CANCÚN, MX.- Por la abierta y tolerada de compra de votos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la pasada elección del 5 de junio, la activista ciudadana Bettina Cetto lanzó una iniciativa en internet para recopilar firmas para pedir la anulación de las votaciones en el municipio de Benito Juárez y el cambio de los consejeros electorales locales, luego de que este partido, en alianza con el PRI, ganara la alcaldía y las ocho diputaciones en disputa en medio de fuertes acusaciones de irregularidades.

De acuerdo con la petición subida a la plataforma change.org, la petición está dirigida a Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

En el escrito, se fundamenta como las irregularidades de compra de votos en las que incurrió el PVEM fueron toleradas y solapadas por el PVEM, por lo que durante los comicios no cumplió con la máxima de tener un voto libre y secreto, motivo por el que las elecciones deben ser anuladas.

“De aceptar que se instale en Cancún el partido Verde, éste difícilmente volverá a salir porque solidificará su red piramidal de compra del voto mediante la explotación de las debilidades económica y cívica de importantes segmentos de la sociedad”, se advierte.

“De permitirse esto, el futuro de Cancún, no sólo electoral, sino el de su gobierno municipal, estará determinado por un proceso de compra y coacción del voto”, agregó. “Estamos ante un atentado sumamente grave que trasciende lo puramente electoral. De no contrarrestarlo estaríamos de hecho aceptando que las elecciones sean compradas y por ende aceptaríamos que sale sobrando la voluntad popular”.

Aquí puedes sumarte y firmar la petición para pedir la nulidad de la elección.

A continuación, los argumentos esgrimidos para demandar la anulación de la elección:

El voto debe ser libre y secreto. Esa fundamental premisa, la cual incluso estaba impresa en las mamparas de cada casilla instalada para la jornada electoral del pasado 5 de junio, fue violentada por nuestra autoridad electoral: el IEQROO. Los siete consejeros del IEQROO, por unanimidad, se rehusaron a aprobar un acuerdo que fue sometido a votación a pedimento de dos partidos políticos (PRD y MORENA) el 2 de junio del año en curso, en Sesión Extraordinaria, punto número 5, el cual tenía por objeto prohibir tomar fotos a las boletas marcadas con el voto, dentro de las mamparas, el día de la jornada electoral. Y ello, a pesar de que la autoridad debió tener conocimiento de la fuerte actividad de compra y coacción ejercida por algunos partidos durante el proceso electoral y desde antes en Cancún. El IEQROO acordó negativamente el punto: permitió que el voto no fuera ni libre ni secreto, y así se violó nuestro derecho constitucional a “…elecciones libres, auténticas y periódicas…”, al cual tenemos derecho tutelado por el Artículo 41 de la Carta Magna, Art. 135 y Art.46 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el Artículo 8 de la Ley Electoral de Quintana Roo.

Estamos hablando de que a todos los consejeros del IEQROO les pareció bien que se violara el mandato fundamental que deben defender: el voto libre y secreto. Permitir llevar consigo el celular a la mampara, cuando ya se sabía que la foto se utiliza como una etapa de la compra-venta del voto es equivalente a autorizar que éste no sea libre ni secreto. El sufragio no es libre ni secreto cuando la foto es un contrarrecibo para recibir la prestación prometida por el partido contratante, que sabemos es el Partido Verde Ecologista.

Además de los antecedentes en este municipio, el 22 de abril de 2015, en una acción impulsada por grupos ciudadanos, se solicitó la cancelación del registro nacional de este partido precisamente por ser reincidente de delitos electorales graves, entre ellos, la compra y coacción del voto. Aunque el INE se ha limitado a multar al PVEM.

Anexamos a esta carta documentos que prueban el ilícito cometido miles y miles de veces. El primer documento es una confesión detallada de para qué han suministrado las despensas “todos estos años”. Y que si ganan la elección, se comprometen a que las familias receptoras de despensas incluyan una familia más y la promesa de que recibirá “sus despensas mensuales para siempre”. Esto es, piensan seguir cometiendo sistemáticamente el ilícito, “para siempre”. Han organizado la ilegalidad mediante un esquema piramidal tipo Ponzi y por ello una vez instalado el partido Verde como gobernante, con el dinero de los gobernados pagará las despensas que permitan no sólo continuar sino ampliar el esquema de coacción y compra del voto.

En el segundo documento claramente, en negrita y en mayúscula, imprimen: “LA FOTO ES 100% LEGAL” y escriben enseguida “sus coordinadores distritales, tomarán foto y la subirán al chat para la tranquilidad de todos de que es legal”. Al permitir que se fotografíe el voto como comprobante de la acción ilegal, el IEQROO, se convierte en cómplice de delitos electorales graves. En virtud de lo aquí señalado, los abajo firmantes consideramos que sus consejeros deben, cuando menos, ser removidos del cargo (Art. 41 y 116 inciso IV a, constitucionales).

De aceptar que se instale en Cancún el partido Verde, éste difícilmente volverá a salir porque solidificará su red piramidal de compra del voto mediante la explotación de las debilidades económica y cívica de importantes segmentos de la sociedad. De permitirse esto, el futuro de Cancún, no sólo electoral, sino el de su gobierno municipal, estará determinado por un proceso de compra y coacción del voto. Estamos ante un atentado sumamente grave que trasciende lo puramente electoral. De no contrarrestarlo estaríamos de hecho aceptando que las elecciones sean compradas y por ende aceptaríamos que sale sobrando la voluntad popular.

Aunque baste este delito electoral sistemático, no sólo la compra y coacción hacen ilegal la elección municipal del pasado 5 de junio, también el haber rebasado el tope de campaña, la guerra sucia habilitando candidatos a modo, los actos de violencia en contra de militantes y simpatizantes de la coalición UNE.

Sabemos que la elección municipal ha sido impugnada por un partido político: promover la nulidad de la elección para Ayuntamiento en Benito Juárez es un acto de justicia ante nuestra inconformidad, hace eco al enojo que sentimos. Tenemos muy presente el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), a la cual (Pacto de San José) nuestro país está apegado por ser un Estado Parte, firmante el 29 de noviembre de 1969, y así debe reconocer los derechos políticos como fundamentales, como derechos humanos. El artículo 25 de la misma CADH obliga a los Estados Partes a garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales como lo son los derechos políticos electorales a tener una elección con voto libre y secreto.

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