CHETUMAL, MX.- Mientras en los juzgados literalmente no tienen ni hojas ni toners para imprimir las actas de los juicios en proceso, este martes el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva Rivero, tiró la ‘casa por la ventana’ para la presentación de su segundo informe en la ciudad de Chetumal.
El magistrado, como si se estuviera promoviendo para un puesto público o para aparentar que es muy popular, contrató varios camiones para el traslado de acarreados e invitados a su informe en la instalaciones del Tribunal y para la posterior comilona realizada en el Salón Bellavista.
Afuera del lugar, habían varios autobuses de la empresa Tena, de la familia del Alcalde de Cancún, Remberto Estrada, en la que fueron trasladados los ‘invitados’ de Villanueva Rivero.
En Cancún, una fuente confirmó que nunca en la historia de los tribunales habían pasado por lo que ahora está ocurriendo: no tienen ni hojas y están usando toners rellenables que estropean los equipos porque no hay recursos, o al menos es lo que les dicen, aunque la situación contrasta con los gastos superfluos en los que incurrió Fidel Villanueva para su informe.
Paradójicamente, durante su segundo informe, Fidel Villanueva Rivero reconoció que el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo “mantiene muchas limitantes presupuestales que le impiden alcanzar la independencia económica y cumplir al cien por ciento con la aplicación de una justicia pronta y expedita”.
De acuerdo con información de Luces del Siglo, el magistrado urgió a la federación compensar toda la carga laboral que se transfirió a los órganos estatales de administración de justicia, con las reformas promulgadas en esta materia por el Congreso de la Unión.
Villanueva Rivero consideró que “dicha carga de trabajo no se ha reflejado en el presupuesto anual destinado para la impartición de justicia”.
“Para seguir cumpliendo y alcanzar la justicia rápida y expedita que demanda la población, sostuvo, el Estado mexicano debe afrontar el compromiso de ayudar con más recursos a los estados, por lo que propuso elevar a rango constitucional el presupuesto tanto de tribunales federales como de los estados”.
“Recuerdo cuando el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Genaro Góngora Pimentel –ahora en retiro–, advirtió claro y tajante que en caso de aprobarse el presupuesto solicitado para la Corte, no habrá otra opción que cerrar juzgados”, relató.
El funcionario judicial citó que, por ejemplo, que la materia mercantil y la de narcomenudeo son facultad federal, pero ahora ya se atienden también en juzgados locales.
A esta carga de trabajo, añadió, desde 2008 se sumó la atención del sistema adversarial, con sus juicios orales, y más recientemente se ha planteado para que el Poder Judicial absorba también la materia laboral, pero no se han visto mejoras significativas al presupuesto.
En el informe, el magistrado presidente destacó los avances del estudio Doing Businnes, a través del cual el banco mundial analiza y compara la normatividad que regula las actividades de empresas, en su apertura, obtención de permiso de construcción, registro público y cumplimiento de contratos.
Ahora al Tribunal Superior de Justicia en el estado le corresponde este último tema, lo que ha implicado que en los últimos cinco años se haya incrementado la presencia de jueces y juzgados en materia civil, lo que permite estar en el lugar 15 de este reconocimiento. (Con información de Luces del Siglo)
