En forma muy abultada como mi propia publicación del día de hoy, los comentarios sobre la corrupción inundan prácticamente el entorno social y parece ser el tema preferido tanto de los tunde máquinas como de la ciudadanía en general que dan su opinión sin reservas aun en casos particulares.
Tenía que llegar este flagelo a niveles pavorosos para que la repulsa social encontrara un común denominador que los uniera en un solo objetivo: la condena casi unánime a este cáncer social y el castigo sin excepción a quienes se han servido con la cuchara grande en la esfera pública, aunque también los privados no dejan de tener cola que les pisen y algunos han hecho fortunas mayúsculas al calor de los gobiernos en turno o escondiendo gran parte de lo que deben tributar en los paraísos fiscales.
La verdad es que esta miasma no solo es propia de los políticos sino también de diversos actores sociales mientras, del lado contrario, los índices de la pobreza alcanzan niveles alarmantes en tanto desvían la mirada quienes deberían buscar alternativas de solución para esta deuda pendiente, inmersos también en el tsunami de corrupción que al parecer inunda a una gran mayoría de los países de América latina sin que esto sea una justificación. La sociedad demanda como nunca, asimismo, el fin de la impunidad para los malos ciudadanos que han hecho de los manejos turbios una subcultura de la infamia.
Este impermeable institucional ha protegido a verdaderos facinerosos desde tiempos inmemoriales; se dice que fueron los españoles los que trajeron este binomio aborrecible dado que las culturas precolombinas tenían castigos severísimos para los ladrones, no existiendo la impunidad para nadie aun tratándose de la nobleza y la clase sacerdotal quienes estaban obligados a predicar con el ejemplo.
Esta dupla siniestra adquiere certificado de naturalización desde los tiempos del virreinato y, en el México independiente, alcanza niveles inusitados con don Antonio López de Santana, el catorce veces presidente de la República, quien carga con el lastre histórico de haber perdido la mitad del territorio nacional en una guerra injusta librada contra el imperialismo norteamericano (¿lo sabrá Trump?) hasta que don Benito Juárez y los liberales de La Reforma le ponen un dique institucional a la corrupción en los tiempos de la república restaurada.
Pero este mal endémico vuelve por sus fueros con los llamados científicos en los tiempos de don Porfirio Díaz y después con los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, salvo el caso del general Lázaro Cárdenas del Rio que cerró los casinos propiedad del expresidente Abelardo L. Rodríguez y puso fin a los negocios poco claros de algunos personeros de la “Gran Familia Revolucionaria,” enderezando la nave nacional hacia una atmósfera de honestidad y de alto compromiso social.
La mayoría de los analistas políticos afirman que fue con Miguel Alemán Valdez cuando la corrupción llego a proporciones nunca vistas y cuando llegó a su máxima expresión la impunidad que pareció llegar a su fin durante el sexenio de don Adolfo Ruiz Cortines, un presidente probo y austero y con un alto sentido del quehacer político quien persiguió a varios funcionarios malandrines del Alemanismo, señalando al propio Mandatario saliente con el dedo índice durante su toma de posesión como presidente de México, lo que propició que el primer Presidente civil de la etapa post revolucionaria pusiera pies en polvorosa hacia el viejo continente regresando toda vez que Ruiz Cortines entregó el mando de la nación al carismático mexiquense don Adolfo López Mateos.
El joven político, recordado como el presidente más querido por el pueblo de México, controló los niveles de la alta corrupción como fue el caso sonado de un funcionario de apellido Merino en Pemex, sucediendo lo mismo durante los sexenios de Díaz Ordaz y Luis Echeverría etapa en que fueron encarcelados algunos funcionarios por serias desviaciones; desde luego que el flagelo sobrevivía, como se comprobó durante el gobierno del Lic. José López Portillo, siendo factor importante en la gran devaluación de los años ochenta que postró al país y abrió el camino para que los tecnócratas tomaran casi por asalto el poder.
