Por Leslie Gordillo
CANCÚN, MX.- Como parte de los procesos de investigación que realiza de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se ha identificado el uso de credenciales de elector falsas, para el proceso de al menos 45 expedientes en los que se simularon actos jurídicos y que terminaron en el despojo indebido de propiedades, informó Catalina Portillo Navarro, titular de dicha instancia.
Es decir, que los trabajadores que presentaron las denuncias simplemente no existen y a los que se suma la participación de seis despachos de abogados y cuatro notarías, que ya están bajo investigación por las autoridades correspondientes, pues constituyen delitos federales.
“Tenemos un caso en particular para que vean la mala praxis que se llegó a hacer del derechos en estos juicios; de que se nos está diciendo que se regrese el dinero y hemos requerido al trabajador en el domicilio señalado, pero ya solicitamos al INE (Instituto Nacional Electoral) que nos de el domicilio actual de esa persona y nos contestaron que no existe ninguna credencial de elector a favor de dicho trabajador o dicha persona”, mencionó durante la presentación de la jornada de Caducidad.
De manera general, agregó, de estos 45 expedientes, unos 40 afectados ya han solicitado amparos directos o indirectos, desprendiéndose seis denuncias penales ante la Fiscalía del estado, de las cuales dos fueron ordenadas por el Tribunal Colegiado de Distrito y las otras cuatro por la Gestión Pública contra los cuatro ex presidentes de las Juntas de conciliación y arbitraje en el estado.
Aunque de momento no se tiene una cuantificación total y real de todo el daño causado por fraude, puesto que aún falta el avalúo real de los bienes inmuebles involucrados, en una primera instancia por laudos se calculan 50 millones de pesos. “Podríamos decir en cantidades líquidas, más no de bienes inmuebles, aclaro, podría abarcar a 50 millones de pesos”, indicó.
Respecto a la jornada de caducidad que durará seis meses, mencionó que su objetivo es abatir el rezago en las juntas conciliación y arbitraje de las demandas laborales por parte de los trabajadores y así dar continuidad a las denuncias realizadas.
Se calcula que son más de 40 mil juicios heredados de la administración anterior los que están pendientes, algunos con rezago de hasta 17 años, por lo que de momento están ya en revisión 4 mil 136 expedientes para conocer su estado legal. (Noticaribe)
