo correcto, me dirijo a usted y al honorable Congreso de la República para presentar mi renuncia al Cargo de Presidente de la República de Guatemala”, se lee en la carta.
Poco antes, la Fiscalía había emitido una orden de captura en contra del presidente.
Los delitos por los que la Fiscalía requiere a Pérez Molina son: asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, los mismos por los que su exvicepresidenta Roxana Baldetti fue encarcelada.
La renuncia del mandatario será efectiva una vez la acepte el Congreso, que se prevé lleve a cabo una sesión extraordinaria en las próximas horas.
El periódico guatemalteco Prensa Libre informó que en la tarde, la instancia legislativa juramentaría al actual vicepresidente, Alejandro Maldonado, un abogado conservador y expresidente de la Corte de Constitucionalidad, quien asumiría la presidencia de manera interina.
Maldonado se quedaría en el cargo hasta el 14 de enero del próximo año, cuando debía terminar el período original de Pérez Molina.
La primera ronda de las elecciones guatemaltecas, en las que se elegirá a un nuevo mandatario, están previstas para este domingo 6 de septiembre.
“Ciudadano ordinario”
Pérez Molina siempre ha protestado su inocencia y negado cualquier vinculación con la red de corrupción que es objeto de investigación por parte de la Fiscalía, conocida localmente como “La Línea”.
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El general retirado acudió incluso a la Corte Constitucional guatemalteca para pedir que su juicio quedara sin efecto a través de dos amparos.
Los cinco altos magistrados de dicha instancia, sin embargo, rechazaron los recursos.
El martes, con el voto de 132 diputados, de los 105 necesarios, Pérez Molina se quedó sin inmunidad —la primera vez que un presidente guatemalteco sufre esa situación.
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Esa votación despejó el camino para que el exmandatario de 64 años enfrente la justicia.
La fiscal general, Thelma Aldana, había indicado que luego de haberse retirado la inmunidad el presidente sería “sometido a los tribunales del país, como un ciudadano ordinario”.
“Nunca imaginé y nunca hubiera querido iniciar un antejuicio contra el presidente, sin embargo, la evidencia hizo imperativa hacer esta solicitud”, aseveró en esa oportunidad Aldana.
“Niego en forma terminante los señalamientos de haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera”, fue, sin embargo, la reacción del presidente.
“Mi conciencia en ese sentido, está tranquila. Daré la cara y demostraré frente a la institucionalidad que en ley corresponde mediante el debido proceso, que no he sido parte y mucho menos receptor de esos fondos mal habidos en perjuicio del pueblo de Guatemala”, prometió el pasado 23 de agosto.
Y Pérez Molina también le pidió perdón a los guatemaltecos, porque “no puedo dejar de reconocer que esto ha acontecido en mi gobierno y por funcionarios cercanos o a los que designé”.
“La Línea”
El presidente fue acusado el 21 de agosto por la fiscalía y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo avalado por Naciones Unidas, de liderar una mafia de corrupción aduanera que defraudó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La estructura criminal fue desmantelada en abril.
Y el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, aseguró que en las más de 80.000 escuchas telefónicas realizadas en el marco de la investigación y en los más de 5.000 mensajes de correo electrónico revisados existían referencias a “el uno” y “la dos”, que corresponderían a la participación de Pérez Molina y de su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.
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La red era presuntamente manejada por el ex secretario privado de la exvicepresidenta Baldetti.
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“Uno de los temas sustanciales era el contrabando y en general con la defraudación en un país tan necesitado de recursos”, señaló Velásquez.
Aunque no se conoce el monto total de lo defraudado, en dos semanas un miembro del grupo delictivo fue capaz de recaudar 2,5 millones de quetzales (unos US$330.000), de acuerdo a la pesquisa oficial.(Fuente: BBC Mundo)