También el epíteto de corrupto se utilizó como pretexto para deshacerse de figuras incomodas, deslealtades al sistema o como venganza política, como fue el caso del Ing. Eugenio Méndez Docurro quien fuera secretario de Comunicaciones y Trasportes durante el sexenio del Lic. Luis Echeverría, de quien desconozco que flauta tocó pero si el hecho que, a pesar de su comprobada probidad, fue acusado de corrupción y encarcelado, así como sucedió con el director de Pemex durante el sexenio del Lic. López Portillo, Jorge Díaz Serrano, quien caería acribillado por las acusaciones de mal ejercicio presupuestario, especialmente por la compra de barcos tanques para la paraestatal en donde se le acusó de recibir una jugosa comisión, no obstante haber sido el técnico más altamente calificado en la historia de la dirección de Petróleos Mexicanos y haber logrado su expansión a niveles insospechados y que el supuesto delito nunca se le comprobó.
Sus hondas diferencias con don Miguel de la Madrid con quien compitió por la candidatura del PRI a la presidencia de México, al parecer fueron suficientes para recluirlo en prisión durante un largo tiempo después de ser desaforado como senador de la República.
Si hacemos un comparativo con la corrupción de los últimos tiempos, cualquiera de los ex gobernadores o funcionarios de alto nivel a quienes se les ha comprobado el ejercicio de la corrupción en todas o en la mayoría de sus variantes, haría ver como un juego de niños las acusaciones formuladas en sexenios anteriores a la toma del poder de la tecnocracia desnacionalizada, salvo el caso de Miguel Alemán y su camarilla que fueron los paradigmas, los que iniciaron todo en gran escala, como apuntara hace algunas décadas el destacado poeta, escritor y periodista Jorge González Duran con quien comenté su magnífico articulo hace algunos ayeres.
Dos hechos históricos marcan la acentuación del negro panorama de la corrupción en México: el arribo al poder de los tecnócratas con sus fórmulas dictadas por el consenso de Washington, lo que trajo el desmantelamiento o venta de los activos de alto costo ampliamente redituables, construidos por los gobiernos progresistas emanados del partido en el poder, el Revolucionario Institucional.
La venta de garage de este patrimonio nacional benefició a las camarillas en turno que detentaban el poder, etapa en donde por primera vez aparecen los nombres de algunos mexicanos súper millonarios en la revista Forbes, publicación norteamericana de gran prestigio especializada en estos menesteres.
Por otro lado, el arribo del PAN a la presidencia de la República cuyos titulares dejaron sueltos a los gobernadores supuestamente para no tener problemas políticos especialmente con la coalición de gobernantes agrupados en la Conago, fue factor de la más alta importancia para el incremento de la corrupción. Libres del tutelaje político presidencial además de contar con extraordinarias partidas presupuestales adicionales y todo lo que significaba y no tener diques de contención en sus respectivos estados, la mayoría dio rienda suelta a su ambición a niveles increíbles contrayendo indebidamente deuda pública que no se reflejaba en obras y aumentando en forma desmedida el gasto corriente.
Los más, actuaron como auténticos virreyes sustentados en el autoritarismo como una forma de infundir temor para inhibir cualquier brote de inconformidad a sus conductas ilícitas y la persecución a sus enemigos con métodos inquisitoriales con el objetivo de neutralizar cualquier señalamiento a sus actividades rapiñosas y así con toda libertad efectuar sus latrocinios en “santa paz”.
Algunos alternaron el autoritarismo con la seducción política, configurándose en la realidad la vieja sentencia que señala “que hay pueblos que aman a sus verdugos”.
La corrupción galopante y la impunidad deben ser erradicadas “por motivos de salud pública,” utilizando una bien lograda frase del general Lázaro Cárdenas, pues además de impactar severamente la economía nacional está provocando un profundo malestar ciudadano que pudiera pasar de la condena estéril, por el escudo de impunidad que ha protegido a muchos saqueadores de los dineros del pueblo, a la violencia generalizada como último recurso y eso sería un detonador en cadena que nadie desea.
La percepción que tenemos es que el malestar colectivo sigue acumulándose por considerar insuficientes las detenciones y las medidas tomadas por el gobierno para combatir este flagelo.
Deberíamos consignar que la corrupción y la impunidad son el estiércol de los pueblos y donde lo tocas te embarras, dicho sea de manera coloquial y con todo respeto.
