Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ante el número de asesinatos que se han registrado en los Estados de la República Mexicana, y de manera reciente el pasado lunes del periodista Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, y Sonia Córdova en Jalisco, reporteros, fotógrafos y trabajadores de los diferentes medios de comunicación digital realizaron una manifestación frente a la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHQROO) como institución garante de los derechos ciudadanos para mostrar la indignación y condena de hechos tan lamentables.

Explicaron los trabajadores de los diferentes medios de comunicación que si bien la Procuraduría General de la República cuenta con una instancia encargada de investigar las denuncias presentadas por los asesinatos de periodistas y las agresiones y actos de intimidación, es la CDHQROO la instancia responsable de velar por las garantías ciudadanas contempladas en la Constitución y emitir, en su caso, los exhortos y recomendaciones para garantizar el respeto a la libertad de expresión y la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación.

A través de un escrito dirigido al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raul González Pérez exigieron todo el respeto y protección de las libertades consagradas en la Carta Magna y en las Constituciones de los Estados. (Noticaribe)

CARTA DE PERIODISTAS EN CHETUMAL

Lic. Luis Raúl González Pérez

Presidente de la Comisión

Nacional de Derechos Humanos

P r e s e n t e

Quienes en Quintana Roo ejercemos el periodismo y sus diversos géneros, ante el reciente asesinato

del compañero Javier Valdez en Culiacán y

de la compañera Sonia Córdoba, sub Directora

de un semanario de Autlán de Moreno, Jalisco, y su hijo

manifestamos nuestra indignación y condena por hechos tan lamentables.

Estos aberrantes sucesos se suman al robo, golpes y amenazas que sufrieron, en días previos, siete periodistas nacionales e internacionales de diferentes medios en Guerrero, cuando cubrían uno de los eventos violentos que aquejan ese estado.

Exigimos de conformidad con lo estipulado en marzo del año en curso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se acate lo dictaminado: todos los delitos contra los periodistas deben enviarse a los tribunales federales, para que estos crímenes y sucesos sean atraídos por dichas autoridades y esclarecidos de forma satisfactoria, rápida y expedita, tanto para quienes nos sentimos vulnerables por ejercer el periodismo, que vivimos de forma honesta y responsable,  como para el conjunto de la ciudadanía que también se ve inmersa en situaciones de alto riesgo para su integridad física, patrimonial e incluso de residencia.

Sabemos que la determinación de la SCJN no es vinculante y solo aplica para delitos nuevos (The New York Times, abril de 2017), ante lo cual reiteramos esta solicitud con carácter URGENTE.

Asimismo, en virtud de la situación de violencia e impunidad por la que se atraviesa en nuestro país, pedimos que la CNDH cumpla con la obligatoriedad de vigilar la salvaguarda de las garantías individuales y el respeto de nuestros derechos humanos y emita los exhortos necesarios para que nos sean otorgadas medidas de protección concretas e inmediatas para periodistas en Quintana Roo.

La administración del presidente Enrique Peña Nieto inició con 330 ataques y amenazas contra periodistas y sus diferentes modalidades para presionar y/o acotar y/o censurar la libertad de expresión.

Quintana Roo no ha sido ajena a esta situación en la que, en los últimos meses, se ha transitado desde la amenaza de demandas civil de difamación, pasando por amenazas vía telefónica, correo o correo electrónico, requisa de ejemplares de publicaciones, detención arbitraria de periodistas por parte de la policía, entre otras.

Por otra parte también quienes ejercemos la actividad periodística nos encontramos en riesgo debido a las actitudes exacerbadas de matones de carteles del narcotráfico molestos por una cobertura audaz en su contra, o conductas extra legales de funcionarios públicos que quieren silenciar a los críticos, así como violencia arbitraria.

En los casi seis años del actual gobierno federal se puede obtener información de más de 800 casos graves de acoso, ataques u homicidios contra periodistas, de entre los cuales solo han sido emitidas dos sentencias por la fiscalía creada especialmente para investigar delitos contra la libertad de expresión.

Y que en ocasiones se ha considerado que los delitos contra los periodistas no son ataques a la libertad de expresión, lo cual quiere decir que no ameritan la participación del gobierno federal

En el marco de la presente exposición de motivos para nuestra solicitud, se puede asegurar que el periodismo nacional está ante un ESTADO DE EMERGENCIA.

No dejemos que nuestra libertad civil y de expresión, así como el ejercicio del periodismo claudique ante las adversidades,

EXIJIMOS TODOS EL RESPETO Y PROTECCION DE NUESTRAS LIBERTADES CONSAGRADAS EN LA CARTA MAGNA Y EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS.