Puerto Morelos está enclavado en la Riviera Maya, entre manglares, cenotes y lagunas, con una playa entre azul y verde esmeralda con poca profundidad. Un hotel, la mayoría ecológicos, puede costar entre mil 500 a siete mil pesos por noche. Apenas alcanza los 10 mil habitantes y la mayoría son ejidatarios dedicados a la pesca, al tráfico comercial marítimo y al turismo. Y fue este pequeño municipio, al norte de Quintana Roo, al que despojaron del 60% de su reserva territorial en operaciones fraudulentas orquestadas desde el gobierno estatal, documentó el portal Eje Central.

El expediente en poder de ejecentral revela que la apropiación irregular de tierras de alta plusvalía e interés comercial impactó a siete de los 11 municipios de Quintana Roo. Después de Puerto Morelos, el municipio de Solidaridad, donde se ubica Playa del Carmen y Puerto Aventuras, perdió el 52% de su reserva territorial, a consecuencia la operación de despojo que la red de funcionarios, empresarios y políticos, junto con sus familiares.

Dichos municipios fueron blanco de este tipo de operaciones, de acuerdo con la Secretaría de la Gestión Pública estatal. Benito Juárez (Cancún) sufrió el 36% de pérdida territorial; Cozumel el 23%; Tulum el 20% y Felipe Carrillo Puerto el 10 por ciento.

Este semanario buscó a los ex gobernadores Joaquín Hendricks Díaz y Félix González Canto para conocer su postura respecto a las investigaciones en su contra. Ninguno de los dos respondió directamente.

Sólo Hendrick Díaz, a través de su asesor Eduardo Sadot Morales, comentó que desconocía que existiera alguna indagatoria en su contra. “Sé que hay una investigación amplia en Quintana Roo, pero de esa información no conozco nada, no hay nada al respecto. A nombre del licenciado Hendricks le adelanto que hay la mejor disposición de contribuir, y aclarar cualquier investigación”.

Los rostros del despojo

El empresario poblano Enrique Hernández es una pieza fundamental en esta trama, pues a través de él se constituyeron empresas cuya actividad principal se concentró en los sectores inmobiliario y desarrollador de vivienda social y de lujo.

La operación se consuma de la siguiente forma: autoridades en Quintana Roo les otorgaron las facilidades no sólo para localizar, sino para legalizar y acreditar los títulos de propiedad, así como permisos ambientales. Luego de las asambleas, se compran acciones o se venden los derechos de títulos de propiedad, de los cuales se simula su alta en el Registro Público de la Propiedad del estado, por lo tanto, no aparecen formalmente; es decir, las instituciones sellan la documentación necesaria para que las escrituras tengan valor institucional sin estar registradas.

Durante por lo menos los últimos tres sexenios, señalan los documentos, funcionarios del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización (Inforvir), del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda estatal y el Registro Público de la Propiedad de cada municipio han participado en este esquema de apropiación de predios.

Por ejemplo, en los documentos a los que ejecentral tuvo acceso se muestra cómo la mayoría de los títulos de propiedad fueron otorgados por Claudia Romanillos Villanueva, directora del Instituto del Patrimonio Estatal de Quintana Roo en el sexenio de Roberto Borge, y su antecesora, Gina Patricia Ortiz, durante el sexenio de Félix González Canto.

También aparecen Santy Montemayor Castillo, actual diputada federal del Partido Verde Ecologista de México por el distrito III de Quintana Roo, y exdirectora del Instituto Municipal de Planeación del municipio de Benito Juárez; además de Sandra Mireya Bello Gutiérrez, nombrada delegada del IPAE en la isla de Cozumel por el gobernador Roberto Borge, el 16 de mayo de 2011.

Durante el gobierno de Borge, Claudia Romanillos fue la funcionaria más cercana al exgobernador dentro de la Tesorería General del estado y también en la Oficialía Mayor. En su gestión al frente del IPAE vendió, de acuerdo a documentos que forman parte de las pesquisas, las reservas territoriales en los siete municipios.

En todas las operaciones de trasferencia de propiedad, sostiene un informe, medió la autorización de Mauricio Rodríguez Marrufo, actual secretario del ayuntamiento de Benito Juárez, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Quintana Roo durante el sexenio de Borge.

 Traiciones en el paraíso 

Parte del entramado de esta red se ha logrado conocer gracias a que sus propios integrantes comenzaron a pelearse entre ellos, a través de juicios que han evidenciado las operaciones que les permitieron comprar predios casi a precio de remate y revenderlos a precios millonarios.

Entre finales de 2006 y hasta 2008, los socios de Comercializadora Ronac, una de las empresas con más actividad para la compra presuntamente fraudulenta de terrenos a precios subsidiados, bajo el amparo de los gobiernos estatales y municipales, se enfrentaron en un juicio por el manejo de la sociedad anónima.

De acuerdo el expediente del citado litigio, el pleito comenzó en octubre de 2006, con una denuncia por fraude que alegó Rafael Eduardo Comparán de León, entonces socio con 25% de las acciones de Comercializadora Ronac, en contra de sus socios Rodolfo Rosas Moya y Raúl Rubén Xacur Gómez, este último el accionista mayoritario de la empresa.

En la averiguación previa 3021/35ª/2006 también quedó asentada una denuncia por “la venta de bienes inmuebles propiedad de la empresa haciendo parecer en los contratos de compraventa montos muy por debajo del valor real de las operaciones”, esos montos, acusaba Comparán de León, eran depositados en cuentas personales de Rosas Moya y de Xacur Gómez, bajo el mismo modus operandi que aplicaban para apropiarse de terrenos estatales y municipales. Se refiere a una serie de terrenos valuados en casi 100 millones de dólares.

En esa operación los empresarios contaron con la aparente complicidad del presidente municipal de Solidaridad, Gabriel Mendicuti Loria, de Joaquín

Hendricks y Garibay Osorio. El fraude consistió en comprar al municipio casi 600 hectáreas a un costo subsidiado de 11 pesos por metro cuadrado, a sabiendas de que Comercializadora Ronac ya contaba con un comprador privado que pagaría cinco mil pesos por cada metro cuadrado de esos mismos terrenos.

La denuncia fue desechada por el director de Averiguaciones Previas, Friedman Jesús Peniche Rivero, quien consideró que los socios no habían incurrido en algún delito, pero se pidió la revisión del caso.

El Congreso de Quintana Roo dictaminará si procede el juicio político contra Roberto Borge y sus cómplices. Uno de los encargados de realizar la votación es el hijo del exgobernador, Mario Villanueva, Carlos Mario Villanueva Tenorio, diputado del partido Encuentro Social. (Fuente: Eje Central)