NO QUEREMOS QUE LOS CENTROS DE PRISION PREVENTIVA SEANHOTELES DE LUJO SINO QUE COMPLAN CON LAS CONDICIONES: CDHQROO
Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- En lo que consideró un primer llamado de atención, la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo otorgó un plazo de seis meses para que las autoridades municipales de Othón P. Blanco, Bacalar, José Maria Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Lazaro Cardenas, Isla Mujeres y Benito Juarez mejoren las condiciones de los centros de prisión preventivas, ya que de lo contrario se emitirán recomendaciones e incluso se pedirá sanciones contra las autoridades por no preservar los derechos humanos de las personas.
Al presentar el resultado del primer diagnóstico realizado en estos centros de detención, en los cuales son recluidas aquellas personas que infringen el Bando de Policía y Buen Gobierno, Harley Sosa, ‘ombudsman’ estatal, aclaró que no se pretende que los presidentes municipales tengan hoteles de lujos para los internos, pero si que mejoren la infraestructura, iluminación, condiciones de los sanitarios y la existencia de agua potable.
Explicó que para este primer diagnostico se elaboraron indicadores tipo semáforos de alerta que demuestran si se encuentran “bien”, “requieren atención” o “requieren atención inmediata”, en rubros como capacidad y población, procedimiento de ingreso, egreso y registro de pertenencias, situación jurídica y normatividad, comunicación con el exterior, estancia digna y segura, atención médica, integridad física y moral, capacitación al personal, grupos en situación de vulnerabilidad.
Las cárceles públicas revisadas fueron en Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Cozumel, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y las dos cárceles preventivas en Benito Juárez (El “Torito” y la ubicada en la Zona Hotelera).
Sosa Guillén señaló que en algunas de estas instalaciones se advirtió que no cumplen con los requisitos mínimos para proporcionar un trato humano y respetuoso a las personas que sean privadas de su libertad por la comisión de faltas y/o infracciones a los Bandos de Policía y Gobierno Municipales.
Estos se refiere de manera general a la falta de alimentación a las personas detenidas durante las 36 horas de arresto; en otras no se proporciona la llamada para avisar a los familiares; en el caso específico de Bacalar no se cuenta con un Bando de Policía y Buen Gobierno, y en otras se ha tenido incidentes en donde se ha tenido a personas agredidas durante su arresto.
Ante ello, el presidente de la Comisión expuso que por ningún motivo debe permitirse la desproporción entre la infracción cometida y la sanción impuesta. Es decir, si la sanción es un arresto, ésta no debe imponerse en condiciones inhumanas, crueles y/o degradantes.
Al respecto el ‘ombudsman’ del estado emitió un pronunciamiento dirigido a los Ayuntamientos respectivos a fin de subsanar las deficiencias encontradas, como proporcionar alimentación adecuada durante las 36 horas de arresto, contar con traductores certificados, contar expedientes físicos o digitales al día, separación entre hombres y mujeres, así como adolescentes, realizar las valoraciones médicas correspondientes, contar con manuales de procedimientos y protocolos de seguridad, que los Jueces Calificadores o de Paz, acudan de manera frecuente a verificar el estado físico y vigilar el respeto y protección a los derechos humanos de los arrestados entre otros. (Noticaribe)