Por Hugo Martoccia
CANCÚN, MX.- El gobierno de Remberto Estrada encontró una salida presuntamente legal para que la sociedad no conozca los términos del contrato de arrendamiento de las patrullas.
La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento decidió que esa información sea considerada como “reservada”, y negó entregarla a un ciudadano que la había solicitado de manera pública y por los conductos legales.
Ese organismo municipal determinó “la reserva de la información en virtud de que pone en riesgo las acciones destinadas a proteger la integridad, permanencia y estabilidad del municipio pudiendo afectar la estabilidad de las instituciones públicas y/o la integridad física de la ciudadanía en general”.
La resolución se tomó el pasado 17 de febrero, y fue dada a conocer este fin de semana por Héctor Ortega Contreras, un integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el estado.
Ese documento se emitió como respuesta a un pedido del pasado 19 de enero, presentado por Héctor Ortega, en el cual solicitaba información sobre la empresa que arrendó las patrullas, el monto del contrato y las condiciones del mismo.
Sin embargo, la Unidad de Transparencia determinó considerar la información como reservada, y para ello se basó en el artículo 134 de la Ley de Transparencia estatal. En dicha ley, se considera que la información puede ser considerada reservada cuando “comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable”.
El próximo paso de Héctor Ortega será inconformarse ante esa negativa a entregar la información.
La decisión del gobierno de Remberto Estrada resulta extraña, porque de algún modo la información sobre el arrendamiento de patrullas ya ha sido publicada.
Según los datos que se tienen, el municipio realizó primero un contrato por 42 día por la renta de 97 patrullas por un monto aproximado de 5.8 millones de pesos, que se pagaron con recursos propios.
Y luego realizó otro contrato por la misma cantidad de patrullas pero por 11 meses, a un costo de 46.4 millones. Eso se pagará con fondos de recursos federales.
Ambas licitaciones fueron ganadas por la misma empresa: el Grupo Empresarial Urfisa.
El arrendamiento de patrullas fue criticado por la rareza de que una misma empresa gane dos licitaciones consecutivas; por los montos involucrados, que son iguales a sí se hubiesen comprado los vehículos, y por la opacidad del gobierno en el manejo del tema.
Pero la decisión de la Unidad de Transparencia de negar entregar la información de ese contrato y considerarlo reservado, da a pensar que quizá hay aún más cosas por conocer. (Noticaribe)
