CHETUMAL, MX.- Con un retraso de casi dos años y siete meses, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió la Recomendación 17/2015 en contra del Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera por la tortura de Héctor Casique Fernández y Maximiliano Ezequiel Mallán González, detenidos el 17 de marzo del 2013 por agentes judiciales acusados de estar presuntamente relacionados con la matanza en el bar ‘La Sirenia’, en un colonia popular de Cancún
Luego de que el caso cobró relevancia nacional e, incluso, internacional, el ‘ombudsman’ Harley Sosa Guillén, quien se había mantenido omiso ante la denuncia de torturas, reconoció la implicación de más de una decena de funcionarios policiacos en la tortura a Casique, entre ellos, el entonces director de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola.
En este tiempo, tras dejar el cargo al frente de la Judicial, Arturo Olivares Mendiola se desempeñó desde el 30 de junio del 2013 como secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez hasta el pasado 30 de julio del 2015 cuando fue nombrado subsecretario de la Coordinación de las Policías Municipales en Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, cargo que ocupa actualmente.
El pasado 23 de septiembre, cuando apenas llevaba una semana como titular de la Procuraduría de Justicia, se dio a conocer que Carlos Arturo Álvarez Escalera incurrió en desacato al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en una sentencia en favor de Héctor Casique Fernández, considerado víctima de tortura por organizaciones internacionales.
Y es que la Sala Constitucional y Administrativa (SCA) del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado ordenó el ejercicio de acción penal contra Arturo Olivares Mendiola, por el delito de tortura en agravio de Héctor Casique, quien fue acusado de ser miembro del Cártel de Golfo.
De acuerdo con familiares de Casique Fernández, el resolutivo de la SCA alcanza a otros 35 funcionarios y exfuncionarios de la PGJE, entre ministerios públicos, secretarios y elementos de la PJ.
La resolución de la SCA es partir de un recurso de queja por la negativa del MP, Julio César Bonilla y del entonces procurador Gaspar Armado García Torres, para dar cauce la denuncia presentada por Casique Fernández por el delito de tortura.
Los abogados de Casique Fernández explicaron que, tras su detención, presentaron una denuncia ante el MP del fuero común por el delito de tortura, pero éste ni siquiera consignó el caso y determinó el no ejercicio de la acción penal.
Ante este determinación, los abogados de Casique Fernández presentaron un recurso de inconformidad ante el entonces procurador Gaspar Armado García Torres, quien ratificó el no ejercicio de la acción penal.
Frente a este nueva negativa, la defesa presentó un recurso de queja ante la SCA del TSJ contra la Procuraduría estatal.
Los litigantes sostuvieron que se ha confirmado la violación sistemática de los derechos humanos de su cliente, desde que fue detenido y que, entre otras irregularidades, ha sido sometido a dos juicios por el mismo delito.
Héctor Casique, refirieron, fue acogido por el Protocolo de Estambul, mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaria de Gobernación (Segob) le reconoció calidad de víctima.
LA TARDÍA RECOMENDACIÓN DE LA CEDH
Sólo después de todo lo anterior, el ‘ombudsman’ estatal reaccionó y este miércoles, mediante un comunicado de prensa, señaló que la recomendación al actual Procurador deriva del expediente VG/BJ/136/03/2013-4 y su acumulado VG/BJ/137/03/2013-5.
En ese expediente se documentó que dos personas de sexo masculino fueron detenidos por la Policía Turística Municipal por ultrajes a la autoridad, y que posteriormente fueron remitidos con los agentes de la Policía Judicial del Estado al presuntamente encontrarse relacionados con el homicidio en el bar “La Sirenita” acontecido el 14 de marzo de 2013. En este sentido, las dos personas detenidas refirieron haber sido objeto de tortura como golpes, toques eléctricos, asfixias y otros tratos graves e ilegales.
En el expediente de queja y su acumulado obra la constancia de los resultados del Protocolo de Estambul aplicado por Peritos en Psicología y Medicina Forense adscritos a la Segunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que se concluyó la alta probabilidad que el daño médico-psicológico fuera causado por hechos de tortura.
En esta investigación la Segunda Visitaduría General citó a comparecer a más de una treintena de servidores públicos que en algún momento tuvieron contacto con los agraviados.
Del análisis jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo cuenta con elementos que permiten acreditar las violaciones a los derechos humanos de ambas personas, específicamente a la integridad y seguridad personal, por hechos consistentes en la tortura, atribuibles a los elementos de la Procuraduría estatal.
La recomendación dirigida al Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera, se conforma de siete puntos, entre las cuales figuran que se inicie el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, en contra quien en ese entonces ocupaba el cargo de Director General de la Policía Judicial del Estado, diversos agentes de la policía judicial, agentes del Ministerio Público del Fuero Común y Oficiales Secretarios -que fueron omisos en garantizar los derechos humanos de los agraviados conforme a lo dispuesto en el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley-, para determinar el grado de responsabilidad en que incurrieron al violentar los derechos humanos y, consecuentemente, imponerles las sanciones que legal y administrativamente les sean aplicables.
Asimismo se recomendó que como medida de rehabilitación, se proporcione atención médica, psicológica y psiquiátrica a los agraviados, en calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos. Para el caso específico del agraviado que permanece interno en el CERESO de Cancún, se recomendó se le reubique en un lugar donde se garantice su integridad personal y su vida. De igual forma se pide se inicien los trámites necesarios para que se reparen de manera integral los daños causados a en los términos que establecen los estándares internacionales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.
De igual forma se contempla la disculpa pública a los agraviados, capacitación y formación en derechos humanos de los servidores públicos de la PGJ; instruir a los agentes de la Policía Judicial se abstengan de instigar, cometer o autorizar a un tercero o se sirvan de él, para infligir a una persona actos de tortura, o no eviten que se cometan dichos actos sobre una persona que esté bajo su custodia.
Por último se recomendó girar instrucción a efecto de que manera perentoria se emita la determinación correspondiente en la averiguación previa existente, instruida por el delito de tortura cometida en agravio de los ya señalados, y en contra del Director General de la Policía Judicial y demás servidores públicos involucrados.
En relación a esta recomendación el ombudsman del estado reprobó los actos de tortura y se pronunció para que los servidores públicos respeten los derechos humanos de las personas y que las investigaciones de los encargados de la procuración de justicia se apeguen al marco normativo y al principio de legalidad, en aras del fortalecimiento del Estado de Derecho.
En este sentido mencionó la necesidad de trabajar específicamente en capacitación a fin de que las y los servidores públicos conozcan los derechos humanos y se conduzcan con legalidad. (Con información de la CEDH)
Hasta cree que el procurador va ejercer acción penal en contra su gente, por los pasillos de la dependencia un mp involucrado dijo que están bien protegidos por el procurador y jamás lo van a detene, ahí se ve como esta la corrupción de sus jefes, y ahora su modalidad es detenerlo por un celular y consignaron otro delito grave para que el Tribunal de justicia se presta para sus cochinadas del Gobierno borguista….
vaya mucho a chingar a su reputisima madre el harley sosa que lo unico que sabe hacer es olerle el culo a zapo borge pinches arrastrados dan pena ajena carcel a todos ellos por bandidos
coño… creo que despues de hacerse pendejos casi tres años para reconocer todos los agravios en contra de los detenidos lo mejor que pudiera hacer el puto gobierno de borge es soltarlos so pena que éste caso se les convierta en algo similar al de los presos politicos de carrillo puerto en que la CNDH le ordenó a borge y su banda no solo indemnizar sino hasta pedir perdon publico (a los presos politicos liberados de carrillo puerto), cosas que, por cierto, no ha querido hacer el sapo… Amén…
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