CHETUMAL, MX.- Los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHeQROO), Harley Sosa Guillén, Lic. Jorge Antonio Cámara González, Lilia María Conde Medina, Manuel Chejín Pulido, Dafne Bernardina García Herrera, Alicia del Socorro Pérez Rodríguez y Mario Bernardo Ramírez Canul se solidarizaron con los seis reporteros de Playa del Carmen que han sido víctimas de amenazas y agresiones en el ejercicio de su labor periodística tanto en la cabecera municipal de Solidaridad como en Puerto Morelos.
En un comunicado en el que manifiestan su pronunciamiento, los integrantes del Consejo Consultivo reprobaron cualquier amenaza o agresión en contra de quienes tienen la noble labor de informar todos los días sobre el acontecer de nuestro Estado.
“Este pronunciamiento se dirige también a las autoridades municipales y estatales para que quienes se desempeñen como servidores públicos, respeten los derechos humanos de los periodistas, ya que los agredidos aluden presuntas agresiones e intimidaciones de elementos de Seguridad Pública, municipales y de la Fiscalía General del Estado durante el ejercicio periodístico”.
En este sentido, la Comisión de los Derechos Humanos, a través de la Segunda y Tercera Visitaduría General, está investigando estos hechos mediante la apertura de tres expedientes de quejas: Uno en contra de la Policía Municipal de Puerto Morelos por la agresión con gas lacrimógeno a una reportera, mientras cubría una manifestación.
La segunda por la agresión e intimidación de un elemento de la Fiscalía General del Estado en contra de un reportero que cubría una nota policiaca en Playa del Carmen; y la tercera en contra de un elemento de la Policía Municipal de Solidaridad por la agresión a un reportero que tomaba fotografías para una nota de la sección policiaca.
“Aunque esta Comisión aún no se puede pronunciar sobre la acreditación de hechos violatorios de derechos humanos hasta que no se desahogue toda la investigación correspondiente, es menester recordar a los Ayuntamientos de Solidaridad, Puerto Morelos y la Fiscalía General del Estado, que la labor periodística está amparada por los artículos 6º y 7º Constitucional, así como por instrumentos internacionales reconocidos por el Estado Mexicano, como La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, asienta en el documento.
Asimismo, manifestamos que si bien bajo el amparo del Nuevo Sistema de Justicia Penal existen protocolos para proteger las evidencias en la escena del delito, las restricciones deberán ser conforme a derecho y que además se debe buscar en todo momento no transgredir la dignidad humana ni ejercer un uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de las y los comunicadores que estén cubriendo esos acontecimientos, ni en contra de civiles que estén en dichas escenas.
Por otro lado, tenemos conocimiento que otros tres comunicadores sufrieron amenazas y agresiones por parte de civiles, durante la cobertura de la tala de mangle, hechos que ya fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado.
En este sentido, exhortamos a esa instancia a desahogar la investigación para proteger la integridad física de los comunicadores y para que se actúe conforme a derecho en contra de los responsables.
“A fin de contribuir a la protección más extensa de los derechos humanos de los comunicadores que refieren haber sido agredidos, hacemos de conocimiento que esta Comisión se ha dirigido oficialmente a la Secretaría de Gobernación a fin de solicitar su intervención para la implementación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a favor de dichas personas”.
En el ánimo de promover la protección de quienes se desempeñan en el ámbito periodístico, este organismo estatal se compromete a gestionar cursos de capacitación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos específicamente del programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, dirigidos a comunicadores de la Zona Norte del Estado.
La agresión a las personas que se desempeñen en el ámbito periodístico lastima a la sociedad y por tanto a la vida democrática de Quintana Roo. Ser periodista no debería ser considerada una labor de alto riesgo, pues de ser así derivaría en la afectación de los derechos de la ciudadanía a ser informada, y a su vez en la libertad de elegir y de actuar respecto de los asuntos que le conciernen de su comunidad.
Proteger los derechos humanos de las y los periodistas es un asunto de interés trascendental para el Estado, por lo que la ciudadanía y los tres niveles de Gobierno debemos de crear una unión contra estas agresiones. Privilegiar el derecho a la información y la libertad de expresión es una consigna que debe permear en las autoridades para garantizar la democracia de nuestro Estado. Evitemos tolerar la violencia fortaleciendo los derechos humanos de todas y todos. (Fuente: Diario de Quintana Roo)
