CANCÚN, MX.- Ante la pasividad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, tres municipios de Quintana Roo, Solidaridad, Othón P. Blanco y Benito Juárez (Cancún) ocupan los primeros lugares a nivel nacional en materia de violaciones sexuales contra mujeres, de acuerdo a un estudio realizado en 2015 por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Durante la firma del convenio entre el ONC y el Observatorio de Violencia Social y de Género en Benito Juárez, que tiene como objetivo trabajar en temas de seguridad, principalmente delitos contra la mujer y tratar de erradicarlos, se dio a conocer que de acuerdo al índice de población de cada municipio, Solidaridad ocupó el primer lugar a nivel nacional en violaciones con un total de 95 casos; Othón P. Blanco, tuvo el segundo, al registrar 97 hechos, y Cancún, el cuarto sitio, con 288 denuncias.
Sin embargo, desgraciadamente la mayor parte de los casos de violencia contra las mujeres de diversas edades no se denuncian, debido diversos factores, entre otros, la desconfianza en las autoridades encargadas de la administración, procuración y prevención de delitos.
Celina Izquierdo Sánchez, coordinadora del OVSyG en Benito Juárez, señaló que de acuerdo a cifras del primer trimestre de 2016, respecto al mismo período del año pasado, en el municipio de la capital del estado el índice de violaciones contra mujeres se mantuvo la cifra con 19 casos registrados.
Dijo que en Playa del Carmen fueron denunciados 7, mientras que el año pasado, en el mismo periodo, iban 24 expedientes iniciados, en tanto que en Cancún, en los primeros tres meses de este año, fueron 17 averiguaciones previas levantadas, cuando el año anterior se reportaron 60 denuncias.
“El Observatorio de Violencia Social y de Género en Benito Juárez tiene más de cuatro años diciendo a las autoridades que están en los primeros lugares en este fenómeno social y no se ha hecho nada”, denunció.
La también catedrática de la Universidad del Caribe indicó que no solamente estudian el fenómeno de violaciones, sino también la violencia contra la mujer que es otro de los delitos que más se denuncia en Quintana Roo.
Entre las omisiones e inacciones de las autoridades estatales y municipales enlistó:
- No hay voluntad ni una política para atender estos delitos,
- No hay prevención de los delitos,
- Ni siquiera se tiene un laboratorio de ADN para realizar las pruebas judiciales,
- No se suspende el embarazo cuando se produce una violación,
- No hay ninguna sola política para disminuir la cifra,
- No hay ni siquiera protocolo de feminicidios.
- Quintana Roo ocupa los primeros lugares en inseguridad en el país.
Por su parte, Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano uno de los objetivos de la firma del convenio es trabajar en temas de seguridad, principalmente delitos contra la mujer.
“Será el primer paso para generar una colaboración para que el ONC le transfiera al observatorio local metodología y capacitación para que repliquen el trabajo que se realiza desde nivel nacional, pero de manera local y con ello trabajar de manera homologada para entender el fenómeno delictivo y proceso de justicia”, destacó.
Informó que durante tres meses se capacitará a los 13 integrantes del Observatorio local y con ello sumarlo a la red de observatorios certificados.
Actualmente tenemos 15 observatorios certificados en la Red Nacional de Observatorios y el de Benito Juárez será décimo en fase de certificados, dijo el titular de la ONC.
La meta al finalizar el año es tener 25 en todo el país.
El objetivo es generar una sinergia que busque entender la problemática de incidencia delictiva de acceso a la justicia y legalidad en la entidad y que construya soluciones a los problemas que se están presentando.
En el país y principalmente en algunas entidades como Quintana Roo, se presenta el grave problema de que los delitos no se atienden ni se clasifican como deber ser, señaló Rivas Rodríguez.
Aunado a ello, explico, a las víctimas no se les atiende adecuadamente, a que no hay el acceso a la justicia para las víctimas.
Por eso hay conformado la red nacional de 15 observatorios nacionales en el país, para visualizar los problemas que enfrenta en cada entidad y atenderlos de manera puntual.
“Seguimos teniendo en el país una grave deficiencia de administración, procuración, prevención e impartición de justicia, pues en la mayor parte de las procuradurías estatales llegan las víctimas y no son atendidas aunado a que hay muchos casos de que ni siquiera se denuncian por la desconfianza hacia las autoridades.
Se pierden horas en ir a levantar la denuncia, por burocracia, malos tratos”.
Dijo que la primer tarea que llevarán a cabo es generar los diagnósticos sobre los delitos de alto impacto, con la participación activa de la sociedad civil, de las autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial, de los académicos y de otros actores sociales, como los empresarios, etcétera.
El director general del ONC apuntó que hay problema de delincuencia organizada, hay problemas de trata de personas, y de violencia contra la mujer.
“Si Quintana Roo es uno de los grandes generadores de divisas para el país, que se utilizan para generar infraestructura educativa, de salud, no podemos perder esta entidad por no atender los problemas”, matizó.
Otro de los grandes problemas es la falta de capacitación efectiva de las policías, que se convierte en un conflicto en la procuración e impartición de justicia, y no actúan como señalan los protocolos y en ocasiones, vemos que se caen muchos casos por la falta del debido proceso.
También afecta una serie de subejercicios de recursos etiquetados por el gobierno federal que no son utilizados por los gobiernos estatales, en este caso por procuradurías como la de Quintana Roo, que desgraciadamente, no es la única.
“Entendemos que hay problemas que las autoridades tienen y vemos que en los recientes 20 años, ha crecido el gasto que ejercen las Procuradurías, que los Ministerios Públicos no trabajan en las condiciones óptimas para desempeñar eficientemente su labor, no hay una carrera profesional dentro de las procuradurías, no hay homologación salarial”, comentó.
Otra tarea es generar incentivos y no sólo ver las cosas negativas, ver cuáles son los problemas que enfrentan el personal para tratar de coadyuvar a solucionarlos, esa es la labor del Observatorio.
Sostuvo que ante la percepción de que el marco institucional tolera y genera la corrupción, el Observatorio invitó a las autoridades del país a lanzar una campaña nacional por una cultura de la legalidad, en donde el primer punto es que las autoridades ajusten sus conductas a derecho, porque en muchas ocasiones, los criterios de resolución son individuales, dejando al lado lo que dice la ley.
“No tolerar las malas prácticas, pues la impunidad promueve la corrupción, las deficiencias, la burocracia, la falta de transparencia, la falta del respeto de las personas”.
Dijo que en ocasiones las estadísticas que realizan las autoridades, no corresponde con la realidad de violencia, principalmente contra las mujeres, tal es el caso de Quintana Roo.
También hay problemas con la clasificación del delito de extorsión que afecta gravemente a la sociedad.
“En ocasiones el personal no es suficiente y no está preparado, Hay sistemas viciados que contaminan al personal de reciente ingreso, en una espiral de corrupción y deficiencias, burocracia.
La activista Celina Izquierdo Sánchez, concluyó: “Cuando el objetivo es compartido se construyen alianzas, cuando se requiere elaborar respuestas se suma con los pares, ante los depredadores es preciso hacer un cardumen y la intención de la alianza con una organización nacional es porque tiene los mismos objetivos que nuestro organismo y nos sumamos con pares académicos para diseñar metodologías, para duplicarlas y compartirlas en temas como inseguridad, prevención y política pública”. (Noticaribe)
