CANCÚN, MX.- Al cumplir tres meses al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Ángel Pech Cen adelanta que ya solicitaron las primeras órdenes de aprehensión contra ex funcionarios del sexenio anterior, de un total de 18 denuncias, no solo contra ex funcionarios públicos del Gobierno del estado, sino además contra ex funcionarios de tres municipios.

En entrevista con Noticaribe, el Fiscal repasa algunos de los episodios más convulsos de su gestión como los ataques a la sede de la Vicefiscalía de la Zona Norte y al bar ‘Blue Parrot’ de Playa del Carmen. De este último caso,  revela los primeros resultados sobre este atentado, que dejó seis personas muertas.

También aborda el recrudecimiento de la violencia en Cancún y Playa del Carmen, las carencias que enfrenta la Fiscalía y otras ‘herencias’ de sus antecesores, tanto en la Fiscalía como la desaparecida Procuraduría General de Justicia (PGJ), que incluso derivan en un retraso de dos años en la implementación del nuevo sistema de justicia acusatorio en Cancún, aunque también se queja de la falta de colaboración de la PGR.

Sobre una de las asignaturas de mayor reclamo ciudadano, la corrupción en la administración de Roberto Borge, el Fiscal precisa que suman 18 denuncias contra ex funcionarios públicos, de la cuales hay cuatro del municipio de Solidaridad, una más de Isla Mujeres y otra más de Benito Juárez.

Estas denuncias no incluyen los despojos en Tulum, en los que están implicados ex funcionarios de la Secretaría del Trabajo, las juntas de Conciliación y Arbitraje y del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC).

Para estas investigaciones, revela, si bien no se creó una unidad especial en la FGE, si hay grupo que fue reforzado “con gente de mayor confianza”.

Y revela:

“Ya hay las primeras (denuncias) judicializadas y en las próximas semanas seguiremos judicializando todas aquellas que sean necesarias, para solicitar las órdenes de comparecencia o las ordenes de aprehensión”.

¿Ya hay órdenes de aprehensión?– pregunta el reportero.

“Ya solicitamos, ya solicitamos”, adelanta, aunque se reserva los nombres de los indiciados.

Leyes blandas contra corruptos

Sin embargo, acota que el Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé duras sanciones contra los servidores o ex servidores públicos corruptos.

Precisa que en el caso de “negligencia en el desempeño de la función”, la pena es de tres meses a seis años;  “abusos de autoridad” de dos a 10 años y peculado de uno a 10 años.

Pero además precisa que solo la nueva ley federal prevé privación de libertad oficiosamente en  “delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de de personas, delitos cometidos por medios violentos, como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la Ley de Seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud”.

Tras un traumático cambio de Fiscal, Pech Cen, que asumió el pasado 21 de diciembre de 2016, reconoce que la FGE padece rezagos “muy visibles en diferentes áreas”, pero que además tiene que atender “el día, día”.

“Hemos estado avanzado muy lentamente, no porque así lo queramos. Es indudable que tenemos algunos rezagos de investigación debido a múltiples factores, que no son justificantes, pero que es una realidad”, señala.

Al interior de la FGE, también ha encontrado irregularidades y ha iniciado procedimientos contra funcionarios, entre algunos que, sin ningún nombramiento, devengaban un salario.

“En mis tiempos los llamábamos ‘aviadores’, ahora les dicen asesores”, acota.

Sólo del 21 al 31 de diciembre, refiere, más de siete personas que ostentaban cargos de jefes de área sin trabajar, fueron dados de baja.

“Y continuamos poco a poco solicitando la renuncia de personas sin nombramiento o por participar en alguna situación ilícita”, agrega.

También señala que detectó que “durante 11 años, la Oficina Central de Recuperación de Vehículos no había devuelto ningún automóvil”.

“Después de 11 años, hemos devuelto, de enero a la fecha, 20 vehículos”, destaca.

