La Procuraduría de Quintana Roo ha sido ‘excelente’ para detener ‘feminicidas’ y desmantelar atestadas células del crimen organizado.
Sin embargo, en otros temas se ha visto más que lenta.
En el proceso electoral de 2013, se presentó una ola violenta, delincuencial, en la que las víctimas fueron dirigentes opositores.
No solo en Cancún, sino que en varias partes estado, fueron quemados automóviles, que establece el delito de daños, y algunos ciudadanos fueron víctimas de amenazas.
La PGJ, en ese tiempo encabezada por Gaspar Armando García Torres, no resolvió un solo caso.
Ahora, en el proceso electoral de 2016, regresa la estrategia del miedo.
La inacción de la PGJ en 2013, advierte, culposa, que fue ‘el estado’.
Y desde la impunidad del aún reciente 2013, la violencia electoral ha regresado en 2016.