Los excesos de Roberto Borge no se reducen al asunto financiero.
Si bien siguen saliendo desvíos y más transas del ‘borgismo’, otro gran pendiente contra el ex gobernador son los derechos humanos y la libertad de prensa.
Ahí también deber de haber deslinde responsabilidades.
La política de ‘comunicación social’ de Borge no solo consistió en repartir 700 millones de pesos anuales en convenios publicitarios y perseguir a los que no se doblegaron al dinero y a las amenazas.
Había todo un sistema para detectar a los seguidores de los portales web y páginas de redes sociales de medios y reporteros no alineados a la voluntad de Borge, entre ellos Noticaribe.
Un grupo de jóvenes se aplicaba a fondo en revisar cada una de las publicaciones de los medios no controlados y revisar y ‘ubicar’ a las personas que daban ‘like’, compartían o ‘retuiteaban’ a esos contenidos.
A esto le llamaban ‘monitoreo’, pero es más bien ciberespionaje.
Y luego, por ejemplo, si uno de los seguidores de estos medios, laboraba en el gobierno, acabaría teniendo problemas en su trabajo.
Toda era parte de un esquema de control.