Y revela:

“Se encontraban, se recuperaban, se aseguraban y se utilizaban de forma distinta”.

Generalmente, apunta, “se usaban también para los servicios de alguien”.

Pero, además, se suman las carencias en infraestructura, equipo y materiales.

“Carencias terribles”

Aunque anticipa que es “enemigo de dar las cifras”, por lo cual no puede cuantificar el monto de rezago en infraestructura y equipamiento, reconoce que la FGE enfrenta una “carencia terrible”.

El caso más emblemático es el edificio de Justcia Penal de la Vicefiscalía de la Zona Norte, en la que la anterior administración dejó la “estructura metálica solamente”, pero, además, el presupuesto para 2017 está cancelado por lo que se reanudaría hasta 2018.

Las carencias, alcanzan las  balas para las armas de elementos de la Policía Ministerial, por lo que el Fiscal espera que la Secretarías de Defensa Nacional, en lugar de tardar de 10 a 12 meses para dotar de municiones, pueda ser en cuatro o cinco meses.

Sin embargo, en días pasados, la FGE obtuvo 76 millones adicionales, que se aplicarán entre otros requerimientos, para edificación de “semefos” y equipamiento para servicios periciales.

Otras ‘herencias’, son los casos de violaciones a los derechos humanos en agravio de Héctor Casique, quien fue sometido a tortura, tras ser acusado de participar en una ejecución múltiple, y del periodista maya Pedro Canché.

Y acota que el próximo 30 se daría cumplimento a las recomendaciones del Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso de Héctor Casique.

Ataques al ‘Blue Parrot’ y a la Vicefiscalía

Por otra parte, indicó que hoy cuenta con la primeras conclusiones sobre el ataque al bar Blue Parrot.

Entre las causas, “inconformidades de algunas células delictivas porque se les impidió seguir actuando en el interior de este antro y que no se tomaran las medidas adecuadas en su momento”, precisa.

Pero, acota que se trataría de una célula de narcomenudistas a la que no le permitió entrar o “o puede ser que anteriormente vendía y la sacaron para meter a un nuevo grupo”.

Aunque aún faltan algunos detalles, como la “información de los dueños del lugar”, que radican en Inglaterra,  y el disco duro con las imágenes del interior del local, que están en poder de la PGR.

Sobre el ataque a la Vicefiscalía, Pech Cen no ofrece mayores avances con respecto a los que ya se conoce desde que ocurrió este atentado, en el que murió un agente de la Policía Ministerial.

El asunto está en manos de la PGR, señala, porque se configuran delitos del orden federal, como delincuencia organizada y relacionados a las armas de fuego,

Aunque apunta que la FGE tiene su propia investigación, por los delitos de homicidio, lesiones y daños.

Sin embargo, considera que debería de haber mayor colaboración de delegación de la PGR para esclarecer este ataque la Vicefiscalía.

“Mucho ayudaría compartir la información”, apunta.

Violencia

 Sobre la violencia, que ha derivado en casi medio centenar de ejecutados en estado el estado, incluidos 30 en Cancún, Pech Cen establece que sí ha habido detenidos”.

Apunta que el origen del problema tiene que ver con hay una disputa “de los grupos de la delincuencia organizada”.

Pero, además, señala que no se trata de un problema en particular de Cancún y la Riviera Maya, porque “también en otros lugares donde no existía, también la violencia ha llegado”.

Y agrega:

“En otros 13 estados también ocurre este escenario donde la delincuencia tuvo un incremento”.

Otro elemento, señala, es que los estados en donde hubo alternancia democrática, como el caso de Quintana Roo, “también hubo incrementos” en las ejecuciones.

Pero también acusa que no hay colaboración de testigos con los fiscales de homicidios, en los que incluso hay familiares de las víctimas.

“Falta de colaboración de familiares, de los vecinos para evitar ser inmiscuidos en este tipo de asuntos violentos. Quisiéramos que participen para aporten este tipo de información, pero no ha sido factible”. (Noticaribe)